Las seis demandas de los sindicatos de inquilinos a los partidos políticos

Los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona, junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y varias plataformas ciudadanas de bloques de viviendas afectadas por la presión de fondos buitres, se han reunido con varios grupos parlamentarios entre martes y miércoles para presentar una serie de demandas con la intención de regular los precios del alquiler y proteger a los inquilinos. 

En una rueda de prensa a las puertas del Congreso de los diputados, Javier Gil, portavoz del sindicato de inquilinos de Madrid, ha explicado que estos colectivos han venido al Congreso para reunirse con los grupos parlamentarios ya que “esta burbuja se ha creado políticamente, se puede revertir políticamente y son ellos quienes pueden hacer algo para revertir la situación”.

Todos los grupos parlamentarios, menos el Partido Popular y el PNV, han recibido a los sindicatos. “El PNV no ha querido ni contestar a nuestra petición y el partido del gobierno nos ha cancelado la reunión un par de días antes”, han lamentado durante la rueda de prensa. El resto de partidos han recibido a los sindicatos, pero desde la PAH se han mostrado reacios a las posibles reacciones por parte de algunos de ellos aunque les hayan escuchado: “Tenemos ya experiencia de lo difícil que es que este tipo de cosas avancen y se materialicen ya que PP y Ciudadanos ya se encargan de tumbar todo aquello que pueda disminuir el negocio de aquellos a los que protegen”, ha declarado durante la rueda de prensa Soledad Sacristán, de la PAH Segovia, en referencia a la ILP que esos dos partidos tumbaron con sus votos en contra después de que Ciudadanos les recibiera y escuchara.

Las seis propuestas

La primera medida que han exigido ha sido la derogación de la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) para cambiarla por una que defienda los contratos estables de seis años, cuando el propietario sea un particular, y de doce años, cuando se trate de grandes propietarios, renovables automáticamente si no hay una necesidad familiar por parte del propietario. Una medida que, según relató en la rueda de prensa Jaime Palomera, portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona, pondría al Estado español a la altura de países como Francia o Alemania que tienen regulaciones similares.

La segunda petición que han presentado a los grupos parlamentarios es la regulación de los precios del alquiler. Según el sindicato, esta regulación existe en países como Canadá o Estados Unidos. La regulación, según Palomera, pasaría por modular las subidas de los alquileres para evitar que se den situaciones en las que los propietarios suben el precio hasta un 100% al finalizar el plazo mínimo de tres años del contrato de alquiler. 

La limitación y quién debe pagar los honorarios que reciben los intermediarios, los agentes inmobiliarios, es la tercera medida que han expuesto desde el sindicato. Los honorarios de estas inmobiliarias, según han explicado, los paga, en la mayoría de las ocasiones, los inquilinos y “son absolutamente abusivos”. 

El fin de las ventajas fiscales que tienen las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi). Este tipo de sociedad inmobiliaria no paga impuestos de sociedades por los beneficios obtenidos por las rentas de los alquileres. Una ventaja que ningún otro tipo de empresa disfruta. “Las estamos bonificando fiscalmente, es un escándalo democrático que estas sociedades no paguen impuesto de sociedades”, ha lamentado Palomera. 

Parar los desahucios sin que haya una alternativa habitacional ha sido la quinta de las demandas que han expuesto. Según han explicado, el Gobierno está obligado a ofrecer alternativa habitacional antes de proceder a cualquier tipo de desahucio. Además, Sacristán ha narrado que, cada vez más, las personas que vienen en busca de ayuda a la PAH provienen de desahucios de alquileres o, como lo denominan en la PAH, “desahucios silenciosos”. 

Por último, han pedido que se multe a aquellos grandes propietarios que poseen edificios enteros vacíos con la intención de especular y, en última instancia, que se expropien si están vacíos durante más de dos años para que pasen a formar parte de un verdadero parque de vivienda pública. “En España tenemos menos de un 2% de vivienda pública, cuando la media europea es del 15%”, ha lamentado Sacristán. 

En las últimas semanas PSOE y Unidos Podemos han presentado dos propuestas de ley para regularizar y frenar la burbuja de los alquileres pero, según Gil, “los partidos políticos no están prestando el suficiente interés y empeño que necesita un problema social de esta envergadura”, a lo que Palomera ha añadido que de seguir escuchando negativas por parte del Gobierno “deben saber que nos tendrán enfrente y, la próxima vez que vengamos al Congreso, seremos miles, porque estamos ya en una situación de emergencia para muchas personas que ya no pueden pagar sus alquileres en un problema global que afecta al conjunto de la sociedad”.