Opinión
Las lecciones de los desahucios en Argumosa, 11

El pasado viernes 23 de febrero se desahució a cuatro familias en Argumosa, 11 con una violencia que hacía mucho que no se veía en las acciones por el derecho a la vivienda. Los costes humanos fueron graves: Pepi, Rosi, Juani y Mayra han perdido sus casas por no poder hacer frente a subidas del alquiler del 300%. Además, seis personas que defendían pacíficamente a las vecinas fueron detenidas y, sobre ellas, pesan cargos por desobediencia grave y resistencia a la autoridad. Pero más allá de los hechos graves ocurridos allí, lo significativo del proceso de Argumosa deja algunas lecciones sobre el momento político general y el papel que ha de jugar en él el movimiento por el derecho a la vivienda.

En el último año, el edificio de Argumosa, 11 se había convertido en el buque insignia del movimiento de la vivienda, con hasta trece desahucios parados

En el último año, el edificio de Argumosa, 11 se había convertido en el buque insignia del movimiento de la vivienda, con hasta trece desahucios parados. En este tiempo, las vecinas se han convertido en un ejemplo clave de lucha contra las operaciones especulativas y de gentrificación que asolan barrios como el de Lavapiés. Y no lo han hecho solas, se han apoyado en una red extensa de activistas, colectivos y otras personas afectadas, organizadas en torno a la asamblea de bloques de Lavapiés, que en cada orden de desahucio han acudido con diligencia a la puerta de estas familias para evitar lo que finalmente ha sido inevitable: que las echaran.

La movilización en torno al bloque de Argumosa ha permitido coordinar un espacio de resistencia contra la actividad de los fondos buitre y conformar, aunque de manera incipiente, un nuevo sujeto político: los bloques en lucha. Por esta razón, la violenta actuación del viernes no buscaba únicamente echar a estas familias de su casa, se quería además dar un golpe ejemplarizante a los colectivos de lucha por la vivienda y mermar las protestas contra los grandes fondos de inversión que han adquirido protagonismo en los últimos tiempos, de ahí la violencia desorbitada que emplearon.

Las tres órdenes de desahucio para las vecinas de Lavapiés llegaron en las 48 horas previas a su ejecución, sin dejarles margen de maniobra para organizarse. Una de ellas, Juani, se enteró a las 19h de la tarde anterior. Los autos, que contravenían las exigencias de Naciones Unidas, provenían de tres juzgados diferentes; sin embargo, eran idénticos: mismo día, misma hora, mismo texto en los tres. Desde luego, aunque tendrá que investigarse con más detalle, existen indicios de algún tipo coordinación dentro de las instancias judiciales para finalizar este asunto a favor de la propiedad, Proindivisos, y de sus intereses avariciosos.

El Gobierno de Sánchez no solo no intervino en esta ocasión, sino que apenas unas semanas antes se negó a elaborar un decreto de vivienda realmente efectivo

Pero hubo más. Las órdenes de desahucio advertían al delegado del Gobierno de Madrid de que su intromisión en las acciones de la policía podría acarrear medidas legales y desde luego no hubo por parte de las instancias políticas voluntad alguna de defender a las inquilinas y evitar la brutal represión que se produjo. El Gobierno de Sánchez no solo no intervino en esta ocasión, sino que apenas unas semanas antes se negó a elaborar un decreto de vivienda realmente efectivo. La CAM, por su parte, ha rechazado la Ley de Vivienda de la PAH y sigue manteniendo pisos vacíos en Madrid a pesar de las exigencias del movimiento y el Ayuntamiento de la capital solo ha mostrado dejadez de funciones.

El Gobierno de Manuela Carmena siempre ha estado en el punto de mira de las movilizaciones de la calle Argumosa, pero la inoperancia del ejecutivo del cambio ha rozado lo inaudito y ha hecho oídos sordos ante las demandas que pedían la expropiación del bloque, una de las medidas dentro de sus competencias que podría haber evitado los desalojos forzosos.

A pesar de que el programa electoral de su candidatura incluía propuestas contundentes contra los desahucios, Carmena ha dado la espalda a las vecinas y en uno de los momentos más definitivos de su legislatura ha decidido tomar posición a favor de los intereses de Estado y del afán especulativo de la propiedad. La alcaldesa hizo palpable su desdén por el caso de Argumosa en unas declaraciones realizadas después del desalojo en las que elude el tema con vaguedades (“esperemos que no vuelvan a ocurrir desahucios con estas características”, dijo) y pidió a los periodistas hablar de “cosas de carnaval que la sorprendieran”.

La alcaldesa de Madrid parece sentirse más cómoda situando como eje de su gestión política lo cuqui y las magdalenas

Definitivamente, la alcaldesa de Madrid parece sentirse más cómoda situando como eje de su gestión política lo cuqui y las magdalenas. En el mismo momento en que se está produciendo la derechización del espectro parlamentario y del discurso, las fuerzas políticas progresistas, incluido el ayuntamiento del cambio, han iniciado una vía de retroceso de dudoso retorno, mostrando una notable debilidad a la hora de defender a las vecinas inquilinas y sucumbiendo a los deseos del poder financiero y la lógica del gobernismo.

A la triada formada por las administraciones, la justicia y la propiedad hay que añadir un cuarto elemento: los medios de comunicación. Casualmente, OkDiario publicó el día 19 de febrero (dos días antes de que se conocieran las órdenes de desahucio) una información que acusaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez, de destinar pocos medios para hacer efectivos los desalojos y de que esto “empieza a cansar a la sede judicial”. Todo el aparato estatal, financiero y mediático a una para doblegar a las vecinas y vecinos.

Si algo nos enseña lo ocurrido en Argumosa, 11 es que el conflicto de la vivienda es un conflicto de clase. La mañana del viernes fue uno de esos momentos en que se caen todas las máscaras y una puede ver con claridad lo que se juega. El bloque organizado que expulsó a las vecinas de Lavapiés, compuesto por instancias parlamentarias, económicas y judiciales, se coordinó en perfecta armonía para velar por el interés de una clase concreta, la clase propietaria, y esto debería marcar una hoja de ruta al movimiento por la vivienda.

El conflicto existente es el síntoma de la contradicción fundamental entre el capital y la vida y el movimiento de vivienda

Frente a la estrategia que reduce la lucha por una casa digna a una lucha meramente legalista, surge ahora la necesidad de reforzar otros ejes de acción y convertir a los colectivos de la vivienda en espacios donde se concreten y defiendan los intereses de otra clase, la no propietaria. No se trata de elegir entre una vía u otra, ambas, la que apuesta por lo legalista y la que refuerza la noción de clase, son necesarias, pero han de equilibrarse. Poner todas las fuerzas organizativas en lo legal: en pedir leyes, decretos y reuniones con los representantes públicos nos sitúa a los colectivos sociales en una posición de clara desventaja y debilidad.

En la mañana en la que se estaban ejecutando los desahucios se dio un momento mediático significativo. Un programa de televisión ofreció en directo un careo entre la propiedad, representada por uno de los Aguado, y las vecinas, presentándolos como si fueran dos partes litigantes defendiendo intereses legítimos. El movimiento por la vivienda ha de ser férreo en este asunto y visibilizar con contundencia que los intereses enfrentados no son meramente legales, sino intereses de clase antagónicos entre una propiedad que quiere lucrarse a base de especular con la vivienda y las vecinas, que defienden el derecho a acceder a una casa digna. Este antagonismo no puede resolverse por la vía del decreto, aunque las reformas legislativas, efectivamente, puedan ayudar a paliar las necesidades más inmediatas. El conflicto existente es el síntoma de la contradicción fundamental entre el capital y la vida y el movimiento de vivienda, en sinergia con otros movimientos como el feminista, debería establecer su repertorio de acciones en torno a este eje.