Violencia machista
Un juez retira la custodia de sus hijas a una mujer que denunció malos tratos

Ramatoulaye ha pedido el apoyo del movimiento feminista de la ciudad después de años de desprotección institucional.

yo si te creo
27 ene 2019 18:15

El pasado jueves mujeres de diversos colectivos feministas de Iruñea arroparon a Ramatoulaye y sus dos hijas, de 7 y 10 años, en el momento en el que el padre de las niñas pretendía hacer efectivo el auto judicial que le otorga la guarda y custodia de las mismas. Dicho auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº1 de Agoitz, basa su dictamen en síntomas de lo que es conocido como Síndrome de Alienación Parental, es decir, la supuesta manipulación de la madre para enfrentar a sus hijas contra el padre. En plena calle, junto con el grupo de apoyo, Ramatoulaye y sus hijas esperaban al padre. Al verle las niñas se pusieron a llorar y a temblar, negándose a ir con él, por lo que el padre se marchó sin ellas.

Ramatoulaye ha pedido el apoyo del movimiento feminista de la ciudad después de años de desprotección institucional. “Quiero que todo el mundo vea que son las niñas las que no quieren ir con su papá, no que yo lo estoy impidiendo”, les dijo Ramatoulaye. El padre de las niñas, médico y natural de Palencia, acumula varias denuncias interpuestas por Ramatoulaye por violencia de género y abuso de menores, todas ellas archivadas sin juicio. A pesar de ello, en sentencia de abril de 2018 se le concedió un régimen de visitas que según él Ramatoulaye nunca cumplió. “Tengo los informes del punto de encuentro y del psicólogo que demuestran que eso es mentira y que ha sido él quien han incumplido el régimen de visitas presentándose en mi casa todos los días”, asegura Ramatoulaye.

El auto de Juzgado de Violencia sobre la Mujer, de 18 enero de 2019, determina la retirada de la custodia de las niñas a Ramatoulaye, concediéndosela al padre, con afirmaciones como que la madre ejerce una “notoria mediatización o manipulación sobre sus hijas hasta el punto de que estas últimas expresen verdadero temor a su padre”. El padre, en cambio, según el mismo auto es valorado como “coherente, rotundo y con un aplomo remarcable”. Asímismo, este Juzgado ha oficiado a Servicios Sociales y a Protección al Menor para que investigue el domicilio de Ramatoulaye, donde vive con sus hijos e hijas.

Ramatoulaye ha pasado por todo este proceso judicial en una completa indefensión. “No me han facilitado un intérprete desde el divorcio y he tenido hasta cuatro abogados de oficio”, denuncia Ramatoulaye. “Estos son hechos que contravienen la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, asegura a HORDAGO su nueva abogada, que se ha hecho cargo del caso desde el jueves. “Hemos recurrido el auto y hemos solicitado la nulidad de oficio por incumplimiento de la Ley de Protección del Menor, ya que la voz de las niñas no ha sido tenida en cuenta en ningún momento”, asevera la abogada de Ramatoulaye.

Un síndrome patriarcal y adultocéntrico

Inventado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner en 1985, su uso viene siendo habitual en las denuncias por agresiones sexuales a menores por parte de sus padres. Este falso síndrome ha sido ampliamente criticado y no es reconocido como un trastorno por las comunidades médicas y legales. A pesar de ello sus supuestos son utilizados de forma recurrente por padres y jueces para evitar que se investiguen las verdaderas razones por las que las niñas y niños rechazan a su progenitor.

El Estado español está siendo investigado por el Parlamento Europeo por incumplimiento de las normas de la UE en el ámbito de la protección de los derechos de menores que denuncian haber sido víctimas de agresiones sexuales y malos tratos. Hace tres años la eurodiputada gallega Lidia Senra, del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, presentó una demanda que recogía al menos tres cuestiones en este sentido: el uso generalizado en la judicatura española del falso Sindrome de Alienación Parental a pesar de que incluso el CGPJ ha instado a los jueces a que no lo utilice, la falta de credibilidad que se otorga a la declaración de la víctima menor de edad y la falta de asistencia psicológica a los y las menores sin consentimiento de los padres.

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