Senegal
Resiliencia frente a la discriminación en tiempos de pandemia de las mujeres y personas con diversidad funcional de La Casamance en Senegal

La estructura del sistema-mundo desigual y dependiente en el que vivimos está provocando una crisis interconectada a la luz del COVID-19 que afecta en mayor medida a los países dependientes y, dentro de ellos, a los colectivos más vulnerables.

Este es el caso de Senegal, un Estado altamente dependiente como resultado de un proceso de colonización depredador y extractivista y, después, de los planes de ajuste estructural en la década de los 80, que lo convirtieron en país productor de materias primas para la exportación y con un mercado financiero y monetario dependiente. Así, Senegal y, concretamente, la región de Casamance, es altamente frágil ante crisis mundiales como la actual.  A esto se une una población mayoritariamente rural y dedicada al trabajo informal, con sectores más vulnerables, que sufren las consecuencias de estas dobles desigualdades entre países y dentro de los Estados.

PANDEMIA Y MUJERES DE LA CASAMANCE

Aunque con grandes diferencias entre mujeres de ámbitos rurales y urbanos, mujeres cabezas de familia o no, mujeres con empleos formales y aquellas con empleos informales, algunos efectos que el COVID-19 está provocando sobre la vida de las mujeres en esta zona del sur de Senegal son comunes, y guardan similitudes con ciertos efectos que están siendo observados en algunos sectores sociales en Europa.

Un sector de mujeres que se está viendo fuertemente impactado por las medidas del COVID-19 son las mujeres cabezas de hogar, que llevan toda la responsabilidad económica del mantenimiento de sus familias y que, en la gran mayoría de los casos, se ganan la vida a través del comercio informal. Así mismo, en las zonas rurales la posibilidad de obtener alimentos está siendo cada vez más difícil, llegando a situaciones de inseguridad alimentaria y dejando en situaciones de gran vulnerabilidad a las mujeres, que asumen de facto la responsabilidad de alimentar a sus familias.

Además del impacto económico y la reducción de los derechos de las mujeres y sus medios de vida, no debemos olvidar el impacto emocional que esta crisis está teniendo sobre ellas.  Con sus hijas e hijos en casa, sin colegio, las mujeres cargan con su cuidado y con la responsabilidad de asegurar que esas criaturas cumplan con las medidas sanitarias y de seguridad impuestas. Por otro lado, la carga emocional de aquellas mujeres con familiares o parejas en el extranjero, que no sólo están sufriendo por la gran reducción de los ingresos familiares a través de las remesas, sino también por las preocupaciones sobre el bienestar de sus seres queridos.

Por último, la reducción de actividades por parte de las mujeres en el medio asociativo está disminuyendo el acompañamiento y las acciones para la promoción de los derechos de las mujeres, dejando en situación de mayor desprotección y falta de apoyo a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad.

Pandemia y personas con diversidad funcional de la Casamance 

Las personas con diversidad funcional constituyen otro de los colectivos más vulnerables y más impactados por esta crisis. En Casamance, concretamente, encontramos, aunque con un subregistro importante, las tasas de prevalencia de personas con diversidad funcional más elevadas de Senegal[1], como consecuencia, entre otras muchas razones, del conflicto armado y la utilización de minas antipersonas. 

Este colectivo, en circunstancias generales, sufre una inmensa discriminación social, política y económica en el país. Desde que nacen, dentro de sus propias familias deben hacer frente a rechazos, estigma y discriminaciones, ya que sigue habiendo muchas familias que no las aceptan y que las ven como “cargas”. Aunque poco a poco esta situación ha ido cambiando, estas discriminaciones han afectando particularmente a las mujeres, quienes encuentran grandes problemas a la hora de casarse y formar una familia, elementos fundamentales para alcanzar la aceptación y valoración social dentro de la sociedad senegalesa.

Además, esta discriminación se traduce en su imposibilidad de acceder a la educación y al empleo, por un lado, como consecuencia de la falta de adecuación de los centros y del profesorado y, por otro, en el rechazo social que sufren. En cuanto al empleo, las personas con diversidad funcional suelen ocupar empleos informales, debido al rechazo de empresas a ser contratadas y las escasas ayudas y mecanismos estatales para asegurar que accedan a un empleo digno. Por tanto, discriminadas en todas las esferas de la vida tampoco encuentran representación política, siendo excluidas de los espacios de toma de decisiones donde expresar sus necesidades y demandas. En definitiva, aunque existan regulaciones legales de protección de personas con diversidad funcional como la Ley de Orientación Social de 2010, existe un desfase entre el marco legislativo y la voluntad política y las realidades de este colectivo.

Sin infraestructuras y sistemas educativos adaptados, sin acceso a un empleo digno y a una representación política, y sufriendo el rechazo social ya incluso desde el seno de sus familias, las personas con diversidad funcional están sufriendo graves impactos negativos con la crisis del COVID-19. Este colectivo ha visto cómo sus ventas se han visto completamente paradas, ya que en estos momentos no pueden producir sus productos ni venderlos en los mercados, recluyéndose en sus hogares, lo que en muchos casos reduce aún más su movilidad. Además, el cese de las formaciones y programas de apoyo las ha dejado descubiertas de redes de apoyo con las que contaban, aislándolas aún más. Por otro lado, la exclusión política de este colectivo se ha mantenido en las respuestas estatales a la crisis, ya que en los comités ciudadanos creados para la elección de personas vulnerables elegibles para apoyos estatales en comida no se ha contado con la participación de personas con diversidad funcional, agravando su exclusión e impidiendo una respuesta a las problemáticas concretas que les afectan.

Por último, es conveniente recordar que muchas de las personas con diversidad funcional sufren enfermedades crónicas, convirtiéndolas en población de riesgo frente al virus.

Frente a estas múltiples discriminaciones y dificultades, tanto las personas con diversidad funcional, bajo la Unión Regional de Organizaciones de Personas con Diversidad Funcional, como las mujeres, bajo diversos colectivos, se están organizando para crear redes de apoyo y de solidaridad. Así, están realizando acciones de sensibilización para explicar las medidas higiénicas y cómo evitar el contagio del virus y sobre la situación que viven sus colectivos. También están distribuyendo material higiénico al personal sanitario y a las comunidades, demostrando así su solidaridad y su capacidad de resiliencia frente a situaciones de crisis.

Crisis global e interrelacionada 

El efecto que la crisis está provocando sobre los sectores más vulnerable de la población, considerando que la gran mayoría de la población en Senegal vive de la economía informal, con ingresos diarios resultantes del pequeño comercio o del trabajo en transportes como las moto-taxis (yacarta), está agudizado por la dependencia de las economías del sur global y, particularmente de África.  Senegal – como muchos otros países de África del Oeste – importa la mayoría del arroz que consume de países asiáticos quienes, ante esta emergencia sanitaria podrían reducir enormemente sus stocks de arroz para la exportación, como ocurrió en la crisis de 2008, lo que se traduciría en un aumento de los precios del arroz y una seria crisis alimentaria. 

Añadido a esto, un elemento clave de la subsistencia de muchas familias en Senegal en general, y en Casamance en concreto, son las remesas enviadas por la diáspora africana, que se están viendo reducidas en gran medida por el brutal impacto de la crisis sobre la población migrante, que ocupa gran parte de los empleos precarios y/o de servicios.  

Observamos, así, patrones reiterados en el funcionamiento del capitalismo depredador y destructor, tanto en África como en Europa, con un sistema interdependiente de Estados globalizados, que se sostiene gracias al expolio, la explotación y el mantenimiento de las desigualdades entre Estados y entre personas.

Datos sobre la situación en Senegal

Aunque con unas semanas de retraso respecto al impacto en el continente europeo, la pandemia del coronavirus llegó al continente africano a mediados de marzo de 2020. Sin embargo, las medidas de prevención y de contención se tomaron con mayor antelación que en Europa o Estados Unidos, y se declararon estados de alarma en numerosos países africanos antes de llegar incluso a los 50 contagios.

Tal es el caso de Senegal, donde se inició el Estado de emergencia el 23 de marzo a la vez que se instauró un toque de queda de ocho de la tarde a 6 de la mañana, así como restricciones de movimiento entre regiones y el cierre de mercados en algunas zonas del país. Medidas que se complementan con fuertes acciones de sensibilización en las comunidades, para reducir la transmisión y el desborde y colapso del carente sistema sanitario. Actualmente, nos encontramos en lo que parece ser el pico de contagios desde que se registraron los primeros casos, pasando de 412 casos el 21 de abril a 2.480 casos el 18 de mayo, según los datos registrados por el Ministerio de Salud[2], que podrían ser enormemente inferiores a los casos reales.

[1] Mientras que la tasa nacional es del 5,9%, en la región de Ziguinchor es del 8,1%. Fuente: « Recensement Générale de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage », ANSF.  

[2] Ministerio de Salud. Disponible en <<MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE>> 

Para más información, consultar resumen sobre la situación general del COVID-19 en Senegal, Au-Sénégal. Disponible en: https://www.au-senegal.com/coronavirus-ou-en-sommes-nous-au-senegal,15872.html?lang=fr