Terrorismo Judicial

“Dominación por el terror”, esta es la primera definición que ofrece la Real Academia de la Lengua para el concepto de terrorismo. Y es la que quizás se acomode mejor para describir los métodos que emplea el Estado Español contra sus enemigos políticos.

Quizás pueda sorprender a algunos, pero el terrorismo no nació como instrumento “criminal” de “bandas organizadas” crear alarma social con fines políticos” sino como estrategia de Estado para controlar la oposición. Concretamente lo hizo durante la Revolución Francesa, durante el corto periodo de gobierno Jacobino, donde la estrategia de terror fue ampliamente utilizada para reprimir a la reacción realista. “En que creen los que no creen ni el terror ni en la virtud” llegará a decir el ciudadano Robespierre. Con el paso del tiempo el terrorismo también pasó a ser estrategia puntual de parte de la clase obrera, para combatir a otro tipo de terrorismo, el patronal, que pretendía mantener el régimen de absoluta represión en el que vivían las clases trabajadoras. Si bien el terrorismo obrero y el terrorismo patronal han sido ampliamente reflejados en cine y literatura el terrorismo de Estado ha permanecido en una zona de claro oscuro, lejos de la luz pública, con puntuales apariciones estelares a las que siempre se pretende dar justificación a sus actos o relegarlos en el olvido (caso GAL en España).

La construcción de los modernos estados nacionales no se concibe sin el terrorismo de Estado. La dominación mediante el ejercicio del terror sobre la oposición política ha venido siendo utilizada por todo tipo de regímenes; desde las democracias liberales a los regímenes de tipo socialista. Los regímenes fascistas, nazis y franquistas elevaron a la centralidad del Estado estas prácticas, concibiendo las nociones teóricas que darían pié a su integración en los ordenamientos legales de todo el mundo, hablamos desde luego de las doctrinas del derecho penal del enemigo. Esta estrategia de dominación por el terror, lejos de formar parte de un remoto pasado ha permanecido como constante, definiendo las prácticas de Estado en territorios tan distantes como Chile, México, Samoa o Indonesia. En España el terrorismo de Estado se instaló como práctica generalizada durante el franquismo para después enquistarse en en lo que se ha venido a denominar como "cloacas del Estado". Pero no se trata de un fenómeno originado en el siglo XX.

El Estado español ha venido sistemáticamente empleando estrategias de terrorismo de Estado contra su propia población desde su existencia como estado moderno

En ocasiones este terrorismo cobra la forma de guerra abierta, como la contrarrevolución absolutista, el golpismo contra la Primera República, la Guerra de Cuba, o la Guerra Civil. En otras el terrorismo de Estado, es decir, la guerra contra la oposición se mantuvo en una dimensión semi-clandestina, como lo fue la guerra sucia contra ETA.

Hoy día vivimos la emergencia de una nueva forma de terrorismo de Estado, el terrorismo judicial.

No se trata desde luego de un fenómeno nuevo. El aparato judicial de represión política perfeccionado durante el franquismo pasó con menores cambios a formar parte fundamental de la "democracia". La novedad estriba en dos elementos. El primero y mas claro son las dimensiones que está cobrando los hechos, con innumerables imputados -desde artistas a twitteros pasando por políticos de primera línea. El segundo está pasando mas desapercibido, pero no por ello deja de ser preocupante, se trata de la autonomía con la que el poder judicial está actuando a la hora de practicar el terror. Que los jueces actúen de manera autónoma no quiere decir que lo hagan discordantes con el gobierno. La sintonía con las intenciones del ejecutivo es en muchos casos mas que evidente. La autonomía judicial no implica aquí los valores constitucionales que apuntarían a una efectiva división de poderes, sino a la ambición política que una parte radical de la judicatura está demostrando con sus actuaciones.

Hasta ahora habíamos oído hablar de la judicialización de la política, es decir, de como el gobierno por medio de un aparato judicial servil, daba cuenta de problemáticas políticas vía sancionadora y judicial. El gobierno del Estado Español ha venido recurrido al poder judicial para acallar a los activistas (ley mordaza) y aplacar la rebelión cívica de buena parte del pueblo catalán. Pero hoy en día, con la persecución política de Anna Gabriel, dirigente de las CUP, y la sentencia de prisión del rapero Valtonyc se evidencia una nueva fase.

Es el momento del terrorismo judicial.

El poder judicial se está convirtiendo a pasos acelerados en un importante actor de la política española. Un actor con poderes de árbitro y fuerza de excepción. Un actor alimentado por los medios de comunicación siempre ansiosos por el olor a cárcel, a sangre, y a juicio mediático. Un actor al que temen y desean los viejos partidos, y al que de manera reiterada apelan Rivera y los suyos. Un poder, que para terror de todos nosotros, no tiene mas límites que el que él se quiera imponer.