Comunidad de Madrid
Los sindicatos de docentes recelan de Díaz Ayuso y no retiran la huelga educativa

Si la aprueban las bases sindicales, la huelga educativa pasaría a los días 22 y 23 de septiembre y queda condicionada al cumplimiento de las medidas anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Sindicato de Estudiantes convoca también tres jornadas de huelga para pedir una vuelta segura a las aulas.

26 ago 2020 16:56

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ossorio, consejero de Educación, no han conseguido dividir a los cuatro sindicatos que, desde mediados de agosto, han planteado una huelga educativa para reivindicar una “vuelta al cole” segura para profesorado y alumnado. Las respuestas a la batería de anuncios de Díaz Ayuso y Ossorio por parte de Comisiones Obreras, UGT, STEM y CGT coinciden casi punto por punto. Critican que los planes de adaptación a la situación sanitaria se están haciendo deprisa y corriendo y que las contrataciones prometidas y la ampliación de espacios para la docencia son, de momento, solo anuncios. 

En una reunión celebrada hoy, 26 de agosto, por los cuatro sindicatos convocantes de la huelga se ha llegado al acuerdo de mantener el carácter unitario de la intersindical y “coger con pinzas” los anuncios de Díaz Ayuso, indica Rafael Valentín, miembro de la sección de Enseñanza de CGT. El acuerdo es dar 15 días a la Consejería para la puesta en marcha de los nuevos espacios de docencia, para la adaptación a las medidas sanitarias y la contratación, pero se mantiene encima de la mesa la convocatoria de huelga aunque esta, previa consulta a las bases, se trasladaría en el tiempo. Los días de huelga anunciados para el 8 y 9 de septiembre se convocarán el 22 y el 23 de septiembre “si la Comunidad de Madrid no pone en marcha todo lo que ha prometido”.

Educación
Amenaza de huelga educativa en Madrid

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Los sindicatos, no obstante, celebran en un comunicado conjunto que ha sido la presión por parte de la intersindical y la convocatoria de huelga lo que ha hecho recular al Gobierno autonómico tras más de dos meses sin un plan para el inicio del curso. “La valoración es que si no hubiera huelga no habría plan”, sintetiza Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de CC OO.

En el centro de las reivindicaciones está la bajada de ratios de alumnado por aulas, una vieja exigencia del cuerpo docente que, según el anuncio de Díaz Ayuso, debe quedar entre 20 y 23 alumnos por clase. “Lo que queremos es volver a nuestros trabajos sin que eso suponga levantarse asustado y pensar que vas a tener un accidente laboral, que es lo que nos están pidiendo”, resume Rafael Valentín. Los sindicatos han reclamado una vuelta con presencialidad completa para lo que son necesarias medidas sanitarias y de seguridad que solo a última hora el Gobierno autonómico parece querer asumir.

Las cuentas, no obstante, no salen: de las 11.000 plazas anunciadas en rueda de prensa por la presidenta autonómica se deben descontar entre 600 y 800 de personal interino que causa baja al final del curso y más de 2.000 que irán a parar a la educación concertada. La cifra restante, de menos de 8.000, debe distribuirse en centros de infantil, primaria y secundaria, lo que limitaría a dos o tres el número de nuevas personas docentes por centro, una cifra insuficiente para la reducción de ratios prometida. 

“De cero a 7.498 es un avance pero no estamos en el número necesario”, resume Galvín, para quien es imprescindible saber cuándo los van a contratar. Con esta contratación, critica el sindicato UGT, “es imposible cubrir la presencialidad completa de todas las etapas y niveles”.

Además, el profesorado ha mostrado sus dudas también respecto a que las 7.498 contrataciones aprobadas se den a tiempo. El consejero Ossorio anunció que la contratación se produciría “según las necesidades”. Los sindicatos reclaman que las contrataciones se produzcan inmediatamente. Recuerdan que el curso comienza en apenas una semana y dudan que dé tiempo a incorporar tanto al nuevo profesorado como a adecuar los espacios que se deben habilitar para permitir mayor distancia de seguridad y cubrir más grupos menos numerosos. En secundaria, advierten, no hay una bolsa para contrataciones urgentes, lo que dificulta el proceso de incorporación exprés que tiene que tener lugar en menos de dos semanas. 

Educación
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Cámaras en clase

Varios de los anuncios emitidos ayer por Díaz Ayuso han generado controversia entre los sindicatos del profesorado. Uno es la instalación de 6.000 cámaras en las aulas para su posible uso en modalidad semipresencial. “Lo cierto es que hay regulación de derechos de imagen y protección a la imagen que se debe atender antes de hacer estos anuncios”, explica Galvín. Más rotundo, Rafael Valentín tacha de despropósito la medida: “Las plataformas virtuales son válidas, es innegable, hemos trabajado desde casa en el estado de alarma, pero esto pueden conseguir que muchos docentes se autocensuren”.

La rueda de prensa tampoco aportó más información sobre los “responsables covid” de cada centro. No se sabe si serán sanitarios, como reclaman los sindicatos, y en ese caso se necesitarán más contrataciones, o si se pretende que la labor de enlace entre sanidad y los centros la ejerza alguien sin esa formación. Se echa de menos también información sobre las medidas para atender a profesorado y alumnado vulnerable y con necesidades especiales. 

El profesorado mantiene un intenso nivel de debate en espacios compartidos con federaciones vecinales y asociaciones de madres y padres como la Plataforma Regional Escuela Pública de Madrid y la Asamblea Marea Verde. Esta asamblea ha convocado una jornada de protestas presencial del próximo 5 de septiembre, que se realizará con distancia y medidas de seguridad.

Por su parte, el Sindicato de Estudiantes ha anunciado hoy la convocatoria de tres jornadas de huelga a nivel estatal, los días 16, 17 y 18 de septiembre. Acusa al Ministerio de Educación, dirigido por Isabel Celáa de ponerse de perfil ante las negligencias y los retrasos de las Comunidades.

En la víspera de la reunión del Ministerio y las consejerías autonómicas para coordinar las medidas de inicio de curso, Rafael Valentín coincide en señalar que si Educación “ve que una comunidad autónoma no está protegiendo el derecho a la Educación debe actuar”. Sin embargo, concluye este sindicalista, “el Ministerio no se ha pronunciado en ningún sentido; ha primado el mercado frente a la salud y la educación”.

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