PP y Ciudadanos tumban la ILP de Vivienda de Madrid

56 votos a favor (de Podemos y PSOE, a falta de siete diputados de los 64 que suman, que no han acudido a la votación) y 65 en contra (Ciudadanos y Partido Popular). Éste ha sido el resultado de la votación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Vivienda, presentada con el respaldo de más de 77.000 firmas, por una plataforma formada por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA).

El resultado de la votación ha sido hecho público después de un receso de 15 minutos ordenado por la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados (PP) después de decir con voz baja “qué vergüenza” ante las consignas gritadas desde el palco por el grupo de personas del grupo promotor de la ILP que habían conseguido presenciar el debate.

“Sí se puede, pero no quieren”. “No toleramos ni un desahucio más” son algunas de las consignas jaeladas. Lo hacían después de que llegara el turno en el debate de los diputados de Ciudadanos –cuya abstención o voto favorable era necesaria para la toma en consideración de la iniciativa– y Partido Popular –cuya negativa ya se adivinaba–. Al mismo tiempo, en la entrada de la Asamblea de Madrid, cerca de 200 personas se habían concentrado para pedir el apoyo de la ILP a los parlamentarios. “El ambiente es de expectación, están todos muy animados, pensando que se va a aprobar el trámite”, explicaba antes de que la Asamblea comenzara el punto de la ILP de Vivienda una de las participantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), uno de los colectivos que forma la Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Juan Ramón Rubio, de Ciudadanos, ha comenzado su intervención arrogando a su partido el puesto de “centro en el arco parlamentario en el que nos encontramos”. Tras agradecer la “sensibilidad social” de la plataforma promotora de la ILP y apuntar que coinciden con su diagnóstico sobre el problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid, ha afirmado que “como legisladores, debemos buscar el mejor marco normativo, pero que sea realista y alcanzable”. “Nuestra responsabilidad es no generar falsas esperanzas o expectativas. [Nuestro papel] es legislar para trabajar soluciones que se puedan ejecutar”.

Rubio, cómo ya temían desde la plataforma promotora de la ILP, ha señalado que el único informe que se ha hecho sobre la ILP es el elaborado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, hecho público el 2 de noviembre, un día antes de la presentación de la iniciativa en la sesión ordinaria de la Asamblea de Madrid y seis meses después de su fecha de elaboración. “Pero nuestro gabinete jurídico también ve conflictos de constitucionalidad, con el Código Civil, de invasión de competencias… prácticamente con todo nuestro marco legislativo. No malgastemos tiempo en un recurso que los tribunales no nos van a dejar aplicar”, ha concluido tras afirmar que habían trabajado en la propuesta hasta minutos antes de comenzar el Pleno, y antes de subrayar que consideran urgente el desarrollo de una ley viable.

Por su parte, José Manuel Berzal Andrade, diputado popular, ha cuestionado el problema de los desahucios, señalando que estaban bajando y ha llamado a Podemos y PSOE “torticeros y demagogos”. Andrade ha defendido que para el Gobierno popular, “la vivienda es una prioridad”, señalando en este sentido el parque de vivienda de emergencia habitacional, que cuenta con 168 viviendas en la actualidad, pero que, según anuncia, llegará a las 300 en breve.

Los primeros grupos parlamentarios en exponer su opinión de la ILP de Vivienda han sido Podemos y PSOE, que ya habían anunciado su respaldo de la iniciativa.

“Gracias por traer este precioso texto y por demostrar que la sociedad madrileñas va por delante de sus instituciones”, ha comenzado su intervención Marco Candela, diputado de Podemos, durante su intervención, que ha continuado pidiendo disculpas porque la plataforma promotora de la ILP de Vivienda no haya podido presentar la iniciativa hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid ya que no lo permite el reglamento de la institución regional.

Candela ha hecho referencia a los 80.000 desahucios en la Comunidad de Madrid entre los años 2008 y 2015 y las miles de viviendas que permanecen vacías en la comunidad. “Una de cada 100 viviendas vacías en toda la Unión Europea está en la Comunidad de Madrid”, subrayó Candela.

El diputado de Podemos ha recordado el intento de desahucio ayer –paralizado por la PAH– de Chelo, una mujer de 70 años por impago de alquiler. También la situación de Asunción, de 83 años, que sigue esperando el acceso a un alquiler social. Al de Lucía –desahuciada, junto a sus tres hijas, por EnCasa Cibeles, el fondo de inversión al que la Comunidad de Madrid de Ignacio González vendió viviendas de protección oficial–. O a la de Irene, que ha tenido que vivir junto a sus dos hijos en un coche al no tener acceso a una vivienda.

“La vivienda es un bien que tiene una función social y como tal se tiene que entender y regular”, ha resaltado Candela, quien ha señalado que en la Comunidad de Madrid lo más parecido que había a una ley de vivienda era el Reglamento de viviendas con protección pública, de 1974, que, al no tener rango de ley, puso ser reformado en 2012 por el Gobierno de Ignacio González para vender más de 3.000 viviendas del Ivima a fondos buitre.

Más allá de la vivienda, Candela señala la Ley del suelo aprobada en 2001 y la nueva impulsada por el Gobierno de Cristina Cifuentes, con la que se reducen los aprovechamientos de las administraciones públicas en las operaciones urbanísticas.

Candela ha recordado que, en los últimos cinco años, diez comunidades autónomas han aprobado leyes de vivienda para hacer frente a la realidad de los desahucios. Estas son Galicia, Navarra, Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Murcia, País Valencià, Aragón, Catalunya y Canarias.

“Es técnicamente viable, se ha contado con resoluciones de la ONU y la Unión Europea que condenan a España por infringir el derecho a la vivienda”, apunta Candela. “Además –continúa–, si hubiese cualquier duda al respecto, para eso está el plazo de enmiendas y los controles que se vean necesarios”. “Más allá de las emergencias habitaciones, pensamos que esta proposición es la mejor forma de cambiar el modelo y de entender la vivienda como lo que es, un derecho constitucional”, ha concluido.

Por su parte, Vicente Viondi, del PSOE, ha subrayado la necesidad de admitir a trámite la ILP, “porque no es una cuestión menor, aparece en la Constitución, en estos días en los que tanto se la nombra”. Viondi ha señalado que esta iniciativa de ley “es de los movimientos sociales, no es la ley de Podemos”. También ha anunciado que, si no se admite la ILP, el PSOE llevará una proposición de ley de uso social de la vivienda. “Hemos sido respetuosos, no hemos querido introducir nuestra propia ley a la espera de que fuera la sociedad civil”.

Sobre el informe, ha resaltado que los grupos parlamentarios han tenido constancia de él seis meses después de su fecha de emisión. “¿Donde estuvo esos seis meses este informe? ¿durante seis meses ocultaron el informe?”.