Crisis climática
Del cabrero español al pescador polinesio: 30 millones de desplazamientos climáticos en 2020

Álvaro García Río-Miranda era pastor en la sierra de Gata. Los incendios que asolaron esta zona fronteriza entre Cáceres, Salamanca y Portugal en 2015, amplificados por una ola de calor, arrasaron no solo 8.200 hectáreas —el 6% de la comarca extremeña homónima—, también acabaron con la forma de vida de muchas personas, entre ellas la suya. Perdió su rebaño de cabras en las llamas y también el suelo donde poder realizar su actividad. Cinco años más tarde contaba su experiencia a los medios de comunicación: aún se dedica a lo mismo, pero tuvo que migrar varios años a otros lares como Francia y Suiza.

Entre aquel incendio y el de Sierra Bermeja del pasado septiembre se han recrudecido los fenómenos climáticos extremos, provocados o amplificados por una emergencia climática creciente, tal como la comunidad científica no ha parado de alertar. Si en el de la Sierra de Gata ardieron 8.000 hectáreas, en Sierra Bermeja fueron 10.000 —con 3.000 desalojos—. En este último se popularizó además el concepto de “incendio de sexta generación”, un fenómeno más virulento, capaz de provocar su propia meteorología y directamente relacionado con la crisis climática.

El fenómeno de las migraciones climáticas es creciente, global y, como destaca Javier Raboso, responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz en Greenpeace, “no existe ninguna región del planeta que esté a salvo”. Lo ejemplifica el hecho de que cinco de los 20 incendios forestales más grandes registrados en una región tan rica como California tuvieron lugar en 2020. Solo en ese año Estados Unidos registró un millón de desplazamientos, según los datos del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés).

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Migración

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Frente al discurso del miedo, Felipe Pérez explica cuál es la situación legal de las personas desplazadas forzosamente por la crisis climática, apuntando a la responsabilidad del norte global y las grandes empresas contaminantes.

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En la otra punta del mundo, en el archipiélago melanesio de Vanuatu, a 200 kilómetros al oeste de Australia, el Gobierno ha desarrollado toda una serie de políticas nacionales sobre cambio climático y desplazamientos dado el aumento del nivel del mar y el incremento de la periodicidad y virulencia de tormentas y ciclones, así como la acidificación y salinización de sus acuíferos y el aumento de inundaciones. Allí el concepto migración climática es un hecho diario y nadie duda del causante: la crisis climática, creada a su vez por el ser humano.

Fenómeno creciente

Este 6 de octubre la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Greenpeace presentaban su informe conjunto Huir del clima. Cómo influye la crisis climática en las migraciones humanas. Poniendo sobre la mesa los cálculos hechos por organizaciones como el IDMC, que cifran en 30,7 millones los desplazamientos que tuvieron lugar en 2020 vinculados a fenómenos meteorológicos y climáticos, las dos organizaciones han analizado un fenómeno que, tal como ha destacado la directora de Greenpeace España, Eva Saldaña, “no sucede solo del sur global al norte global”. De hecho, los datos que manejan señalan que el 90% de las migraciones climáticas son internas, suceden en el interior de los países. “Basta que una zona esté inundada o que haya una serie de sequías recurrentes para que una persona tenga que desplazarse a otro lugar. Es algo que va a ocurrir cada vez con más intensidad y no está tan lejos como pensamos”, apuntaba.

La secretaria general de CEAR denunciaba que los gobiernos, incluido el español, “llegan tarde” y remarcaba que “hay que abordar este asunto con prioridad y, lamentablemente, este asunto en estos momentos no es una prioridad de los líderes mundiales ni de nuestro país”.

Falta de textos vinculantes

Una de los principales retos en lo relativo a las protección de los migrantes climáticos es, como expone Nuria Díaz, coordinadora estatal de Incidencia y Participación social de CEAR, “la escasez de textos jurídicos vinculantes que obliguen a los Estados a proteger a las personas que migran por motivos climáticos”, ya sean desplazamientos dentro de las fronteras de un país o cruzándolas.

La Convención de Ginebra de 1951, si bien fue ideada para una protección de refugiados en otros supuestos, podría servir de marco para los migrantes climáticos “a través de una interpretación amplia e inclusiva”, apunta Díaz. No obstante, tal como recuerda Raboso, el último informe mundial sobre el desplazamiento interno 2020 del IDMC afirma que de los 40 millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de un mismo país el año pasado “una tercera parte están relacionados con fenómenos meteorológicos y climáticos”.

Si bien a nivel regional hay textos que sí hacen mención explícita a los refugiados climáticos, como es el caso de la Convención de la Unión Africana para la protección y la asistencia de los desplazados internos en África (la Convención de Kampala), es en Europa donde se está jugando actualmente una batalla crucial en ese sentido: las negociaciones sobre el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y asilo.

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Las migraciones climáticas son una pieza más en el dominó del desplazamiento forzoso y la crisis del derecho al asilo.

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“A pesar de que se declaró la emergencia climática en 2019, han sido muy pocos los avances relativos a las migraciones climáticas”, ha apuntado la coordinadora de Incidencia y Participación social de CEAR. “Un ejemplo de ello es el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, donde no se hace una mención expresa a las personas que migran por motivos climáticos en los textos con los que se está negociando”. 

En ese sentido, Estrella Galán ha calificado de urgente y necesario el establecimiento de vías legales y seguras en casos de movilidad humana forzada, “abordando con medidas concretas los casos relativos a las migraciones climáticas, a cuyas personas afectadas se les debería conceder una autorización de permanencia por razones humanitarias y reconocer su condición de refugiadas en nuestro país”. 

Objetivo insuficiente

Con el fin de mitigar las consecuencias de la emergencia climática, CEAR y Greenpeace han exigido al Gobierno español que aumente su ambición climática e incremente sus objetivos de reducción de emisiones para el años 2030, que a día de hoy son del 23%, muy lejos de la petición de la comunidad científica, que plantea la neceidad de que sea de al menos un 55%.

Precisamente, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón han denunciado al Gobierno ante el Tribunal Supremo por falta de ambición en la lucha contra la emergencia climática y no atender a sus compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones y lucha contra la crisis global en el llamado Jucio por el Clima.

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Respecto a la UE, piden que aumente de un 55% a un 65% su objetuvo de reducción de emsioines. “Europa debe ir más rápido que el resto y dar ejemplo”, señalaba Eva Saldaña.