Derecho a la vivienda
Colectivos por el derecho a la vivienda lanzan una campaña que culminará el 26 de mayo

Cerca de un centenar de activistas pertenecientes a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Coordinadora de Vivienda, la Asamblea de Bloques en Lucha, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, Lavapiés ¿dónde Vas? y vecinos del barrio han anunciado esta mañana en rueda de prensa una campaña que incluye acciones contra Bankia, Sareb y Blackstone, a los que consideran actores fundamentales de la crisis de vivienda que vivimos, según han explicado en nota de prensa.

En la intervención realizada frente al Teatro Valle Inclán esta mañana, Alejandra Jacinto, abogada de la PAH, ha informado de que la campaña culminará el 26 de mayo, fecha de las elecciones autonómicas y locales. Jacinto ha recordado que es la Comunidad de Madrid la que tiene competencias para legislar en materia de vivienda y ha recordado que, en 2017 presentaron a esa institución la conocida Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH, con la que solicitaban a los partidos políticos que asumieran la defensa del derecho a la vivienda, vulnerado por la profusión de procesos que han acabado en desahucios. A pesar de que la propuesta contó con el aval de 77.000 firmas, fue rechazada con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos.

En declaraciones a El Salto, la abogada de la PAH Alejandra Jacinto aclaró que la diferencia esencial entre la actual ILP y la propuesta en 2017 es el marco generado por la reciente normativa gubernamental en la materia. “Al contexto de especulación con la vivienda que vivíamos entonces, se ha sumado la burbuja en el precio de los alquileres. El real decreto que ha aprobado el gobierno hace depender el desarrollo de ese artículo al exclusivo criterio de las comunidades autónomas. Y, como las faculta explícitamente para hacerlo, vamos a pedir a la Comunidad de Madrid que lo desarrolle y establezca índices máximos de referencia de los precios en nuestra Comunidad”, ha explicado.

La abogada ha manifestado que desde esa fecha hasta hoy los alquileres han aumentado alrededor de un 40%, mientras existen miles de viviendas vacías en la comunidad. Jacinto se ha posicionado a favor de la expropiación de uso para los pisos vacíos a efectos de garantizar un alquiler social para las familias que lo necesiten, y ha denunciado que la ILP que presentaran en 2017, tildada de inconstitucional por los partidos que se opusieron a ella, ha sido validada por reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, que ha fallado favorablemente ante iniciativas de igual tenor aprobadas en las comunidades autónomas de Navarra, Euskadi y Catalunya. “Vamos a exigir que los partidos políticos que aspiren a gobernar, en el primer pleno se pronuncien a favor del contenido de la ILP que volvemos a presentar ahora ante la Asamblea de Madrid”, ha indicado.

Por su parte Javier Gil, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, ha denunciado que, mientras casi todas las comunidades autónomas cuentan con una ley de vivienda, la Comunidad de Madrid aún carece de una. “Sabemos que hay más de 263.000 viviendas vacías, de bancos, de fondos buitre y de grandes tenedores de vivienda”, ha indicado, destacando que en otras comunidades autónomas no se puede consumar un desahucio sin ofrecer un alquiler social acorde a los ingresos familiares. Y ha remarcado casos que considera flagrantes como el de Argumosa 11: “En Madrid, a diferencia de otras comunidades autónomas, te desahucian, no te ofrecen un alquiler social y encima tapian las viviendas; esa es la realidad a la que nos enfrentamos”.

“Aquellos partidos que se posicionen en favor de la especulación tendrán un coste político”, ha advertido Javier Gil

Gil también ha explicado en rueda de prensa que, tras el acto de esta mañana, el siguiente paso sería presentar su propuesta a los partidos políticos y ha aclarado que señalarán inequívocamente a las formaciones que no se posicionen de manera clara: “O se está con el derecho a la vivienda y los derechos humanos de las familias que están sufriendo los abusos del sector inmobiliario, o se está con los especuladores, y aquellos partidos que se posicionen en favor de la especulación tendrán un coste político”, remató.

Por último, el arquitecto Eduardo Gutiérrez, de Lavapiés ¿dónde vas?, ha recordado el desahucio colectivo en Argumosa 11 y ha cuestionado la pertinencia del tuit de Pedro Sánchez, que expresó su pesar porque —en sus términos— la política llegara tarde para resolver el problema. Gutiérrez ha explicado que, durante las últimas legislaturas, los movimientos de vivienda han hecho continuas propuestas para atacar el problema, pero “los políticos se han negado todo el tiempo”.

Gutiérrez ha informado de que las familias que fueron desalojadas de aquel edificio el 22 de febrero continúan viviendo en hostales, esperando a que el ayuntamiento cumpla con la promesa de realojadas y ha señalado la contradicción entre el reiterado argumento de las instituciones responsables, que alegan no tener viviendas, y la evidencia, según Gutiérrez, de que en el barrio hay más de 120 viviendas vacías, propiedad de administraciones públicas. “Hay más de 20 viviendas en la calle Mallorca y once en Concepción Jerónima, de propiedad de la Seguridad Social, vacías desde hace un montón de años. Y no es un caso aislado; esta institución posee más de 40.000 metros cuadrados de viviendas cerradas en todo el Estado”, ha especificado.

Tras la rueda de prensa, los colectivos han colgado pancartas y carteles en el edificio de la calle Valencia 17, un edificio de la Comunidad de Madrid con 38 viviendas, casi todas vacías

El activista ha señalado una actitud similar por parte de la Comunidad de Madrid, que en Lavapiés tendría cuatro edificios con 72 viviendas cerradas, y ha asegurado que la administración regional ha destinado alrededor de 20 millones de euros a la compra, rehabilitación y mantenimiento durante estos 15 años en que han permanecido vacías. Incluso el Ayuntamiento de Madrid mantendría viviendas precintadas con chapa para evitar su ocupación, de las que 23 acaban de ser adjudicadas hace pocos días. Ha finalizado reivindicando el derecho al arraigo de los vecinos, “porque es donde tienen las redes, las comunidades, que les permiten que sus vidas precarias lo sean un poco menos”.

Tras la rueda de prensa, los colectivos se han encaminado hacia el edificio de calle Valencia 17, de propiedad de la Comunidad de Madrid, en cuyos balcones han colgado pancartas y carteles alusivos al modelo especulativo que denuncian y a la omisión de las autoridades: en uno de ellos luce el retrato de la actual alcaldesa, Manuela Carmena, con tipografía que destaca su desconcertante afirmación de que en Madrid ya no hay desahucios.