Derecho a la vivienda
Una veintena de entidades reclaman la suspensión de un desahucio en un bloque de Barcelona

En lucha desde 2017, el edificio ha sufrido un goteo de expulsiones desde que lo adquirió un grupo inversor. Está previsto que Queyfour SL hoy desahucie a Eloísa y sus hijos, que no tienen ninguna alternativa habitacional.
El desahucio de la familia de Eloísa ha suscitado la solidaridad de numerosas entidades.
El desahucio de la familia de Eloísa ha suscitado la solidaridad de numerosas entidades. La Directa Soledad Soler

La comitiva judicial, el despliegue policial, la resistencia en el portal y las maletas en la entrada. Probablemente esta es la imagen que la mañana del 28 de septiembre volverá a repetirse en el número 1-3 de la calle del Parlament, junto a la icónica avenida del Paral·lel, en el barrio barcelonés de Sant Antoni. El edificio ha sufrido muchos desahucios, visibles e invisibles —por no renovación de contrato de alquiler—, desde que en 2013 pasó a manos de un grupo inversor, y ahora la amenaza pesa sobre Eloísa y su familia.

La inmobiliaria Queyfour SL quiere desahuciarla, aunque está pendiente de que se resuelva un recurso que reclama un mes de prórroga. El caso del edificio de Parlament repite el modus operandi “comprar, expulsar, reformar y vender”. En 2013 pasó de ser propiedad de dos hermanas en el grupo inversor Levante Capital Partners. Tres años más tarde, lo compró la empresa Elix Servicios Inmobiliarios, que se dedica a comprar edificios por rehabilitar; y en octubre de 2017, acabó formando parte de la cartera inmobiliaria de Queyfour, que tiene propiedades en Barcelona y en Tossa de Mar (la Selva).

En la actualidad, sólo resisten cuatro pisos, tres okupados y uno de renta antigua. Otro está vacío y siete donde viven nuevas inquilinas con alquileres mucho más caros

Como bloque amenazado, Parlament 1-3 también ha estado todos estos años en lucha: cuando despejaban pisos también se ocupaban. Precisamente, Eloísa, su hija de 18 años y su hijo de 21 entraron a vivir en 2019, cuando el Sindicato de Barrio de Poble-sec, con el apoyo del colectivo Fem Sant Antoni, okuparon cuatro de las 12 viviendas. En la actualidad, solo resisten cuatro: tres okupados y uno de renta antigua. Otro está vacío y en siete viven nuevas inquilinas con alquileres mucho más caros, que rondan los 1.500 euros al mes. Desde entonces, según Júlia Parets, miembro del Sindicato de Barrio de Poble-sec, la propiedad se ha negado a negociar un alquiler social, aunque Eloísa se encuentra en situación de vulnerabilidad y está inscrita en la mesa de emergencia.

El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado a la Directa que constan dos expedientes abiertos en 2019 contra la propiedad por “obras sin permisos o no ajustadas a licencia” con sanciones impuestas de 300 euros cada uno. Además, el pasado mes de junio, “se ha incorporado al procedimiento de uno de los dos pisos una denuncia ciudadana de obras ilegales que se está evaluando”.

Habitaciones, hostales y okupaciones

Como tantas personas que sufren procesos migratorios, desde que llegó a Catalunya en 2018, Eloísa y sus hijos han pasado por varias habitaciones y hostales. También okuparon un piso del fondo de inversión Blackstone de donde la desahuciaron y después se trasladaron a la Torre Feminista, un bloque que nació el 8-M, en el marco de la huelga feminista para dar respuesta al emergencia habitacional de varias vecinas del Poble-sec en situación de vulnerabilidad social y precariedad.

Sin embargo, hasta 2020 no logró regularizar su situación administrativa, gracias al acompañamiento de Papers per a Tothom (Papeles para Todos) y, por tanto, estuvo más de dos años en un callejón sin salida: no podía regularizar su situación administrativa porque no conseguía un contrato laboral y, a la vez, nadie quería contratarla porque no se encuentra en situación administrativa regular. Eloísa nació en República Dominicana y se marchó para alejarse de su pareja.

Eloísa recuerda que el año pasado desahuciaron a una familia vecina que estaba okupando: “El mío ya estaba previsto para diciembre de 2022, pero lo aplazaron y ahora tengo miedo de que se ejecute. Vivir con esa incertidumbre y sin alternativa es muy duro. En servicios sociales me han llegado a decir que busque algo fuera de Barcelona, pero tengo toda la vida aquí: el trabajo y mi red”, relata.

El apoyo de la cooperativa de trabajo

Hace un año, la comunidad educativa del barrio de Sants se volcó para detener el desahucio de una familia con tres menores de edad. Ahora, con Eloísa, además del sindicato y de otros colectivos de vivienda, lo hace su entorno laboral —CoopNet— y una veintena de entidades, colectivos y cooperativas, como Papers per Tothom, Sindillar, Impuls Cooperatiu de Sants, Justícia i Pau o Asociación Arcadia. Reclaman que se detenga el lanzamiento y una solución digna.

Eloísa entró a trabajar hace un año en la cooperativa de servicio de limpieza ecológico y solidario, CoopNet, radicada en el barrio de Sants. A raíz de la amenaza de desahucio, las socias convocaron una asamblea extraordinaria para explicar la situación al resto de trabajadoras. Fernanda, socia de la cooperativa, explica que de esa reunión salieron organizadas para hacer difusión del desahucio y listar lo que debería llevarse el 28 de septiembre. Además, decidieron distribuir los servicios de limpieza agendado para el día del desahucio durante la semana y así poder cerrar filas con Eloísa el 28 de septiembre.

En asamblea, CoopNet decidió mover de día los servicios de limpieza agendados para el día del desahucio para apoyar a Eloísa

“Muchas compañeras que llegan a CoopNet cargan una mochila que pesa mucho: migraciones, mujeres solas, sin acceso a una vivienda digna. Por eso, procuramos hacer un acompañamiento y poder acercarlas a los grupos de vivienda”, relata Rita. A la situación de exclusión residencial, a Eloísa se le suman problemas de salud derivados de su trabajo como cuidadora de una pareja de ancianos, que la obligaron a tomar la baja y que dificultan el desarrollo de sus tareas laborales. Júlia Parets del Sindicato de Barrio de Poble-sec subraya que con la nueva ley de vivienda estatal en la mano “debería haberse producido una negociación, que no se ha llevado a cabo y, por tanto, este desahucio debe detenerse”. Por eso, han convocado a las 8:50h delante del edificio. Quien tampoco quiere negociar es Cabot Assets, propiedad del inmueble del número 9 del pasaje Chiprer en Hospitalet de Lobregat, que cuando se okupó era de la Sareb. El desahucio también está previsto para hoy, 28 de septiembre, y el Sindicato de Inquilinos de Hospitalet ha convocado un desayuno a partir de las 9h.

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