Así son las víctimas del INSS (y de los decretos que hacen que la sanidad en España no sea universal)

Desde hace un año, Adriana y su madre, Magaly, caminan en un laberinto “lleno de altas paredes”, en palabras de la primera. Ella, ciudadana española, pidió en 2017 el reagrupamiento familiar para su madre. Y desde ese momento ambas iniciaron una ruta de los sordos que las ha llevado a una conclusión desalentadora y que desmonta la versión oficial: en España no hay atención sanitaria para todo el mundo.

“Al tener la residencia legal, solicité ante la Seguridad Social incluirla como beneficiaria para obtener su tarjeta sanitaria y la respuesta fue negativa”, explica Adriana a El Salto. En el laberinto toparon con puertas cerradas allá por donde se movían, según recuerda: “Perdimos la cuenta de cuántos sitios visitamos pidiendo el derecho a la salud para mamá, fuimos a diferentes sedes de la Seguridad Social y en ninguna me dieron posibilidad alguna. Consejería de salud, centros de salud, visitas donde cada puerta se nos cerró y con ellas la posibilidad de recibir atención médica y menos aún derecho a medicina. Entonces supimos que en España el derecho a la salud no es universal”.

Adriana se vio en la obligación de contratar un seguro privado si quería que su madre, ya viviendo en España, tuviera asistencia médica. 1.800 euros al año que exceden su presupuesto y que han dejado de pagar.

Hoy siguen sin respuesta y tampoco ven “acciones que demuestren que esto está cambiando con la nueva ley”, dice Adriana, que también se pregunta “qué sucede con este derecho humano vulnerado no sé por quiénes ni por qué. Es muy duro tener que rogar por esto”.

Las dos estuvieron el jueves 15 de noviembre en la concentración convocada a las puertas del Ministerio de Sanidad en Madrid por el Colectivo de Afectadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Un grupo de personas con nacionalidad española que han decidido reagrupar a sus familias y se han encontrado con que este organismo, dependiente de la cartera cuya titular es María Luisa Carcedo desde septiembre, niega a sus padres y madres el derecho a la atención sanitaria y les obliga a contratar un seguro privado. Un colectivo víctima del Real Decreto Ley 16/2012 que excluyó de la sanidad universal a numerosas personas. Y que el Real Decreto Ley 7/2018, firmado por Pedro Sánchez en julio, no parece haber revertido, pese a los grandes titulares y la alegría con que se anunció por parte de los portavoces gubernamentales.

“Lo que hace el Instituto Nacional de la Seguridad Social es directamente ilegal”, afirma Antón, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, organización que apoya las reclamaciones y que ha presentado las demandas judiciales que están dando la razón a las familias. “Entendíamos que simplemente poniendo un recurso judicial se conseguiría la tarjeta sanitaria para estas personas. También se llamaría la atención sobre cómo siguen existiendo colectivos a los que se niega la sanidad”, añade.

La respuesta judicial ha dado la razón a las contundentes palabras de Antón (y a las familias): ya son más de 60 las sentencias en ocho comunidades autónomas favorables a los demandantes, que obligan al INSS a facilitar la tarjeta sanitaria a estas personas. Pero esto no está sucediendo, asegura el portavoz: “El INSS no ha cambiado su normativa y sigue exigiendo a estas personas que contraten un seguro privado y denegándoles la tarjeta sanitaria”. Esta respuesta hace dudar al colectivo de que “el Gobierno y la nueva ministra de Sanidad quieran alcanzar la universalidad en la sanidad”.

Lara es una de las personas que optó por la vía judicial para garantizar que su padre, con nacionalidad venezolana y residencia legal en España desde hace más de un año, pueda ser atendido por el médico. “Solicitamos al INSS su inclusión como beneficiario de mi tarjeta sanitaria y fue cuando nos enteramos de que por el Real Decreto Ley 16/2012 ya no era posible o por lo menos fue lo que nos hicieron creer: que no tenía derecho a la asistencia sanitaria”, afirma. Entonces, al igual que les pasó a Adriana y Magaly, se vieron en la obligación de contratar un seguro privado para mayores de 65 años, con un coste muy elevado.

Tras un largo proceso en el que ha pasado por “solicitudes, reclamaciones, denegaciones, recursos que siempre fueron negados por el INSS”, Lara y su padre acudieron a los tribunales, donde les han reconocido el derecho.

“Me pregunto —concluye— cómo es posible que una Administración vaya en contra de la ley, cuando reiteradamente los tribunales nos están reconociendo el derecho”.

Los padres de Leticia también tuvieron que pleitear para disponer de tarjeta sanitaria. Ella vive en España desde hace 15 años, con nacionalidad española y origen cubano. En 2016 reagrupó a su padre (73 años) y su madre (70 años). “Una vez aquí —recuerda—, al solicitar la tarjeta de residencia en Extranjería, nos piden cobertura sanitaria pública o privada. En un primer instante no le doy mayor importancia pues pensé que si iba al INSS, sin dificultad alguna obtendríamos la tarjeta, y que, además, un seguro privado como tal no fue un requisito que nos pidieron en ningún momento del proceso de obtención del visado de familiar comunitario en el país de origen”.

En las dos oficinas del INSS a las que acudieron les informaron de que, desde 2012, los familiares reagrupados no tienen derecho a la atención sanitaria. Pero también toparon con confusión y dudas. “Nos llamó la atención —reconoce Leticia— que en ambas oficinas alguna funcionaria dijo que sí. Nadie sabía bien, se contradecían, hasta que llegaba alguien aparentemente con un cargo superior, y ratificaba la denegación. No se nos informó tampoco de que podíamos solicitarlo por escrito. También llamé por teléfono al número de información del INSS, y de tres veces que lo hice, en una un funcionario que me atendió me aseguró que sí tenían derecho y fue el único que me habló de solicitarlo por escrito”.

Adriana, Lara y Leticia se muestran muy agradecidas por el apoyo que Yo Sí Sanidad Universal ha ofrecido a sus casos. Antón, su portavoz, critica la actuación del PSOE y considera que “sigue habiendo múltiples colectivos excluidos, los mismos que quedaron fuera con el RDL 16/2012. La pléyade de problemas a que dio lugar aquel decreto no ha sido solucionada”. En su opinión, las cosas no han mejorado pese a la “palabrería y mercadotecnia” del actual partido en el Gobierno sobre este asunto: “No solo la sanidad en España no es universal sino que el nuevo RDL ha echado por tierra las normativas autonómicas y subterfugios legales que desarrollaron muchas comunidades para poder incluir a estos colectivos. La situación es, como mínimo, igual que con el decreto anterior y probablemente peor en tanto en cuanto las comunidades autónomas no logren volver a arbitrar mecanismos que les permitan incluir a los pacientes que siguen estando excluidos”.