El 'Green New Deal' pierde su primera batalla en Washington

Al final no ha habido grandes sorpresas en las elecciones legislativas estadounidenses, las midterms, del pasado martes. La esperada marea azul Demócrata se quedó más bien en marejadilla y, aunque recuperan la Casa de Representantes, el Senado sigue en manos Republicanas. Peor aún ha ido la cosa en lo que respecta al cambio climático. A excepción quizás de la confirmación de Ocasio-Cortez, la nueva estrella de la izquierda sanderista, y de que los Demócratas recuperan el Comité de Ciencia de manos de un negacionista del cambio climático, no ha habido nada parecido a una “marea verde” en ninguna de las dos cámaras del Congreso.

Pero quizás lo más importante es que en aquellos estados donde se han votado iniciativas de democracia directa, el movimiento por el clima se ha estrellado contra el dinero del lobby fósil. Estas iniciativas son mecanismos legislativos populares que, de conseguir las firmas suficientes, permiten aprobar leyes directamente en las urnas, por ejemplo, aprovechando estas midterms. Sin duda, la peor derrota del movimiento del clima en Estados Unidos ha sido que el estado de Washington ha votado no por un 56 a un 44% la iniciativa 1631, que proponía aplicar una tasa a las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Empezando en 15 dólares por tonelada emitida a partir de 2020, aumentaría 2 dóle al año hasta lograr los objetivos de reducción de emisiones del estado.

La peor derrota del movimiento del clima en Estados Unidos ha sido que el estado de Washington ha votado no por un 56 a un 44% la iniciativa 1631

Siendo realistas, era una tasa muy baja e insuficiente. Por hacernos una idea, el Acuerdo de París de 2015 estableció los 2ºC por encima de la temperatura preindustrial como un límite seguro (intentado de hecho, no sobrepasar los 1.5ºC) o, mejor dicho, un límite con costes asumibles para la mayoría de países desarrollados, que no del Sur global. Para ello se ha estimado que harían falta unos 100-200 dólares por tonelada de CO2. El reciente premio Nobel William Nordhaus ha estimado que con un precio de 30 dólares por tonelada, por encima de lo establecido en la I-1631, alcanzaríamos en 2100 unos 3.5ºC por encima de la temperatura preindustrial, una auténtica catástrofe climática.

La importancia I-1631 radica en que, por un lado, seguía la estrategia de contrarrestar a nivel estatal las nefastas políticas ambientales de la administración Trump a nivel nacional y por otro, era el primer ejemplo de un marco político que está cogiendo fuerza en la izquierda del Partido Demócrata y en el movimiento por el clima estadounidense: el Green New Deal.

El New Deal fue la política de inversión pública y regulaciones que aplicó Franklin Delano Roosevelt en los años 30 para salir de la Gran Depresión. Más allá de su efectividad, en Estados Unidos es el gran paradigma de discurso que consiguió articular, quizás por última vez, a las fuerzas populares y progresistas. Siguiendo esta idea, y sobre todo desde que Alexandria Ocasio-Cortez ganó las primarias en Nueva York, la idea de un Green New Deal está consiguiendo imponerse como la estrategia clave a nivel institucional, como, por ejemplo, el movimiento por la desinversión lo está siendo a nivel de los movimientos.

La idea central del Green New Deal es romper con el marco que opone el medio ambiente al buen funcionamiento de la economía y a la creación de empleo

La idea central del Green New Deal es romper con el marco que opone el medio ambiente al buen funcionamiento de la economía y, más concretamente, a la creación de empleo, que tan bien funciona a nivel político para frenar las iniciativas ecologistas. Crear empleos verdes gracias a una descarbonización que impulse la justicia social es el círculo virtuoso que el movimiento por el clima pretende colocar en el centro de la agenda política. Y según algunos análisis podría contar cada vez con un mayor apoyo demoscópico.

Frente al consenso neoliberal de que la mejor manera de descarbonizar es a través de señales de mercado, para lo cual los 15 dólares por tonelada de la I-1631 serían más bien una lucecita en la oscuridad, esta iniciativa estaba diseñada ante todo como una política de inversión verde: el dinero recaudado, unos mil millones de dólares al año, hubiese ido a financiar proyectos de transición energética y ecológica socialmente justos. Un 70% tenía que ir a inversiones en “energías limpias”, del que un 15% debería ir específicamente a ayudar a los hogares más pobres, y un 2% a financiar que los trabajadores de industrias fósiles pasasen a empleos verdes. Un 25% hubiese ido a destinado a aumentar la resiliencia de los ecosistemas del estado frente al cambio climático y el 5% restante incentivaría programas educativos sobre cambio climático o ayudas a las comunidades nativo-americanas.

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Con motivo del borrador de Plan Nacional de Energía y Clima que el Gobierno tiene que presentar a final de año, las principales organizaciones ecologistas del Estado presentan la batería de medidas indispensables que el Ejecutivo debería tomar  si quiere poner su granito de arena para que la temperatura del planeta no aumente por encima de los 1,5ºC.

Sin embargo, la I-1631 ha sido derrotada claramente en las urnas. Y no ha sido la única: la Proposición 127 de Arizona, que obligaba a que las energéticas del estado proporcionasen a sus clientes un 50% de energía de origen renovable en 2050, así como la Proposición 112 en Colorado, que, por motivos principalmente de salud y no climáticos, pretendía limitar severamente las zonas en las que se pueden situar prospecciones petroleras y gasísticas, han sido derrotadas claramente.

En los tres casos, el motivo principal ha sido claro. El lobby fósil, capitaneado por las empresas petrolíferas, ha invertido cantidades inmensas de dinero para financiar las campañas contrarias a dichas iniciativas. El no a la I-1631 de Washington recaudó 31 millones de dólares, frente a 12 del sí, procedentes principalmente de empresas como BP, Chevron o Phillips 66. En Colorado, la industria petrolífera ha gastado la 44 millones de dólares contra la P-127, mientras que los organizadores no han llegado ni al primer millón. En Arizona, incluso los 18 millones aportados por el multimillonario y filántropo Tom Seyers han sido insuficientes frente a los 22 que ha puesto sobre la urnas la empresa eléctrica APS.

El no a la I-1631 de Washington recaudó 31 millones de dólares, frente a 12 del sí, procedentes principalmente de empresas como BP, Chevron o Phillips 66

Es significativo que incluso frente a iniciativas tibias, claramente insuficientes respecto a las medidas que serían necesarias para evitar el caos climático, las empresas petroleras hayan invertido sumas de dinero prácticamente inalcanzables para cualquier campaña Lo que no es es sorprendente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Exxon ha ingresado 6.000 millones de dólares en el tercer cuatrimestre de 2018 o que, a pesar de conocer los efectos que para el planeta tiene su modelo de negocio desde hace dos o tres décadas, no han dejado de financiar grupos negacionistas.

La derrota de estas iniciativas son un duro golpe para el movimiento climático estadounidense, pero su lucha continúa. El cambio climático es la mayor amenaza de las próximas décadas para las clases populares que habitan este planeta y, por eso, cada molécula de dióxido de carbono que no se emite cuenta. A pesar de su derrota, la I-1631 deja una importante lección para los movimientos por el clima en cualquier parte del mundo. Si ha podido plantear una iniciativa centrada en invertir en una transición ecológica socialmente justa ha sido posible gracias a que tras ella se han conseguido unir de abajo a arriba numerosos y diversos movimientos sociales progresistas del estado de Washington. No sólo ecologistas, sino también sindicalistas, activistas afroamericanos, nativos americanos, activistas por la salud pública e incluso empresarios pro-renovables. Lograr cuanto antes una descarbonización de la economía que favorezca a la inmensa mayoría pasa por articular un movimiento por el clima amplio y transversal que ponga el cambio climático en centro de la agenda política obligando a grandes empresas e instituciones a tomar las medidas necesarias de forma radical e inmediata.

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