Justicia
Huelga de jueces y magistrados: ni servicios mínimos ni descuento de salario

No es la primera vez que los jueces, fiscales y magistrados van a la huelga, pero es la primera vez que se convoca durante tres días. Lo hacen las cinco asociaciones conservadoras, mayoritarias en el sector, después de que el Gobierno anunciara una reforma del sistema centrada en facilitar el acceso a la carrera judicial. Una protesta que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de julio y que según el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) no tiene sustento legal y “carece, en el momento actual, de soporte normativo”. 

Tanto el bloque conservador como el progresista del CGPJ han acordado que no tiene sustento legal y, por tanto, este organismo no tiene capacidad para fijar servicios mínimos pero tampoco lo prohíbe. De la misma manera queda en el aire cómo se contabilizará quién ha hecho huelga y cómo se descontará, si se descuenta, el salario de la nómina. Ya ocurrió en 2018, aunque no en otros momentos de huelgas no reconocidas. 

Notas de urgencia sobre el anteproyecto de reforma de las carreras judicial y fiscal

Amaya Olivas

Tribuna

Tribuna Notas de urgencia sobre el anteproyecto de reforma de las carreras judicial y fiscal

Amaya Olivas

La autora del texto cree que el anuncio de reforma debe servir para conectar a futuros jueces y fiscales con la realidad social, atendiendo sobre todo a las problemáticas de la población más vulnerable.

Por su parte, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha pedido al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que remitan diariamente el seguimiento de la huelga con una lista de jueces y fiscales que no acudan a su puesto de trabajo estos tres días con el fin de aplicarles el descuento salarial. El ministerio recuerda que es “el órgano pagador de jueces, fiscales y magistrados” y tiene la obligación de hacer un buen uso de los fondos públicos. 

Se llega a esta convocatoria de huelga después de varios paros y de la última manifestación, el sábado 28 de junio en Madrid. Todo por el proyecto de acceso a la carrera judicial propuesto por el Ejecutivo, que pretende democratizar esta situación. Unos cambios que estarían cercanos al método de los MIR en la carrera médica: más formación práctica y menos memorística. “Es un paso hacia la profesionalización real de la judicatura española, que merece ser respaldado por encima de intereses corporativos”, ha explicado el ministro de Justicia, Félix Bolaño. 

Los futuros jueces están una media de cinco años estudiando, dejando sin posibilidades a las personas que no tengan recursos para mantenerse durante ese tiempo sin trabajar

El sistema actual hace que los futuros jueces estén una media de cinco años estudiando, dejando sin posibilidades a las personas que no tengan recursos para mantenerse durante ese tiempo sin trabajar, además de tener que dedicar muchos recursos económicos a la preparación. Muchas veces, esta preparación es realizada por magistrados en activo que cobran por ello. Una barrera de clase y económica que, según el Gobierno, la nueva reforma pretende reducir. 

En ese sentido, la reforma integral quiere convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. Un servicio que podría ampliarse a otras zonas de la geografía española con acuerdos con otros centros.  

Para las asociaciones conservadoras este nuevo sistema supone “rebajar la excelencia de conocimientos” en las oposiciones y se oponen también a la regularización de los jueces sustitutos

Expertos en Derecho aseguran que el sistema vigente no elige necesariamente a los mejores futuros jueces, sino a aquellos opositores que tienen una mayor capacidad de memorización, una habilidad que, siendo necesaria cierta inteligencia, no garantiza las competencias reales que requiere la función judicial: interpretar, aplicar el derecho a casos complejos y redactar argumentaciones sólidas. De ahí la insistencia de Bolaños en el marco MIR y los casos prácticos. 

Para las asociaciones conservadoras este nuevo sistema supone “rebajar la excelencia de conocimientos” en las oposiciones y se oponen también a la regularización de los jueces sustitutos, que acabaría con el exceso de temporalidad que la Unión Europea exige a España. En su opinión, la reforma supondrá un control sobre quién accede a la carrera, algo que Bolaños ha rechazado y ha dicho que “ni una sola línea de las reformas de la Justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho”.

“Nunca ha habido un momento en el que se incorporen tantos jueces y fiscales. Es una reivindicación histórica”, asegura el ministro de Justicia

Justicia apunta que se crearán en los próximos dos años hasta 1.440 plazas de jueces y fiscales, respondiendo a las necesidades de los actuales juzgados con grandes retrasos para dar cita. “Nunca ha habido un momento en el que se incorporen tantos jueces y fiscales. Es una reivindicación histórica”, asegura Bolaños. 

Otros puntos problemáticos para los convocantes de la huelga son los cambios de funciones de la Fiscalía. Las asociaciones creen que la reforma del Estatuto de la Fiscalía supone “un grave retroceso en la autonomía del Ministerio Fiscal”. Sostienen que se da incluso pasos atrás, al “incrementar injustificadamente” el poder del fiscal general del Estado “sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”.

Las asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).