Transparencia en la Generalitat Valenciana: pocos medios para tantos fines

El territorio valenciano ha sido tradicionalmente un hervidero de corrupción. La transparencia y la participación ciudadana se presentan como herramientas fundamentales para evitar que la historia se repita o, al menos, para garantizar que no quede impune. Este argumentario ha sido abanderado por el “gobierno del cambio” desde su llegada al poder, pero ¿cómo de real está siendo esta apertura de las administraciones?

Gráfica Valencia 1

publicado
2018-05-07 08:08:00

La RAE define transparente como aquel cuerpo que permite ver los objetos con nitidez a través de él. La transparencia en la Administración pública consiste, por tanto, en que las acciones del poder político puedan verse como a través de un cristal. La propia Ley de Transparencia estatal sentencia que este principio es uno de los ejes fundamentales de toda acción política. Y en el caso de la Generalitat Valenciana parecía que la urgencia por dejarse ver era todavía mayor debido a la herencia recibida; es de sobra conocido que no son pocos los casos de corrupción que se desarrollaron en el territorio.

En mayo de 2015 la formación azul perdía su mayoría en Les Corts, lo que daba paso a un nuevo gobierno de coalición que cambiaría la estructura del Consell. Entre las novedades se encontraba la creación de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, con Manuel Alcaraz a su frente. Este organismo empezaban desde cero, pero ya a su llegada les esperaba lo que Aitana Mas, Directora General de Transparencia (dependiente de la Conselleria), define como “un regalito envenenado”: la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

El texto fue aprobado en el último Pleno de Les Corts de la legislatura del PP y sin el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Ya entonces se apuntaba que la urgencia por sacar esta ley podía deberse a la evidente ausencia de un compromiso con la transparencia en el ámbito valenciano y a la necesidad de trasladar a la opinión pública lo contrario.

En diciembre de 2013 había entrado en vigor la Ley de Transparencia estatal que daba un plazo máximo de dos años a las comunidades autónomas para “adaptarse a las obligaciones” recogidas en el texto, y muchos territorios tenían aprobada, o en proceso, su propia legislación. Tampoco faltó quien tachó la ley autonómica de cortina de humo: la oposición aseguraba que se trataba de una estrategia “para frenar la debacle electoral” y planteada “en el tiempo de descuento de la legislatura” —PSPV— o auguraban —EU— que el PP estaba “preparando las condiciones” para hacer oposición en la siguiente legislatura.

Las dificultades de arrojar luz

En cualquier caso, la Ley de Transparencia valenciana otorgaba un plazo máximo de seis meses desde su publicación hasta su puesta en marcha. Aitana Mas defiende que la situación era “bastante dramática” cuando empezaron a trabajar en julio de 2015: “En pocos meses teníamos que recopilar y subir toda la información que exigía la ley a un portal de transparencia que, aunque existía, era muy deficiente”.

Dicen que no fue tarea fácil. Mientras diseñaban el portal de transparencia GVAOberta, se crearon las Unidades de Transparencia en cada una de las Consellerias. Estas unidades han de actuar como interlocutoras con la Dirección General de Transparencia y están formadas por personas que no tienen dedicación exclusiva a esa labor: a sus funciones se les añadió la responsabilidad de velar por la transparencia de la Conselleria para la que trabajan.

Las Unidades de Transparencia de las Consellerias están formadas por personas que no tienen dedicación exclusiva, lo que hace que no haya recursos humanos suficientes para garantizar una transparencia absoluta

Este ha sido uno de los grandes obstáculos: no hay recursos humanos suficientes para garantizar una verdadera transparencia. Mas lo reconoce: “La gran queja que nos hacen llegar es que están saturados y que, si no cumplen todas las exigencias de la ley no es porque no quieran, es porque no pueden”. En este sentido, la directora señala al Gobierno central explicando que la Ley Montoro dificulta la generación de puestos de trabajo en la Generalitat.

Si el mayor órgano de gobierno de la Comunitat Valenciana tiene serias dificultades para ser transparente, para otros resulta todavía peor. Las empresas públicas han sido un foco de corrupción en los últimos años y publicar su información les requiere mucho tiempo, en algunos casos porque han disminuido sus plantillas y en otros por el descontrol que existía. Según declara Mas, en algunas de estas empresas "ni siquiera se conocían las relaciones de puestos de trabajo”.

Si bien estas empresas están sujetas a las mismas obligaciones que las Consellerias, en el caso de los ayuntamientos la Ley de Transparencia valenciana les remite en materia de publicidad activa —aquella información que debe hacerse pública sin necesidad de que ninguna persona la demande— a la normativa estatal, “mucho menos exigente que la autonómica” según la directora. De hecho, la ley estatal fue criticada por muchos expertos por resultar insuficiente, al no reconocer el derecho de acceso a la información como fundamental y excluir de su alcance a muchas entidades.

Para muchas empresas públicas valencianas resulta difícil cumplir con la transparencia por el descontrol que existía; y para algunos ayuntamientos lo imposibilita la falta de medios o de personal formado.

En cualquier caso, muchos ayuntamientos del territorio valenciano siguen con información desactualizada, poco accesible o sin publicar; a veces por falta de medios o personal formado (sobre todo en el caso de los municipios más pequeños) y otras por exceso de información (como sucede con los grandes). En este sentido, muchos defienden que un fallo del texto estatal es no tener en cuenta el tamaño de los municipios a la hora de definir las exigencias. Sin embargo, en otras ocasiones la falta de transparencia se debe, sencillamente, a las reticencias que provoca dejarse ver. 

Emilia Bolinches es una de las vocales que componen el Consell de Transparència, el órgano que debe velar por que las administraciones valencianas respeten el derecho a la información de la ciudadanía. “A la administración todavía le cuesta facilitar información porque han sido muchos años ocultándola”, argumenta Bolinches, quien, sin embargo, señala que también existen ayuntamientos que se “autoimponen” dar cada vez mayor y mejor información creando sus propios organismos para velar por la transparencia, como es el caso de Barcelona o Valencia.

En este sentido, Neus Fábregas, concejala de Transparencia en el Ayuntamiento de Valencia, explica que una prioridad del nuevo gobierno de la capital fue “abrir el Ayuntamiento a la ciudadanía después de una época muy opaca”. Fábregas proviene de movimientos sociales y cuenta que, cuando llegó a la administración, percibió que se encontraba ante unos procesos y una estructura desconocida: “Me planteé a nivel personal y político si yo, que por estar dentro de una institución empiezo a conocerla, tengo más derecho que el resto a hacerlo”, reflexiona, “y concluí que democratizar la información e implantar la cultura de transparencia es una responsabilidad compartida”.

País Valenciano
El organismo que depende de aquellos a quienes debe vigilar
El órgano encargado de hacer cumplir la Ley de Transparencia se balancea entre su dependencia al Gobierno valenciano y la falta de recursos.

responsabilidad POlítica

Una de las medidas para favorecer esta cultura de transparencia fue el Código de Buen Gobierno (CBG). En vigor desde mayo de 2016, el texto regula aspectos como la información que los gobernantes deben hacer pública: curriculum vitae, declaraciones de actividades, bienes y rentas recibidas... Los altos cargos de la Generalitat y del sector público instrumental tienen diez días desde que son nombrados para firmarlos, pero la adhesión de los ayuntamientos es voluntaria. En GVAOberta sólo constan 14 municipios firmantes —de los 542 que existen en el territorio— aparte de otras entidades, y destaca la prevalencia de firmantes del espectro político de la izquierda en cualquiera de los casos.

Sólo 14 de los 542 municipios del territorio valenciano se han adherido al Código de Buen Gobierno, según los datos de GVAOberta

Pese a lo que pueda parecer, aspectos como éste no eran algo nuevo en la Generalitat. Un decreto de 1995 obligaba a los altos cargos a entregar sus declaraciones: “El problema es que casi nadie lo hacía y muchas llegaban en blanco —explica Mas—. En esas dos décadas se publicaron un par de años”.

También en 2008 muchos ayuntamientos y las tres diputaciones firmaron una Carta de Buenas Prácticas en la Administración Local de la Comunitat Valenciana, una suerte de brindis al sol en la que se recomendaba “transparencia y rendición de cuentas” para que las administraciones pudieran “proporcionar una información más real al ciudadano”. A juzgar por los acontecimientos, no resultó demasiado efectiva: expresidentes de las tres diputaciones (Rus, Ripoll y Fabra) han tenido que declarar recientemente por casos de corrupción.

Parece que si no existe un temor infundado a posibles represalias (económica, política o reputacionalmente hablando), los políticos tienden a actuar con más manga ancha. Por eso fue importante que, aunque con posterioridad, se desarrollara un régimen sancionador para este Código. Ha habido casos sonados, como el de Mónica Cucarella, directora de Internacionalización cesada tras un informe de la Conselleria de Transparencia que alertaba de una posible incompatibilidad con el ejercicio de sus funciones por haber sido apoderada de una gasolinera familiar, condición que no había declarado.

Según el CBG, los altos cargos responden a la veracidad de sus declaraciones de actividades y bienes. Después de algún sonado caso se incorporó al reglamento la Oficina de Control de Intereses, que deberá vigilar la exactitud de estas declaraciones

Y es que, según la norma, “los altos cargos son los que responden a la veracidad y certeza del contenido de sus actividades, bienes y derechos patrimoniales”. En este contexto, en 2017 se incorporó al reglamento de la Conselleria la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, un órgano que deberá –no fue hasta hace poco más de un mes que se nombró al director y al jefe de servicio– estudiar las declaraciones de altos cargos durante su mandato, pero también unos años después para evitar el fenómeno de las puertas giratorias.

A la vista de los hechos, lo deseable sería que todos los ayuntamientos suscribieran el Código de Buen Gobierno, pero el texto recoge una cuestión que para muchos municipios resulta un impedimento: la aconfesionalidad. El decreto especifica que quien lo firma queda eximido de presidir un acto religioso. “Puede ir con carácter personal pero no como corporación, y eso ha supuesto un freno para algunas administraciones… Igual que el compromiso con la lengua propia”, explica la directora de transparencia.

Para muchos municipios la aconfesionalidad o el fomento del valenciano suponen un impedimento a la hora de adherirse al Código de Buen Gobierno 

Lo ideal, comenta en este sentido, sería que los municipios en esta situación crearan su propio Código "adaptado a sus necesidades" tomando como base el de la GVA "para que los políticos se adhieran a unos principios y la ciudadanía pueda fiscalizarles en función de éstos".

Un arma arrojadiza

Desde el Gobierno valenciano afirman que, como otras cuestiones de la política, el derecho a la información es utilizado por la oposición como medio para desprestigiar o entorpecer su actividad: “El PP ha jugado bastante sucio enterrándonos entre peticiones de información hasta el punto de que a veces hemos tenido que dejar de lado nuestras funciones para contestar a preguntas parlamentarias”, cuenta Mas: “La oposición ha de fiscalizar, pero llega un momento que lo entiendes como una estrategia de colapso y no como el desarrollo del ejercicio parlamentario, porque incluso piden cosas que ya están en el portal”.

Neus Fábregas lo corrobora: “Con una ley estatal aprobada hacía casi dos años el Partido Popular no había hecho absolutamente nada en materia de transparencia”, reflexiona, “hubo que hacer un trabajo titánico para publicar la información”. Yendo más allá, Fábregas defiende que el acceso a la información es un derecho que “utiliza mucho más la oposición que la ciudadanía” con canales que “ya tenían antes pero que ahora que no ocupan el poder utilizan prácticamente a diario para sus fines políticos”.

Datos abiertos, pero pocos y sin actualizar
En el preámbulo del Decreto 105/2017, que desarrolla la Ley 2/2015 de transparencia, se hace mención a la necesidad que existía de regular “las condiciones de reutilización de la información pública”. Esto quiere decir que no es suficiente con hacer públicas determinadas informaciones financieras, sino que deben ser descargables en formatos que permitan su reutilización (xls, csv, odt, etcétera).
No es algo que cumplan muchas administraciones locales, como ya se ha visto en el desarrollo del texto. Y aunque GVAOberta está mejor en este sentido, su principal debilidad es el desfase de algunos datos, ya que todavía no son procesos automatizados. Entre los ejemplos está que gran parte de las informaciones del apartado Datos Abiertos hacen referencia a estadísticas o conjuntos de años anteriores al 2016, o que el apartado de subvenciones sólo recoge los ejercicios 2014 y 2015, aunque la dirección de transparencia argumenta que en la Base Nacional de Subvenciones sí permanecen actualizadas y garantiza estar trabajando en “una aplicación mucho más potente” en este área.
Por otra parte, algunas especificaciones del reglamento no se cumplen con exactitud. Por ejemplo, e l desarrollo de la ley  establece que los costes de publicidad institucional deberán publicarse al menos una vez al año y desglosando los medios de comunicación empleados, y en el ejercicio de 2017, subido a mediados de abril, no consta tal desglose. En cualquier caso, hasta 2015 este tipo de informaciones no solían hacerse públicas, tal y como puede comprobarse navegando por el portal. 

Participación y accesibilidad

Otro de los pilares fundamentales de una administración es la Participación Ciudadana, aspecto en el que incide el borrador del anteproyecto de Gobierno Abierto por entender que la gobernanza no es solo algo de la institución, sino también de la ciudadanía activa. En este marco se crea en 2016 la Cátedra de Gobierno Abierto de la Universitat Politècnica de València (UPV), que según José Ignacio Pastor, miembro de la Comisión de esta entidad, “trata de favorecer el empoderamiento de la ciudadanía facilitando conocimientos y herramientas” o con proyectos dirigidos, por ejemplo, a paliar la brecha digital, ya que en muchas ocasiones para solicitar información pública se requieren determinados certificados.

Grafica Valencia 2

Aunque algunos expertos señalan que la sociedad española es poco participativa, los datos demuestran que esta situación va cambiando. Animada por estas medidas o empujada por el descontento político, la ciudadanía empieza a ser menos permisiva con la opacidad en las administraciones.

Lo demuestran las cifras: las visitas al portal de transparencia de la Generalitat aumentan cada año (de algo más de 100.000 visitas en 2015 se superaron las 400.000 en 2017), crecen las peticiones de información pública a las administraciones (la Generalitat recibió 97 en 2016 y 145 en 2017) y cada vez es más gente la que reclama al Consell de Transparència cuando no están de acuerdo con la respuesta.

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