Pobreza energética
La junta de accionistas de Endesa más movida

Seguramente, a Borja Prado le hubiera gustado despedirse de la presidencia de Endesa de otra manera. Tras una década al frente de la empresa, y otros dos años como consejero, Prado presidió su última junta de accionistas el viernes 12 de abril entre las protestas de empleados —que van a secundar la primera huelga en la historia de Endesa por la negociación del convenio—, los abucheos de accionistas y también las intervenciones críticas de activistas contra la pobreza energética y ecologistas que aprovecharon el turno abierto de palabra para denunciar la actuación de Endesa como compañía eléctrica y su inacción frente al cambio climático.

Así, María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), tomó el micrófono en la reunión celebrada en el Hotel Marriott Auditorium de Madrid para denunciar el trato que las personas en situación de vulnerabilidad reciben por parte de Endesa. Campuzano recordó que empresas de recobro y despachos de abogados contratados por la compañía generan grandes dosis de angustia a las familias con deudas pendientes a través de cartas confusas y constantes llamadas telefónicas, actuaciones que ya han sido rechazadas por el Síndic de Greuges de Cataluña.

En una intervención de cinco minutos, la portavoz de APE exigió a Endesa el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, no solo erradicando por completo los cortes a hogares vulnerables y firmando los “necesarios convenios con la Generalitat para sufragar las facturas impagadas y las deudas contraídas hasta día de hoy”. Como ya hiciera en la junta de accionistas de Naturgy, Campuzano recordó que “la única salida viable para estas familias es su condonación. El fraccionamiento ha demostrado ser totalmente inútil y es imprescindible que todas ellas puedan empezar de nuevo sin pesadas mochilas sobre la espalda en forma de deuda”.

La activista también mencionó la “grave vulneración de derechos que supone que personas que por necesidad se encuentran ocupando una vivienda en precario no puedan acceder a un contador y se vean abocadas a pinchar la luz”.

En la réplica, calificada por APE como “vergonzante”, Prado aludió a los convenios que se han firmado y rechazó la instalación de los contadores sociales.

En la junta de accionistas también intervinieron portavoces de varias organizaciones ecologistas, como una representante de Greenpeace, otra de IIDMA, en nombre la plataforma Un Futuro Sin Carbón, y otro de la Fundación Fiare-Finanzas Éticas en nombre propio y de la red de inversores responsables Shareholders for Change que promueve el activismo accionarial.

Coincidiendo con la presentación del nuevo presidente de Endesa, Juan Sánchez-Calero, las organizaciones ecologistas y de inversiones éticas exigieron a la empresa un mayor compromiso en el proceso de una transición energética justa y una mayor responsabilidad social corporativa, ya que Endesa es la empresa más contaminante en España.

Asimismo, ante las puertas del hotel se concentraron numerosos trabajadores, en protesta para que que se reabra la negociación del convenio, que lleva más de dos años estancada.

Un beneficio de 1.511 millones de euros

Prado deja la presidencia de Endesa debido a las discrepancias con el principal accionista, el grupo italiano Enel que cuenta con el 70% del capital de la energética española. En su lugar llega el abogado Juan Sánchez-Calero, nombrado este viernes consejero y presidente de la energética. A diferencia de Prado que tenía el cargo de presidente ejecutivo “sin poderes”, Sánchez-Calero tiene el de “presidente no ejecutivo”, aunque sus funciones serán las mismas que las de su predecesor, según aseguró José Bogas a la prensa a su salida de la junta.

Según eldiario.es, Prado abandona la empresa con una retribución acumulada que ha ascendido desde su nombramiento como consejero de Endesa en 2007 a unos 24,7 millones por sus funciones como vocal y ejecutivo, otros 2,2 millones en aportaciones a su plan de pensiones y 1,2 millones para su seguro de vida. A ello se suma el millón que, aproximadamente, cobrará por estos 101 días de 2019 y la indemnización de 13,8 millones que recibirá tras su cese.