Jueces como armas

En España no existe separación de poderes. La judicatura ha asumida como propio el relato de dominio y de poder del gobierno. El poder judicial es una extensión de la Fiscalía, un órgano político que depende de los ministerios de Justicia y de Interior. El otro poder encargado de controlar los actos de gobierno, nuestro Tribunal Constitucional, actúa impunemente en la misma dirección. Es una situación que no por vieja deja de ser triste.

Como abogado me gustaría poder escribir otras líneas. Decir que la separación de poderes es un hecho. Que nuestra Constitución salvaguarda nuestros derechos colectivos e individuales. Que vivimos en un Estado Social de Derecho, esto es, un Estado cuya prioridad es velar no ya por la seguridad si no por el bienestar de la ciudadanía. Pero no es así. 

Los jueces actúan como armas. Disparan sentencias, no las dictan. Algunos no alcanzan a comprender la lógica de tales actos. Pero la tiene: es antiobrera, es colonial, es patriarcal

La ley, como bien sabe todo aquel que se ha acercado a ella (no hace falta ser especialista en leyes) deja la puerta a un amplio margen de interpretación. Así es como debe ser, de otra manera viviríamos prisioneros de palabras, que como toda obra humana, no son ni pueden ser perfectas.

Las últimas decisiones judiciales que han conducido a prisión a la plana mayor de los cargos electos políticos de Cataluña tienen una clara inspiración política. La judicatura podría haber interpretado las leyes en  otro sentido. Han decidido ideológicamente. Asestando un duro golpe al Estado de Derecho han optado por ser la punta de lanza de la revolución conservadora de Rajoy.

El judicial es un aspecto clave del golpismo de baja intensidad de su plan Erdogan para España. Una estrategia  concebida para demoler las garantías y los derechos de los ciudadanos. Y que para ello se alza en los hombros de aquellos que debieran aplicar la Justicia. La que según nuestra constitución emana del pueblo (artículo 117). Pero el nuevo régimen tiene otra idea de la Justicia y de su origen. Una idea autoritaria, represiva y colonial. Una idea que como bien saben los que la han padecido o estudiado no es ni mucho menos nueva.

Los jueces españoles han estado tradicionalmente al servicio del poder. Han sido parte de su armamento de excepción.

La Audiencia Nacional, es la heredera directa de esta infausta historia de represión. Es el último estado de desarrollo de una serie de tribunales de excepción políticos que llevan doscientos años reprimiendo a los españoles y a aquellos que estaban bajo su dominio colonial.

Sus antecedentes cabe remontarlos a los tribunales de guerra ampliamente utilizados para reprimir a las protestas obreras y anticoloniales en el siglo XIX. Los tribunales de guerra de aquel entonces sirvieron para condenar a muerte a los líderes revolucionarios que resistieron a la burguesía y al colonialismo.

A finales del siglo XIX los revolucionaros cubanos luchaban por su independencia, el presidente conservador de aquel entonces decretó la instauración de los primeros campos de concentración de la época moderna. La población rural negra fue “reconcentrada”, vejada, sometida. A los que se resistieron los ejecutaron previa sentencia de un tribunal militar. Los cubanos no estaban solos, la solidaridad se extendió en la península. El presidente Cánovas murió a manos de un anarquista, que sería también juzgado por un tribunal militar. 

Esta jurisdicción militar fue ampliamente usada por el poder franquista para reprimir masivamente a las fuerzas leales de la República. La jurisdicción militar se mantuvo durante el franquismo, a la que además se añadió la “Jurisdicción especial de responsabilidades políticas” (1939-1969) y los “Tribunales especiales de responsabilidades políticas" y el “Tribunal Especial para la represión de la Masonería y el Comunismo” (1940-1971). Estos se encargaron de vigilar y castigar la disidencia política.

Los tribunales franquistas condenaron por ideas, por pensamiento, por resistirse a la tiranía. Condenaron a muerte a aquellos que decidieron luchar por la democracia y por la libertad. Condenaron a presos de pensamiento, de acto, o a los que simplemente consideraban simpatizantes. Toleraron las torturas y las violaciones. Las vejaciones e incluso los asesinatos en prisión. Fueron no solo cómplices si no actores protagonistas de la parte más miserable de la dictadura. Nunca fueron juzgados por ello. En 1963 y hasta 1977 toda esta represión se organizó a través de los “Tribunales de Orden Público”.

En 1977, ya en “Democracia”, el tribunal franquista de excepción pasaría a llamarse Audiencia Nacional. Cambió el nombre, no el escenario, ni los actores, ni su particular idea de Justicia. Los mismos magistrados que decretaron prisión y muerte servirían a la "democracia"

Muchos de los jueces de aquel entonces han sido sustituidos por otros nuevos. Algunos, como la jueza Carmen Lamela, fueron catalogados como “progresistas”. Los rostros cambiaron, pero la misma estructura criminal diseñada para reprimir la disidencia política sigue en activo. En España bien pudo tener una precaria transición política, pero nunca vivió una transición judicial. No lo hizo cuando pasamos de ser un imperio a un país pobre del Sur de Europa gobernado por una burguesía conservadora. No sucedió cuando el fascismo tomó el poder. El mismo poder judicial que decretó la muerte de líderes sindicales, de independistas cubanos o filipinos, de republicanos, sigue vivo. Más fuerte que nunca. Arbitrario, represivo, autoritario, vigilante, al acecho. Empoderado por un gobierno al que sirve.

Quisiera poder escribir otras palabras. Pero los jueces hoy son armas.