¿Quién puede alquilar en Madrid?

Algunos portales hablan de un 5% en los últimos meses, otros de cerca del 9%. Si comparamos con 2016, el aumento supera el 15%. No hay cifras oficiales —solo en algunas comunidades como Catalunya—, pero el encarecimiento del alquiler en Madrid —y en todo el Estado— se percibe echando un vistazo a los anuncios de vivienda.

La renta media de los pisos de un dormitorio en Madrid capital asciende ya a 859 euros al mes, según el Fichero de Inquilinos Morosos. Los de tres dormitorios superan los 1.120 euros. En la fecha de elaboración de este texto, en el portal Idealista solo se contaban ocho anuncios de viviendas con un alquiler igual o menor a 400 euros. 

El distrito Centro es el más afectado por esta subida del precio del alquiler, que ya supera las cifras de antes de la crisis. Haciendo la misma búsqueda en esta zona, el piso más barato costaba 450 euros –en Malasaña— y tiene 25 metros cuadrados. Por debajo de los 500 euros tan solo se encuentran tres viviendas. Y si buscamos de tres habitaciones, la más barata cuesta 850 euros. 

“Yo he estado en tres pisos diferentes en Lavapiés, iba subiendo el alquiler, pero no una cosa exagerada. En el último pagábamos 900 euros entre dos”, explica Javier, quien hace pocos meses se mudó a Vallecas. “Por mi situación precaria, no podía pagar ese alquiler y no me planteé buscar otro piso en el mismo barrio. Cuando decidimos mudarnos, mi casero vio el cielo abierto: lo puso a 1.200 euros y la primera pareja que lo vio se lo quedó. Si lo hubiera puesto a 1.500 seguro que también”. Javier es una de las muchas personas que han abandonado el centro por distritos como Vallecas, en busca de un piso algo más grande y un alquiler algo más bajo. “Muchos amigos de Lavapiés también se han venido a vivir a Vallecas”, añade. 

“Nosotros mismos somos otro ejemplo”, explica Jacobo Abellán. “Se nos acaba el contrato en septiembre. Pagamos ahora 800 euros por un piso de tres habitaciones y calculamos que subirá a 1.000 euros, que es lo que cuesta ahora el piso de enfrente, que es igual que el nuestro. En septiembre entró a vivir una chica en otro piso que es igual y ya pasó a pagar 950 euros”, continúa. Abellán es uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinos, una plataforma que se presentó el 12 de mayo simultáneamente en Madrid y Barcelona. “El grupo promotor somos unas 15 personas, de Lavapiés o cerca, que hemos participado activamente en otros movimientos sociales, fundamentalmente de lucha por la vivienda, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca [PAH] y la Coordinadora de Vivienda de Madrid”, explica. Entre los objetivos de este sindicato, que se constituirá orgánicamente en septiembre y esperan que esté a pleno funcionamiento en 2018, está prestar asesoría jurídica, ser un grupo de presión para impulsar una regulación del precio de los alquileres y también una herramienta de apoyo mutuo. Para todo ello cuentan con coordinarse con otros colectivos dedicados al derecho a la vivienda. Como herramientas se plantean convocar huelgas de inquilinas a nivel estatal, pero por lo pronto descartan la okupación. “Como todo movimiento puede evolucionar, igual que la PAH de 2011 no es igual que la de 2014. Por el momento, no está entre nuestras herramientas”, apunta Abellán. 

Fuera de la M30, también

Al otro lado del mar de coches que es la M30, también se nota la subida de los alquileres. Tampoco hay cifras oficiales, pero echando un ojo a los anuncios y comparando los precios con los de hace medio año, la cifra que retumba es del 20% de aumento, sobre todo en la zona de Puente de Vallecas, donde la cadena de supermercados Carrefour decidió abrir su quinto establecimiento 24 horas en la ciudad.

“En el piso en el que vivía antes, que es de un inversor, yo pagaba 350 euros. Ahora se alquila por 500. Son 21 metros cuadrados”, explica Nieves, miembro de la PAH en este barrio y, desde hace tres años, trabajadora en el sector inmobiliario. Ella misma se vio afectada por esta subida de los alquileres y se encontró con que, una vez finalizado el contrato, el propietario se negó a renovarlo. “No ha querido porque ahora puede sacarle más. Aquí hay mucho inversor que, durante los dos últimos años, ha comprado viviendas y ahora te encuentras de todo, como pisos de dos dormitorios en Puerto Alto por 900 euros”, dice Nieves, quien subraya que el problema se agrava porque ahora también piden una fianza, avales, nóminas más altas o contratos de trabajo indefinido.

La parte más dramática

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el tercer trimestre de 2016 los de alquiler ya eran el 55,1% de los desahucios a nivel estatal. En el caso de Madrid, el 72,7% —970 de los 1.333—. “Hay muchos casos que ni siquiera quedan registrados, al no iniciarse demanda. Mucha gente se va de buenas con el casero”, explica un portavoz de PAH Vallecas, que alerta de que en estos meses están llegando a su fin los miles de contratos de alquiler social firmados tras la explosión de desahucios hipotecarios de 2012.

El caso de Alicia es uno de ellos. “A mí me desahuciaron en 2012”, explica a El Salto. Después de quedarse con una deuda de 140.000 euros —del total de 260.000 de su hipoteca—, Alicia acudió a la PAH de Usera. Antes había pedido ayuda a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que le ofrecieron pasar unos días en un albergue, y estuvo unos meses en un piso alquilado por 700 euros. “Mi nómina es de 700 euros —trabajando en ayuda a domicilio de personas mayores—, pero en ese momento mi hijo trabajaba y mi hija también hacía pequeños trabajos”. A través de la PAH consiguió, un año después, que Deutsche Bank, la entidad con la que tenía contratada la hipoteca, le dejara en régimen de alquiler social —por 400 euros mensuales— el mismo piso del que la había desahuciado —que se encontró sin calefactores ni puertas— y por el que siguió pagando letras de 800 euros hasta que el banco lo subastó. El nuevo propietario del piso, el fondo de inversión Placerville Invest —administrado por Belén Garrigues, quien acompañó a Sheldon Adelson en su intentona de Eurovegas de 2014—, le exige que abandone su vivienda antes de que acabe mayo. “He pedido ayuda a la EMVS, al IVIMA, a Servicios Sociales, y dicen que no tienen pisos para mi caso. El Deutsche Bank dice que ha vendido todo el paquete, y yo no puedo alquilarme un piso del mercado porque no llego”. Si volvemos a los anuncios y esta vez buscamos por Usera, los resultados no son muy distintos de los ya expuestos. En Idealista tan solo había tres anuncios de pisos por 500 euros mensuales o —algo— menos, dos de ellos de una habitación. El piso más barato de tres habitaciones costaba 650 euros. 

¿Y el alquiler social?

“Prácticamente no se ha hecho nada. Desde luego, el IVIMA no ha hecho casi nada, y la EMVS ha hecho poco”, sentencia Vicente Pérez, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). Desde que los gobiernos local y regional de Ana Botella y Esperanza Aguirre se lanzaron a vender 4.800 viviendas hasta entonces de alquiler social a fondos buitre, el parque público en Madrid se ha incrementado “muy poquito o nada. No hemos vuelto a cifras anteriores a estas ventas ni de broma, estamos muy lejos”, añade Pérez, quien resalta, en cuanto a la empresa de vivienda municipal, la paralización de la última venta dictada por Botella y la restitución de los contratos de estas viviendas en cuanto a la duración de cinco años y la prórroga automática -anulados en junio de 2015- como los principales pasos dados por el gobierno de Ahora Madrid.

Los datos que baraja la FRAVM sobre las viviendas en manos de la EMVS ronda las 6.000. En el caso del IVIMA, desde esta institución regional han confirmado a El Salto que el parque asciende a 23.000 viviendas, de las que, según deduce la FRAVM, algo más de la mitad estarían ubicadas en Madrid capital y el resto en otros municipios de la comunidad. España está a la cola europea en parque de vivienda social. Tan sólo un 2,4% del parque de vivienda está protegida, según los últimos datos de Housing Europe, de 2015, frente a los números de Países Bajos (33%), Francia (17,4%), Reino Unido (18,2) o Alemania (4,2%).

De aquellos polvos…

“Desde los 60, las políticas han ido enfocadas a garantizar el acceso a la vivienda, pero también a apoyar el sector de la construcción y a fomentar la propiedad privada”, explicaba Mercedes Revuelta, portavoz del proyecto de Iniciativa Legislativa Popular de Vivienda de Madrid, durante la presentación del Sindicato de Inquilinos. Políticas enfocadas a “hacer de cada español un propietario”, parafraseando al ministro franquista de Vivienda José Luis Arrese. Revuelta apunta a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, con la que se empezaba a apostar fuerte por el alquiler y la rehabilitación —pero sin obligar al mantenimiento de los precios de la vivienda en régimen de alquiler— y se disminuía de cinco a tres años la duración de los contratos. En 2011 ya se había creado se creaba la figura del ‘desahucio exprés’ y pocos meses antes, el PSOE había creado las Socimi, una figura financiera destinada a la inversión en viviendas, con tributación cero sobre sus beneficios. Después llegaría la explosión de apartamentos turísticos, Airbnb y la última vuelta de tuerca, Housers, una plataforma en la que cualquier persona puede ser inversor en el sector inmobiliario bajo la forma de crowdfunding.

“Lo que está claro es que van a sacar rentabilidad y son sociedades que no contribuyen en nada. Su fiscalidad es ridícula y su configuración es tal que pueden hacer empresas fantasma difíciles de controlar”, explica la urbanista Raquel Rodríguez sobre las socimi y los fondos de inversión.

¿Una regulación del alquiler?

“En España el precio del alquiler estuvo congelado hasta el decreto Boyer, en el año 85”, recuerda Rodríguez, quien explica que, en esa época, la congelación de los alquileres fue una de las medidas que se implantaron en toda Europa después de la guerra. “La mayoría de la gente estaba de alquiler y, si no hubieran congelado el precio habría habido una expulsión masiva de población, que era lo que ya les faltaba”, continúa. Sin embargo, la cara amarga fue la repercusión que esta congelación tuvo en el estado del parque de vivienda: “Una de sus consecuencias directas fue la no inversión de los propietarios en los edificios, se produjo aquí y en toda Europa”.

Y, ¿sería posible y positiva una regulación ahora? Según esta urbanista, es “una de las cosas que no estaría mal hacer, peor no sólo en los alquileres, también en la compra. Habría que intentar controlar o regular de alguna manera el mercado inmobiliario”. Como obstáculo: la normativa comunitaria, que pone difícil cualquier regulación que entorpezca el libre mercado. Y como principal problema: congelar los precios del alquiler coincidiendo con el momento más alto del ciclo actual. “En Barcelona se ha llegado a hablar de índices y de establecer porcentajes por zonas o municipios, medidas que se importan de Berlín o París”, explica Rodríguez. Sin embargo, en Madrid, según subraya, ni siquiera se dispone de índices oficiales sobre el precio del alquiler. “El lugar donde todo el mundo acaba mirando los precios de la vivienda es Idealista”, concluye.