Los juzgados ordenan cuatro desahucios en Argumosa 11 con menos de 48 horas de antelación

Los colectivos vecinales convocan con urgencia al activismo y al vecindario de Lavapiés este viernes frente al edificio para intentar parar la ejecución del desalojo.


publicado
2019-02-21 13:34:00

“Con nocturnidad y alevosía” se podría haber titulado esta nota. Con menos de 48 horas de antelación, los juzgados responsables han lanzado sendas notificaciones de desahucios para dos vecinas deArgumosa 11, en el madrileño barrio de Lavapiés, el sufrido bloque cuyos habitantes vienen resistiendo una andanada de acciones judiciales.

El objetivo es invariable: desalojarlos de los pisos que alquilan y que fueran vendidos a fondos especulativos con la intención de incorporarlos al mercado del alquiler turístico. Mañana será la vez de Rosi y familia, que viven en un apartamento de la tercera planta, y de Pepi y sus hijas, en otro piso de la cuarta.

En el caso de esta última, será el séptimo intento de desahucio, otros seis anteriores fueron detenidos por la acción vecinal. Algunas veces por la vía de convencer a la autoridad judicial a obedecer a los dos mandatos del Observatorio DESC de la ONU, que intima al estado español a no consumar este desahucio sin mediar alternativa habitacional. Otras, por la interposición masiva de numerosos activistas, vecinos y vecinas que se congregaron frente al inmueble impidiendo físicamente la consumación del desalojo.

Será el séptimo intento de desahucio de Pepi y sus hijas, otros seis anteriores fueron detenidos por la decidida acción vecinal

Pero el intento de este viernes tiene un par de ingredientes nuevos que indican una radicalización en la acción judicial, que avanza ante la inacción o ineficacia manifiestas de las autoridades competentes —Comunidad y Ayuntamiento— para encontrar una solución al problema.

Por una parte, la exigüidad de plazos entre las notificaciones judiciales y la fecha prevista para los desahucios. Ayer llegaban las notificaciones señalando que los desalojos se realizarían este viernes 22 de febrero. El escaso tiempo entre una y otra acción da una idea de la radicalización de la estrategia judicial. Por una parte, deja en evidencia el intento de evitar que los colectivos vecinales organicen sus redes de apoyo, a lo que se suma la —inédita e insólita— amenaza del Juzgado número 33 de criminalizar a Pepi, al incluir en la Notificación la intimación a abandonar su casa, so pena de incurrir en un delito de desobediencia. Está formulada en estos términos: “…en cumplimiento de las resoluciones judiciales se apercibe a D. Josefa que la negativa al desalojo voluntario al lanzamiento acordado pudiera ser constitutiva de delito de desobediencia, remitiendo ante el posible incumplimiento grave y reiterado de la resolución judicial testimonio a Fiscalía a los efectos oportunos, bien de oficio, o bien a instancia de la parte actora”.

Las asociaciones vecinales están movilizando aceleradamente sus fuerzas en un pulso que retrata la ineficacia de los poderes públicos 

Ante este cuadro, las asociaciones vecinales están movilizando aceleradamente sus fuerzas y han convocado para mañana a intentar detener —una vez más— estos desahucios, en un pulso que retrata la ineficacia de los poderes públicos para resolver la situación de numerosas familias, en un cuadro inmobiliario en el que proliferan los pisos vacíos en manos de entidades bancarias y fondos buitre, o en el mercado de viviendas para el alquiler turístico.

“Una vez subida esta nota, los colectivos vecinales pasan una información que nos ha obligado a modificar el titular de la noticia. Ya no son dos, sino cuatro los desahucios previstos para mañana a las 9.30h en Argumosa 11. Al caer la tarde se les ha notificado que a los desahucios previstos —de Rosi y Pepi— se sumarán los de Juani y Mayra, del mismo edificio. Cabe destacar que estas dos últimas, al igual que Pepi, cuentan con un amparo de Naciones Unidas que exige al Estado español no desahuciarlas por no mediar alternativa habitacional.

El Poder Judicial no solo está haciendo oídos sordos a estas resoluciones, sino que, al parecer, estaría actuando bajo una estrategia coordinada, ya que sus resoluciones —que provienen de tres juzgados diferentes— “son exactamente iguales, la redacción es exactamente la misma”, según informa la Plataforma de Bloques en Lucha, dato que llama poderosamente la atención.

Los colectivos vecinales no se limitan a interponer mandatos del Observatorio DESC de la ONU, y a poner el cuerpo para intentar parar los desahucios. Exhortan —hasta ahora sin resultado— a los poderes públicos a arbitrar soluciones a su alcance. Y lo hacen proponiendo las siguientes alternativas en el comunicado que han difundido en las redes: “Que la Comunidad de Madrid apruebe una ley autonómica de vivienda que prohíba estos desahucios —imitando la ley 24/2015 de Catalunya—, que el Gobierno apruebe por Decreto una medida de urgencia que garantice el derecho a la vivienda y detenga estas situaciones, que el Ayuntamiento de Madrid se muestre firme ante los especuladores e inicie el procedimiento de expropiación del edificio o, por último, la apertura de un proceso de negociación tanto con la propiedad (Inversión en Proindivisios S.L. y familia Aguado) como con la administración”.

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