Decrecimiento
Cómo crear colectivos resilientes y justos en tiempos de emergencias constantes

Apagones, danas, genocidios, pandemias, grandes incendios… los sucesos excepcionales se atropellan uno detrás de otro sin saber cuál será el siguiente. En un contexto de colapso ecosocial, nuestros colectivos deben ser resilientes ante fuertes perturbaciones de nuestro entorno, porque justo eso es lo que se espera del desmoronamiento de nuestro orden social y ecológico. Pero esta cualidad no es suficiente: deben ser también justos, pues en caso contrario estaríamos construyendo sociedades al servicio de personas privilegiadas. Esta justicia debe tener una dimensión hacia dentro del colectivo y otra, al menos igual de fundamental, hacia fuera, al conjunto de la sociedad y de la vida.

Con este doble objetivo, evaluar la resiliencia y la justicia de nuestras alternativas, un equipo multidisciplinar dentro del marco de Solidaridad Internacional de Andalucía hemos elaborado una herramienta web compuesta por un cuestionario con respuestas en forma de rúbrica. El cuestionario tiene varios niveles de profundidad y ofrece la evaluación de la situación de la organización de forma automática.

En este texto, recogemos los indicadores que contribuyen más a la justicia y/o a la resiliencia. Tras exponerlos en forma de pregunta, como aparecen en la herramienta web, los explicamos brevemente y ofrecemos un ejemplo de una organización o proyecto que cumpliría ese criterio.

¿La capacidad de influir en las decisiones estratégicas está repartida equitativamente?

La intención es medir el nivel de participación en la toma de decisiones para definir la misión y los objetivos, así como las acciones, los pasos, la metodología, los recursos, los tiempos, etc. a seguir para alcanzarlos.

Entrepatios es una cooperativa de vivienda en derecho de uso que tiene actualmente dos promociones construidas. Los fines y la identidad colectiva se han decidido de manera asamblearia entre las personas integrantes de la cooperativa. En ambas promociones, quién entró en ellas —hay bastantes más personas socias que las que cabían— fue fruto de un sistema decidido por el conjunto de personas que querían entrar —desde la elección de los criterios, hasta su evaluación, pasando por la ponderación—. El diseño de los edificios fue un proceso codecidido entre el equipo de arquitectura y el conjunto de las personas que iban a vivir en ellos. Finalmente, la convivencia se articula alrededor de asambleas generales, grupos de trabajo y responsabilidades individuales asignadas colectivamente.

¿Repartimos equitativamente las tareas?

La intención es medir en qué grado el reparto de las tareas, tanto productivas como reproductivas, reproduce o no privilegios y relaciones de dominación —de género, edad, clase, origen cultural, creencia religiosa, ideología, diversidad funcional, etc.—. “Trabajo productivo” es el que genera ingresos y “trabajo reproductivo” el que garantiza el cuidado, bienestar y supervivencia de las personas o los grupos. Con frecuencia, los trabajos reproductivos quedan invisibilizados y tienden a no ser contabilizados.

El desafío es construir cada vez más organizaciones que cumplan el mayor número posible de criterios de justicia y resiliencia ante los escenarios que ya son una realidad

Cal Cases es una cooperativa de vivienda de cesión de uso en el ámbito rural. Se basa en una economía colectiva donde todas las personas aportan el mismo tiempo, 80 horas al mes, pero de maneras distintas. La aportación puede ser en dinero —para lo que se ha hecho una ponderación de salarios—, con moneda social y/o con horas de trabajo. Los cuidados y las tareas productivas se valoran por igual, y hay tareas que son comunes y tienen que asumir todas las personas —como cocinar y limpiar—, mientras que otras se realizan en función de la motivación y la posibilidad de cada integrante —trabajar en el huerto, cortar leña, gestionar las compras, etc.—. Durante las cerca de dos décadas que lleva el proyecto, las personas integrantes han tomado conciencia de que las necesidades cambian en las distintas etapas de la vida, y la visión más productivista de los inicios ha dado paso a una mayor relevancia y visibilización de los cuidados.

¿Las personas de la organización tienen acceso equitativo a los bienes y servicios generados colectivamente?

Lo que se quiere medir es el grado de equidad en el acceso a los bienes y servicios generados por la organización. Un acceso equitativo es aquel que es equilibrado entre las personas integrantes y en el que cada cual pueda acceder en función de sus necesidades. Un acceso es equitativo cuando se han considerado las condiciones singulares de cada persona y/o colectivo y no reproduce privilegios y relaciones de dominación —por ejemplo, de género, edad, clase, racializacion, origen cultural, creencia religiosa, ideología, diversidad funcional, etc.—.

Garúa es una cooperativa especializada en transiciones ecosociales —formación, asesoramiento, puesta en marcha de proyectos propios e investigación—. Dentro de la cooperativa, no existen escalas salariales, de manera que todo el mundo cobra lo mismo por hora trabajada, independientemente de las tareas a la que se haya dedicado. Por otro lado, durante las épocas en las que no existe un colchón económico cooperativo las personas que tienen ahorros propios dejan de cobrar temporalmente —luego recuperan sus salarios de manera retroactiva cuando vuelve la liquidez— para que quienes necesitan ingresar todos los meses puedan hacerlo sin tener que recurrir a un crédito. Además, la cooperativa ha funcionado como banco interno sin interés para las personas socias que han necesitado un préstamo.

Cuando es oportuno, ¿tomamos decisiones considerando otras organizaciones o comunidades para que favorezcan al conjunto sin perjudicar a terceras entidades?

La intención es medir si las necesidades propias se equiparan a las de otras organizaciones o comunidades cuando existe algún conflicto de intereses o por los recursos.

FUHEM es una fundación sin ánimo de lucro que gestiona cuatro centros escolares. En esos colegios ofrece un servicio de comedor ecológico y saludable gestionado por una empresa externa. Durante el curso 2020-2021, en el cual las clases estuvieron suspendidas durante meses fruto la COVID-19, el comedor cerró. La empresa externa se acogió a un ERTE, por el cual el Estado pagó el 80% del salario al personal del comedor. FUHEM completó el 20% del salario de esas personas para que pudiese llegar al 100%, a pesar de no ser personal propio.

¿Gestionamos con éxito los conflictos internos?

La intención es medir si para la regulación de los conflictos se consigue el compromiso y la colaboración de las partes para integrar los cambios o poner los límites que demandan. Los conflictos se regulan con éxito cuando a partir de su afrontamiento se generan cambios y/o aprendizajes.

Alimentar el cambio se dedica a acompañar comedores escolares en su transición desde comedores convencionales hacia comedores ecológicos y saludables. Esto consiste en apostar por materias primas de producción ecológica, de temporada y de cercanía, por reducir los productos de origen animal —carne, pescado y huevos, fundamentalmente—, y por minimizar la producción de residuos y el desperdicio alimentario. Esta transformación genera múltiples conflictos. Con cocina, porque es un reto cocinar solo con productos de temporada, segundos platos sin productos animales o con materia prima que no llega preparada para echar a la cazuela directamente.

En un contexto de colapso ecosocial, nuestros colectivos deben ser resilientes ante fuertes perturbaciones de nuestro entorno, porque justo eso es lo que se espera del desmoronamiento de nuestro orden social y ecológico

Con el alumnado, porque aumentar el contenido de verduras, que además saben más por ser ecológicas, y que son de temporada —los meses fríos, que son la mayoría en un centro escolar, son el dominio de las coles— no es una buena noticia. Si además se reduce la carne, sobre todo en el segundo plato, los conflictos crecen. Y esto implica también malestares con las familias y con el personal de sala. El éxito de Alimentar el cambio consiste en convertir los conflictos en una oportunidad educativa y trabajar con el conjunto de la comunidad escolar para darle sentido a las transformaciones.

¿Dependemos mayoritariamente de fuentes energéticas realmente renovables?

La intención es medir el grado de autonomía respecto a las fuentes de energía no renovable —petróleo, carbón, gas natural, uranio—, sus derivados y/u otras fuentes lejanas del territorio en el que se inserta el sistema. La energía realmente renovable es la que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables —eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar, etc.—, mayoritariamente cerca del lugar de consumo, y con máquinas construidas con materiales y energías también renovables y cercanas.

Lakabe es un pueblo que quedó deshabitado en la década de los 70 y fue okupado en 1980. Desde entonces ha ido avanzando progresivamente en la autonomía energética. En la actualidad es prácticamente autosuficiente gracias a la implementación de un sistema solar fotovoltaico, un aerogenerador y una turbina hidráulica. La combinación de las tres fuentes de energía renovable —solar, eólica e hidráulica— a escala local y autogestionada se adapta a las condiciones ecosistémicas, de tal manera que el uso de la energía solar es más intenso durante los meses de más sol, mientras que en otoño la hidráulica gana peso cuando el arroyo transporta más caudal de agua. Las necesidades energéticas de las casas para la calefacción y la cocina se resuelven con leña del territorio. Para alcanzar la soberanía energética, también se han impulsado acciones para hacer un uso de la energía lo más eficiente posible, como la rehabilitación de las viviendas con criterios bioclimáticos.

¿Está nuestro nivel de consumo material ajustado a la capacidad de reposición del ecosistema en el que nos asentamos?

La intención es medir si el consumo material supera la capacidad de reponerse del ecosistema.

Las siete llaves es un pequeño proyecto extremeño que persigue incrementar la autosuficiencia alimentaria usando solo los recursos que proporciona el entorno en el que se desarrolla, algo cada vez más complicado fruto de la emergencia climática. Además de un intenso trabajo de generación de suelo, de fomento de la biodiversidad y de retención de agua, el camino hacia la autosuficiencia sería imposible sin una apuesta decidida de sus integrantes por la austeridad.

¿Dependemos de técnicas y procedimientos que podemos controlar?

Lo que se quiere medir es el grado de autonomía frente a técnicas y prácticas ajenas, que suelen estar asociadas a tecnologías complejas.

La Lleldiría es un proyecto de producción artesana ligada al sector primario que se guía bajo los principios agroecológicos, de organización cooperativa e identidad local. El proyecto, situado en una cabaña de montaña restaurada de forma comunitaria y sin apenas maquinaria, elabora productos saludables y de alta calidad. Cuenta con una quesería artesanal, cuyo recurso principal es la leche de pasto producida en pequeñas explotaciones ganaderas familiares locales con prácticas tradicionales de gestión y custodia del territorio. También elabora productos fermentados, encurtidos y embutidos, basados en la producción artesana de km0, que promueve el tejido social de apoyo mutuo entre vecinas, así como la recuperación de oficios y saberes tradicionales. Esta recuperación de eco-técnicas del pasado campesino se combina con el uso de nuevas técnicas basadas en energías renovables en la quesería.

¿Resolvemos de forma eficaz y ágil los problemas que nos surgen?

La intención es medir la capacidad de la organización de resolver los problemas sobrevenidos que tiene que ir afrontando.

El Arenero es un proyecto de crianza comunitario articulado alrededor del juego libre, la autogestión y el cuidado. Durante su más de una década de existencia ha tenido que hacer frente a múltiples problemas de largo aliento —como la legalización de un modelo prácticamente inexistente, la consecución y adecuación de varios espacios o el cambio de las personas educadoras de referencia—, pero sobre todo a problemas cotidianos —enfermedad de una familia acompañante, comida que se estropea, conflicto entre peques, familias que no pueden aportar la cuota, no realización de tareas comprometidas, etc.—. Sin una fuerte capacidad, basada en lo colectivo, de hacer frente a estos múltiples problemas, el proyecto habría cerrado hace tiempo.

¿Contamos con mecanismos diversos de protección frente a agresiones externas?

La intención es medir si el colectivo tiene capacidad para protegerse de las agresiones que sufre. Esto requiere al menos de: a) tener la capacidad interna para analizar el contexto y valorar el nivel de riesgo, identificando las principales agresiones y agresores posibles, b) tejer alianzas y redes de apoyo social e institucional a nivel local, regional e internacional; c) dotarse de estrategias de cuidado para hacer frente a los impactos emocionales y psicosociales de potencias agresiones y situaciones de estrés; y d) crear medidas y protocolos de seguridad preventivos y reactivos.

Defender a quien Defiende es una plataforma formada por personas defensoras de derechos humanos, colectivos y organizaciones sociales, institutos universitarios, periodistas y expertas legales, organizada para generar mecanismos de protección frente al contexto de criminalización y represión de la protesta social en el Estado español. La plataforma ha creado un sistema de alerta y respuesta temprana ante casos de violaciones de derechos humanos, y ha desarrollado una diversidad de acciones dirigidas a la protección como el monitoreo y la observación durante manifestaciones, la investigación, visibilización y denuncia, la construcción de alianzas, así como acciones dirigidas a incidir política, social y jurídicamente en la protección efectiva de los derechos civiles y políticos.

¿Son eficaces nuestros mecanismos de protección?

Es difícil evaluar nuestra capacidad de respuesta frente a agresiones futuras, pero podemos intuirla a partir de nuestra capacidad pasada y los mecanismos que hemos ideado.

El movimiento feminista ha mostrado su capacidad para poner en marcha una gran variedad de estrategias y mecanismos de protección frente a las violencias machistas y sexuales, adaptadas a los contextos de cada época. En los años 80 se formaron las Comisiones Antiagresiones, que brindaban acompañamiento a mujeres que habían sufrido violencia. Durante esta época se crearon centros de atención contra la violencia gestionados por el propio movimiento. A finales de los 80 e inicios de los 90 se conformaron los primeros espacios de formación de autodefensa, que fueron la antesala de lo que hoy conocemos como autodefensa feminista. Desde comienzos del siglo XXI, el movimiento empezó a elaborar protocolos antiagresiones frente a la violencia sexual en los espacios de ocio y en las fiestas, que supusieron el inicio de la aparición de los puntos morados en las fiestas populares. Numerosas movilizaciones y campañas a lo largo de estas décadas, como las llevadas a cabo bajo los lemas “Yo sí te creo” o “Se Acabó” han situado la violencia machista en el foco del debate social y político, abriendo camino a cambios legislativos y culturales. La variedad de respuesta frente a las agresiones muestra que el movimiento feminista tiene una alta capacidad de resiliencia ante posibles escenarios futuros.

¿Nuestro proyecto mejora las condiciones para la vida?

La intención es medir en qué grado contribuye a mejorar funciones ecosistémicas como: la polinización, la estabilidad climática, la depuración de aguas, la fertilidad del suelo, la calidad del aire o la capacidad de regeneración de la trama de la vida.

Los ejemplos aquí señalados son solo una pequeña muestra de la gran variedad de proyectos y colectivos existentes en nuestro entorno cercano. El desafío es construir cada vez más organizaciones que cumplan el mayor número posible de criterios de justicia y resiliencia ante los escenarios que ya son una realidad.