Crisis climática
El Congreso aprueba la primera Ley de Cambio Climático de su historia

“Hoy haremos historia”, señalaba la portavoz socialista en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso durante la sesión que ha acabado aprobando la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética del ordenamiento jurídico español. Con el voto a favor de ERC, EH Bildu, Teruel Existe, Ciudadanos y PNV, además de UP y PSOE, y una derecha que ha intentado torpedear un proyecto de ley calificado de urgente y necesaria tanto por la comunidad científica como por las organizaciones del Movimiento por el Clima —Vox la ha rechazado y PP y Más País-Verdes Equo se han abstenido— , la ley que pretende ser la base para una paulatina descarbonización de la economía española ha recibido el visto bueno del Congreso y pasará ahora al Senado, donde finalizará su tramitación parlamentaria sin necesidad de que vuelva  a la Cámara baja.

A pesar del éxito medioambiental que se ha apuntado el Gobierno, desde los movimientos sociales defensores del medio ambiente llevan meses alertando de la baja ambición de la misma. “Sus Señorías aprobarán esta ley y aplaudirán. Eso sí, no se atrevan a estar orgullosos”, denunciaba tras conocerse la aprobación Fridays for Future España.

Baja ambición

El porcentaje de reducción de emisiones para 2030 respecto a los niveles de 1990 estaba en el meollo de las críticas. “Mientras que quienes proponen la ley se llenan la boca diciendo que es un gran paso, la ciencia pide al menos una reducción del 7,6% anual, lo que llevaría a España a un 55%”, señalaban desde la organización juvenil, que calificaba la normativa como “sacada de hace 10 años, ya no podemos permitirnos más tiempo y demora”. “Presenta objetivos insuficientes y no concreta medidas en sectores clave en la descarbonización”, añadían desde Ecologistas en Acción.

Desde el arco de la izquierda, partidos que han acabado apoyando el nuevo ordenamiento se alineban con las posiciones de las organizaciones defensoras del clima. “Nos hubiera gustado que tuviera una dosis de ambición mayor”, apuntaba Oskar Matute desde EH Bildu. “Europa marcaba un 55%, hemos introducido una transaccional para un 30%”, indicaba Inés Sabanés desde Más País - Verdes Equo, quien añadía: “Nos equivocaremos pensando que el cambio puede esperar”. 

La revisión de los objetivos globales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2023 quedaba certificada tras consensuarse entre Gobierno y las fuerzas de izquierda y nacionalistas. Otra de las enmiendas clave era la planteada por el grupo de Sabanés, que planteaba la posibilidad de aumentar la ambición climática al 30%. Ha sido finalmente rechazada y desde el Gobierno, el diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión, Juantxo López de Uralde, defendía las cifras finales y el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero: “La enmienda relativa a revisar los objetivos en 2023 creo que cierra el debate sobre la ambición si es posible ampliarla en 2023”.

“Sus Señorías aprobarán esta ley y aplaudirán. Eso sí, no se atrevan a estar orgullosos”, denunciaba tras conocerse la aprobación Fridays for Future

Uralde justificaba el porcentaje recordando el contexto de las tres últimas décadas, cuando mientras en el conjunto de Europa reducía sus emisiones un 25%, España las aumentaba. “En España se ha aplicado una estrategia negacionista durante años. Venimos de un tiempo en el que el autoconsumo estaba prácticamente prohibido en nuestro país por el impuesto al sol. Es importante recordarlo, tenemos que hacer frente a la situación desde una situación dificultosa”, indicaba, añadiendo que el esfuerzo que implica esta ley es “similar al de nuestros socios europeos”.

A vueltas con el gas

Desde la derecha, el PNV, erigido en las negociaciones como defensor de los intereses gasísticos, plasmados en el interés de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) de explotar el gas del subsuelo alavés en el pozo Armentia-2, conseguía algunos triunfos a última hora. “Ahora la ley, en principio, podría abrir la puerta a considerar el gas como un combustible alternativo y con eso introducirlo en todo el tráfico rodado de carretera”, denuncia Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción. Inicialmente, la ley solo lo planteaba para el transporte aéreo, algo que para Andaluz podría tener “cierto sentido”, no así para el resto del transporte.

El redactado final del artículo 8, relativo a la prohibición de nuevas explotaciones de combustibles fósiles tanto en el subsuelo terrestre como marino también dejaba algunas dudas a los ecologistas. “Vemos muy bien que este artículo se haya aprobado, pero nos hubiera gustado un redactado mucho más contundente que pusiera fin a las explotaciones ya existentes”, señalaba Andaluz en referencia al pozo alavés, cuya continuidad está en entredicho dada la aprobación de la nueva ley frente al interés del Gobierno vasco en seguir adelante.

En medio del debate, la nota de color la ponía desde Vox, cuando su portavoz, Mireia Borrás, que desde posiciones negacionistas ha criticado la ley del Gobierno “socialcomunistarra”, ocurrencia que ha provocado las risas generalizadas de los presentes.

Reforma eléctrica y zonas de bajas emisiones

Además de aprobar aspectos clave como la prohibición de vender vehículos ligeros a combustión fósil en 2040, la ley implica el desarrollo nuevas normativas de especial importancia económica y medioambiental. Es el caso de la reforma del marco normativo del sector eléctrico que, según reza la ley, deberá incorporar mejoras para impulsar la participación de los consumidores y fomentar la inversión en renovables, así como el almacenamiento de energía y el desarrollo de los mercados locales.

El texto supone también la obligatoriedad de crear zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y el refuerzo de las medidas de rehabilitación de viviendas para un mejor aislamientos térmico, para lo cual el Gobierno se ha comprometido a presentar un plan de rehabilitación de viviendas.

Además, el Gobierno tiene previsto la creación de un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética como órgano consultivo, sin que haya dado, sin embargo, respuesta a la demanda ecologista de crear una Asamblea Ciudadana por el Clima, algo que ya tienen varios países europeos y a lo que Pedro Sánchez se comprometió hace un año.