34 días sin que el Gobierno retire el recurso de Rajoy contra la ley antidesahucios catalana

Han pasado 34 días desde la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y 38 desde que definiera como prioritaria la política social en su discurso de la moción de censura contra Mariano Rajoy. El de hoy será el quinto consejo de ministros del nuevo Gobierno. Una simple orden al abogado del Estado, para la que no es necesaria consulta parlamentaria alguna, podría hacer que el Constitucional levantara la suspensión contra la ley catalana 24/2015 de medidas contra los desahucios y la pobreza energética, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy en mayo de 2016.

Así se lo ha recordado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a Pedro Sánchez en una carta difundida esta mañana junto con las demás organizaciones promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular catalana que en 2015 logró el apoyo del Parlament para la aprobación de la que terminaría siendo la ley 24/2015. “La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular y Mariano Rajoy, por lo cual es imprescindible recuperarla” señala la PAH, la Alianza Contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc en el comunicado difundido hoy.

Existe un posible escollo para que Sánchez no retire el recurso del Gobierno contra esta Ley: otra ley aprobada por el Parlament catalán, la 4/2016, sustituyó a la promovida por las organizaciones sociales después de que el Constitucional admitiera a trámite el recurso del Gobierno del PP. El problema es que Rajoy también recurrió esta ley, y que el Constitucional también admitió a trámite este recurso. La primera reunión oficial de Sánchez con el presidente catalán, Quim Torra, es este lunes, y en la agenda de Torra no está la retirada del recurso contra la norma impulsada por la PAH en 2015, sino la impulsada por Puigdemont en 2016.

Las organizaciones promotoras de la ley 24/2015 (que fue aprobada con el apoyo de todo el Parlament) consideran que el texto es más garantista y ambicioso que el promovido por la Generalitat. En una carta anterior, ya solicitaron a Torra que la 24/2015 fuera prioritaria en su listado de leyes catalanas anuladas por el Constitucional. “La nueva norma no era tan efectiva como la original porque la expropiación implica trámites muy lentos, es cara y porque requiere transferir –otra vez- dinero público a los bancos”, señalaban en la misiva, para la que todavía no han tenido respuesta de Torra.

Según explica a El Salto Lucía Delgado, portavoz de PAH Barcelona, las firmantes de ambas cartas se han reunido esta semana con todos los grupos políticos del Parlament catalán para sondear su posición casi tres años después de la aprobación de la 24/2015. “Hoy siguen a favor de recuperar esta ley”, ha asegurado. Según Delgado, también el responsable de vivienda de Junts pe Si, Antoni Morral, manifestó a la PAH que la 24/2015 "es una ley que ha funcionado y que hay que recuperar".

La PAH destaca que en los meses que estuvo vigente, la norma “paró miles de desahucios, corresponsabilizó a los grandes propietarios asegurando realojos adecuados cediendo su vivienda vacía; y la parte de pobreza energética, que no se tocó, continúa en estos momentos, parando miles de cortes de suministros”.

En abril de 2016, ante el peligro de que el PP recurriera la norma, la PAH consiguió el compromiso por escrito de la mayoría de grupos parlamentarios para la retirada del recurso en el caso de que Rajoy perdiera las elecciones o fuera desalojado del poder. Entre las firmas, la de la encargada parlamentaria de vivienda en el PSOE, la diputada Mar Rominguera. El documento también incluía el compromiso de apoyar la propuesta legislativa de la PAH en el Congreso de los Diputados, con medidas que incluyen los dos grandes apartados que no pueden desarrollar a fondo los parlamentos autonómicos: la reforma de la Ley de arrendamientos Urbanos (LAU) y de crédito hipotecario.

Las asociaciones por el derecho a la vivienda y contra los cortes de suministros también participaron “poor responsabilidad” en la ley de la Generalitat que sustituyó a la 24/2015. Las diferencias en torno a la vivienda vacía de los grandes tenedores (como bancos o fondos) radica en el procedimiento escogido por las distintas leyes para “movilizarlas” o ponerlas en uso: la cesión de uso, en el caso de la 24/2015, o la expropiación, en el caso de la 4/2016.

La cesión en uso, según defiende la PAH, implica un proceso más rápido y no exige a la administración el pago de una indemnización a la entidad, que podría alcanzar el precio del mercado. “En el periodo que ha estado vigente [la ley 4/2016] no tenemos constancia de que se haya producido ninguna expropiación”, señala Delgado.

La PAH denuncia que en Catalunya se producen diariamente 43 desahucios, de los cuales un 65% son de alquiler, y destaca que las administraciones no poseen un parque público de vivienda para atender ni siquiera las necesidades de la población que va siendo expulsada: en las llamadas mesas de emergencia de vivienda social se acumulan más de 2.000 solicitudes, y el porcentaje de vivienda pública con respecto al parque total de viviendas es del 2%.