La Unión Europea viene desplegando una política de muerte en el mar Mediterráneo. Las políticas migratorias europeas pretenden convertir las rutas migratorias en situaciones de igual o mayor peligro que las situaciones de origen que fuerzan el éxodo.

En los últimos años, la clase trabajadora está sufriendo descomunales agresiones por parte de las patronales apoyadas por los diferentes gobiernos que han ocupado la Moncloa.

“Si cuidamos la libertad, obtenemos de regalo la verdad”
(Richard Rorty)

Se cumplen ahora 25 años de la legalización de las empresas de trabajo temporal en España. Se cumple un cuarto de siglo desde que el gobierno dio el visto bueno a la máxima expresión de precariedad laboral de nuestros tiempos. Sin mejorar en nada las lacras que tiene la contratación temporal efectuada por las propias empresas, se añaden ahora las consecuencias que han de pagar las personas contratadas bajo esta modalidad por la aparición de un tercero, de un intermediario, que como es lógico también quiere su tajada y que como ya es habitual va a pagar siempre la persona contratada.

La política espectáculo, lo que tiene de “barbarie” (irresponsabilidad, falta de un mínimo de compromiso ético, impunidad absoluta entre su “decir”-vender- y su hacer), no oculta la comicidad en la parte del espectáculo, haciendo que los “extremos” (de derechas, de liberales, de las izquierdas de toda la vida, de la izquierdas “buenistas”) se toquen y al final vengan a dar y a ofrecer lo mismo.

El próximo día 26 de febrero se celebrarán elecciones sindicales en la EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid), una empresa que presta un servicio básico a los madrileños y madrileñas, y que depende directamente del Ayuntamiento de Madrid.

Desde hace años, diversos colectivos sociales, vecinales, ecologistas y grupos políticos vienen reclamando el convenio secreto que regula la denominada Operación Chamartín. Tras numerosos intentos de acceder por la vía parlamentaria, de transparencia, tanto ADIF como los socios privados de la operación (BBVA-San José) han hecho lo imposible, incluso acudir a los tribunales, para evitar que se conocieran los detalles de esta operación. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué tienen que ocultar una empresa pública del sector ferroviario de la alta velocidad y sus socios privados? Han tenido que pasar más de 25 años para que empecemos a entender los lazos que unen la historia de la alta velocidad en España y los pelotazos urbanísticos, pero cada vez estamos más cerca de conocer toda la verdad.