Mantener el proyecto Castor cuesta más de 15 millones al año

Una pregunta parlamentaria destapa que el proyecto Castor, el almacén de gas que provocó más de 1.000 seísmos en 2013, cuesta 15,7 millones de euros al año en mantenimiento. Cantidad que se tiene que sumar a los 1.351 millones de euros que se le pagó, por real decreto de urgencia, a ACS, la empresa de Florentino Pérez, a modo de indemnización por dejar de utilizar el almacén.

El ministerio de Industria y Energía tuvo que admitir, tras los informes del MIT y la Universidad de Harvard, que el proyecto Castor fue el causante de más un millar de temblores que sacudieron los municipios de Benicarló, Vinaròs y Alcanar en octubre 2013. Desde entonces, el Gobierno ha optado por mantener la planta en estado de hibernación en lugar de desmantelar.

15,7 millones anuales que se suman a la indemnización de 1.351 millones que se le pagó a ACS

Por ese motivo, el coportavoz de EQUO y diputado en el grupo parlamentario Unidos Podemos, Juan López de Uralde, realizó una pregunta al Gobierno para que hicieran públicos los gastos en los que se incurre para mantener una plataforma ahora inservible. El Gobierno ha contestado a la pregunta informando que el coste de mantenimiento es de 15,7 millones de euros anuales. Para López de Uralde: “La plataforma Castor es un pozo sin fondo para las arcas públicas; no solo nos ha costado 1.300 millones indemnizar a la empresa ACS, sino que además su mantenimiento cuesta otros 15 al año”.

El proyecto Castor es un almacén geológico de gas. Un antiguo yacimiento de petroleo que, una vez vaciado, se utilizó para depositar gas. Este gran agujero en la tierra se encuentra a 22 kilómetros mar adentro en la costa del norte de Castellón. Al producirse los terremotos fue paralizado. Pero los inversionistas y la empresa de Florentino Pérez, no solo no respondieron por lo daños ocasionados por los terremotos, sino que fueron indemnizados por ello.

En octubre de 2014, justo un año después de los temblores, el Gobierno del Partido Popular aprobaba el Real Decreto Ley 13/2014 por el que se aceptaba la renuncia del megaproyecto y se indemnizaba a ESCAL UGS con 1.351 millones de euros, para que la empresa pudiera devolver el dinero a los inversores que habían adquirido bonos emitidos mediante una operación en Luxemburgo. La millonaria indemnización fue pagada en un tiempo récord de 30 días. “Los bonistas no han perdido ni un solo céntimo, solo la posibilidad de ganar”, declaraba en el juicio popular que se le hizo en junio de 2017 en Barcelona Mónica Guiteras, integrante del Observatori del Deute en la Globalització (ODG). “Ese Real Decreto va contra los intereses generales y por lo tanto los cargos políticos que tomaron estas decisiones son culpables de prevaricación”, sentenciaba Guiteras.

Para Blanca Bayas, también del ODG, este caso no es el único y lamenta que: "Estos proyectos forman parte de un modelo económico que nos endeuda inútilmente", y añade que "deja en evidencia que el negocio del Castor era construirlo y mantenerlo, siendo la ciudadanía quien tiene que cargar con esta losa y unos pocos los que se benefician".