El organismo que depende de aquellos a quienes debe vigilar

El Consell de Transparència, órgano encargado de responder las reclamaciones en esta materia y vigilar la publicidad activa de las administraciones, se balancea entre su dependencia al Gobierno valenciano y la falta de recursos.

Transparencia
El lema "paredes de cristal" para definir la necesidad de transparencia de las instituciones se ha topado con obstáculos de distinta índole. Foto de Rogério Guimarães.

publicado
2018-05-07 08:24:00

Con la aprobación de la Ley valenciana de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana se creó el Consell de Transparència  para “garantizar los derechos de acceso a la información y velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y buen gobierno”. Pero el exceso de funciones, los escasos recursos y el desconocimiento de la ciudadanía han marcado el descontento de este órgano. 

Sin embargo, existe un hecho más grave. La lógica manda que un organismo que debe fiscalizar a la administración pública sea independiente de ella, pero no sucede así en el Consejo de Transparencia valenciano. Aunque con independencia funcional, orgánicamente forma parte de la Conselleria de Transparencia, y los miembros de su comisión ejecutiva han reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de salir de este paraguas.

Aunque tiene independencia funcional, orgánicamente el Consell de Transparencia forma parte de la Conselleria, situación que sus miembros reivindican modificar

La ley plantea que el Consell de Transparència se compondría de una comisión ejecutiva, otra consultiva y una oficina de apoyo. La ejecutiva la formarían un presidente y tres vocales elegidos por Les Corts y propuestos por los partidos políticos. Así, con la llegada al Parlamento de nuevas fuerzas políticas, fue necesario incrementar a cinco el número de miembros. Actualmente tres de ellos son catedráticos de Derecho, una es profesora de esta materia y la otra es periodista.

Emilia Bolinches, vocal del Consejo, considera que su perfil de comunicadora palia de alguna manera la ausencia del otro pilar que contemplaba la ley: la comisión consultiva. Este grupo debía asesorar al ejecutivo y ser nexo entre los actores sociales y el Consell de Transparència, ya que entre su composición contempla a representantes de las universidades públicas, municipios, organizaciones sindicales y asociaciones de consumidores, entre otros. Pero esa comisión nunca llegó a existir.

La comisión consultiva, cuya composición se especifica en la ley y que funcionaría como nexo con los actores sociales, nunca llegó a existir

Con el Anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto, previsiblemente el Consell de Transparència verá resuelta la reivindicación de la independencia orgánica. No obstante, si el texto no sufre sustanciales modificaciones, su composición se reducirá a tres personas, aunque con dedicación exclusiva. Y es que los actuales miembros del Consejo aseguran que no tienen tiempo ni medios para resolver de manera eficaz las reclamaciones de la ciudadanía ni para asegurar el total cumplimiento de publicidad activa, algo que parece generalizado en otros Consejos de Transparencia del Estado.

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“Existe un gran desajuste entre la dificultad que tiene resolver una reclamación y los medios a nuestro alcance”, señala Bolinches. “Tenemos un retraso muy importante que nos obliga a incumplir la ley”, añade. Según el texto, las reclamaciones han de ser contestadas en un plazo de tres meses. “A lo mejor estamos tardando siete”, reconoce la vocal, aunque matiza que cada año trabajan de manera más ágil: en 2017 triplicaron el número de expedientes resueltos con respecto al año anterior, pasando de 28 a 94 pero teniendo, aun así, casi 200 pendientes.

Según la ley las reclamaciones al Consell han de ser contestadas en un plazo de tres meses, y según una de sus vocales lo mejor estamos tardando siete"

La reducción de miembros también implicaría su desvinculación de las fuerzas políticas. “Aunque el Consejo actúa con independencia y no representa a los partidos, que sean estos los que los propongan puede hacer que se les relacionen con siglas, y es algo que queremos evitar”, explica la directora general de Transparencia. Aitana Mas argumenta que con la ley de Gobierno Abierto se ha intentado “cumplir las demandas” del Consejo, pero “todo tiene sus pros y sus contras, y, si se configuran como órgano independiente, también tendrán que atender más responsabilidades”, como la gestión de la contabilidad y las contrataciones.

En este sentido, Bolinches aboga por un modelo de consejo en el que exista una fuerte oficina de apoyo, con independencia de cuántos y quiénes compongan la comisión. Es este equipo —actualmente de cinco personas— el que ayuda a resolver los expedientes: “Teniendo una oficina potente, no hace falta más vocales”, sentencia la periodista.

Emilia Bolinches, vocal del Consell de Transparència, aboga por una oficina de apoyo potente: "Teniendo eso no hace falta más vocales"

El económico es otro de los temas sobre la mesa. Bolinches reconoce que actualmente es la Conselleria la que les cede un espacio y sufraga los gastos del personal de la oficina. En 2017 consiguieron 90.000 euros para desarrollar sus funciones, y de aprobarse el anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto correspondería al Consell de Transparència "aprobar el anteproyecto de su presupuesto” aunque "con carácter limitativo".

En este sentido, fue el desarrollo de la Ley de Transparencia el que especificó las compensaciones a los vocales del Consejo: por cada reunión, el presidente recibe 400 euros y los vocales 300. Suelen reunirse dos veces al mes y siempre "con los deberes hechos", según señala Bolinches: “Los recursos económicos que pedimos están enfocados a otras acciones; en 2016 no se nos pagó nada y el primer mes que ingresamos fue en agosto de 2017”.

El exceso de funciones —una veintena si se suman las del Código de Buen Gobierno— evidencia la necesidad de recursos. El Consell de Transparència, además de responder a las reclamaciones de información, debe asumir las tareas de vigilar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, resolver consultas en un plazo de diez días, repasar los proyectos de leyes antes de su publicación, redactar memorias e informes y, en su caso, instar a la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores. Bolinches defiende que se trata de otro fallo de la ley: el Consejo no tiene capacidad sancionadora.

El Consell de Transpàrencia puede instar a la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores, pero no tiene capacidad sancionadora

A falta de saber qué se modificará del anteproyecto de ley y cuándo entrará en vigor, la realidad es que hay otro factor añadido: el desconocimiento de la ciudadanía sobre este órgano. “Se confunde Conselleria con Consejo y son muchos los ciudadanos que no conocen nuestras funciones”, defiende Bolinches. También señala que mayores recursos y una mejor difusión de la existencia del organismo derivarán en un gobierno realmente más abierto. “Ninguna legislación por sí misma garantiza una realidad”, añade Bolinches. Y es que, para que una Administración sea realmente transparente, hacen falta tiempo, ciudadanía activa, medios de comunicación fiscalizadores y mucha voluntad política.

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