El Estado mexicano, responsable de los crímenes contra las mujeres de Atenco

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concluido que el Estado mexicano es responsable de la violencia sexual, violación y tortura sufridas por Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez durante su detención y traslado al Centro de Readaptación Social Santiaguito durante los días 3 y 4 de mayo de 2006.

La Corte determinó que once mujeres sufrieron violencia sexual —por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales— siete de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales —en tanto que parte de los abusos sufridos incluyó la penetración de su cuerpo con alguna parte del cuerpo de los policías o algún objeto— y todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas, incluyendo pero no limitándose a las violaciones sexuales. La sentencia notificada el 21 de diciembre establece que hubo intencionalidad, con el propósito por parte de los agentes policiales de humillar y castigar a las víctimas, como explica la Corte en un comunicado.

Además, la Corte concluye que las torturas fueron utilizadas como una forma de control social y que las víctimas fueron sometidas a distintas formas de violencia verbal y psicológica profundamente estereotipada y discriminatoria. También califica como “degradante” el tratamiento recibido por parte de los médicos.

Como consecuencia, la Corte ordena al Estado como medidas de reparación, entre otras, continuar e iniciar, en su caso, investigaciones sistemáticas con perspectiva de género para sancionar a todos los responsables; brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas; crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México; establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres. Además, se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctima.

Represión de manifestaciones

Los hechos se produjeron durante el operativo realizado por la policía municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la policía del estado de México y la Policía Federal Preventiva en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco, un operativo para reprimir las manifestaciones que se llevaban a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006. En el curso este operativo fueron detenidas las once mujeres.

El Tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones. Señaló que las once mujeres víctimas del caso, de conformidad con la información aportada, estaban ejerciendo conductas pacíficas o de resguardo de su integridad cuando fueron detenidas, por lo que sus detenciones  fueron ilegales y arbitrarias.

En relación con las investigaciones judiciales relacionadas con los hechos de tortura, violencia y violación sexual denunciados por las víctimas del caso, la Corte estableció que las investigaciones realizadas por el Estado no fueron llevadas a cabo con la debida diligencia y no se investigaron todas las posibles formas de responsabilidad individual por los actos de tortura incluyendo la responsabilidad de mando, pese a la existencia de indicios al respecto.

Finalmente, el Tribunal consideró que, como consecuencia directa de la privación de la libertad y tortura sexual de las once mujeres, sus familiares padecieron un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral.