Minería
Peña Zafra de Abajo, resistir entre polvo

Peña Zafra de Abajo es un caserío de las tierras interiores de Murcia, una comunidad agrícola, ganadera y minera asentada entre las sierras de La Pila y Quibas desde el siglo XIX. Forma parte de la comarca Oriental, que integran los municipios de Abanilla y Fortuna, fronteriza con Alicante. Limita con el Medio Vinalopó al noroeste y con la Vega Baja del Segura al suroeste. Es un territorio desconectado y casi despoblado, que apenas mantiene diez casas semihabitadas, entre ellas varias casas-cueva y un alojamiento rural. Tiene solo cuatro personas censadas, según el Centro Regional de Estadística de Murcia.

Aquí nació Antonia Bernal del Barrio en 1934. Aprendió pronto a segar, arrancar y trenzar esparto con candil; recoger almendra, oliva, uva y piñones; ir a por agua con cántaros y en burra; lavar a mano en la Fuente del Sol; pasturar pavos y cabras en extensas y densas masas forestales… Comió higos, brevas y madroños a la sombra de árboles frutales. De mocica, bailaba los domingos en casa de Antonio, el Pajarero. Se casó y parió a seis criaturas, asistida por Blasa, la partera.

Se refiere a Casa Ríos. La construyó la familia de su padre, el abuelo José Ríos, unos 200 años atrás, calculan. Se integra en las Casas del Alto, un conjunto de viviendas a 300 metros de Peña Zafra de Abajo, erguidas hoy como el símbolo de la resistencia comunitaria a la minería que amenaza con enterrarles entre rocas y polvo.

La actividad extractiva en la zona comenzó encima de sus cabezas, como expansión de una preindustria instalada en el territorio a principios del siglo XX, en los yacimientos del Monte Coto, El Cantón y Quibas, entre otros, favorecida por las oportunidades de reconstrucción tras la Guerra Civil, según la historiadora Clara Isabel Pérez Pérez. Eran tiempos de cuña, pico y maza; de procesos lentos. También de alternativas para sus gentes. Cuentan que, por entonces, empezó a llover menos y que la agricultura no rentaba lo suficiente, por lo que la minería a cielo abierto se convirtió en el sustento económico familiar y comunitario.

Juan Sánchez Bernal trabajó 30 años picando piedra. Empezó en 1961. Era un chiquillo de 13 años que subía cántaros de agua de 15 litros desde la rambla para que bebieran 18 canteros. Cobraba 240 pesetas por semana. Después, cortó bloques de piedra a mano. “El trabajo era durísimo, lloré mucho”, recuerda. Con el tiempo, llegaron cambios en lo cotidiano. Cuando los zagales iban a pie a la escuela rural, tenían que protegerse de los barrenos, las voladuras que fragmentan la roca mediante explosivos.

Pedro Sánchez Marco explica que aquella minería era más sostenible: "Apenas se veía los rotos en la sierra"

Una de esas escolares, Carmen Sánchez Nicolás, subía a la cantera con una olla hirviendo colgada de una cuerda. Era la comida de su padre, Pedro Sánchez Marco, el vecino más anciano de Peña Zafra de Abajo en la actualidad. Tiene 97 años. Explica que aquella minería era más sostenible y respetuosa con el entorno: “Apenas se veía los rotos en la sierra”. También que la comunidad y las explotaciones convivieron en armonía hasta la llegada de la gran maquinaria.

Entre la carretilla y el camión dúmper, surgieron nuevas amenazas. La tecnificación e intensificación del trabajo aumentó exponencialmente el volumen de extracción y el impacto en el territorio. “Ahora se tarda una hora para lo que antes hacíamos en un año”, explica Juan José Pérez Amorós, yerno de Pedro. Cantero desde los 14 años, se jubiló en 2014 sin audición en el oído izquierdo debido a la exposición a los martillos sin protección. Sostiene que la degradación del medio a causa del extractivismo se ha acelerado en los últimos 15 años. Tiemblan cada vez que llueve.

TRES GENERACIONES EN LUCHA

La comunidad presentó la primera denuncia en 2005 por la gran cantidad de polvo emitido en el proceso de transformación y transporte de áridos

Llegó el polvo y empezaron las denuncias. La primera, en 2005, por la gran cantidad de polvo emitido a la atmósfera en el proceso de elaboración y transporte de áridos. Las terreras seguían y se generaron otras nuevas debido a la acción de la molienda, que enterraron bancales y caminos. Y el problema empeoró, con grandes alteraciones en el territorio, tanto en el paisaje como en la vida cotidiana de sus habitantes y en las explotaciones agrícolas que resistían en el territorio.

La gente mayor o con afecciones respiratorias, como Antonia, no podía salir a la calle, ni Carmen abrir las ventanas: las partículas impregnaban cada rincón de casa. José Verdú Ruiz recogía la almendra con mascarilla y Juan José tuvo que lavar la oliva para que se la aceptaran en la almazara; el madroño centenario que les acompañó desde sus orígenes empezó a secarse a consecuencia de la deposición de polvo en sus hojas; y la Fuente del Sol, que abasteció de agua a la comunidad durante décadas, desapareció tras una voladura. Presentaron decenas de escritos a diferentes administraciones y organismos públicos tanto locales —ayuntamientos de Abanilla y Fortuna—, como regionales —direcciones generales de Actividades Mineras y Medio Ambiente— y nacionales —Ministerio de Transición Ecológica—, sin encontrar respuestas ni amparo.

José Francisco Nicolás Bernal, hijo de Antonia, pasea hasta las Casas del Alto con sus perros a las 7h cada día. Una vez aquí, vigila y registra los movimientos de las canteras, toma fotos y vídeos de las nubes de polvo que se extienden por el entorno y que cubren de blanco sus higueras. “Hay mucha presión sobre las casas porque las canteras cada vez arañan más terreno y nosotros limitamos su avance”, explica. Afirma que reciben presiones para venderlas y abandonar el territorio. “Son traidores del territorio. Prefiero tragar polvo que marcharme”, añade.

Esta forma de vigilancia comunitaria se hace a través de la Plataforma de afectados por la explotación minera de Peña Zafra, Balonga y Quibas (PAEM-PBQ), creada meses atrás para coordinar las quejas, ejercer la acción colectiva en la mediación con las instituciones, aportar soluciones y buscar apoyos. “Estamos en alerta todo el tiempo, haciendo una labor de vigilancia que correspondería a la administración”, asevera la presidenta, Inma Nicolás Perea. Nieta de Antonia, es médica y vive en Barcelona. Vuelve a menudo para no desvincularse del territorio y participar en las actividades del grupo. Desde que están organizadas, han recogido montones de denuncias, notas, informes y archivos gráficos. También operan en redes sociales y contactan con periodistas, buscando generar el interés que no han tenido hasta ahora.

“Estamos en alerta todo el tiempo, haciendo una labor de vigilancia que corresponde a la administración"

Con la presión han conseguido, de momento, desviar el tránsito de vehículos de alto tonelaje de los caminos públicos y frenar la construcción de una nueva pista para unir las explotaciones de Canteras y Mármoles Nicolás SL. con la planta de triturado. Esta empresa, que tampoco ha querido responder a las preguntas de El Salto, tiene cuatro licencias de extracción en las inmediaciones. “Talar los árboles que dan firmeza al terreno implica el riesgo de desestabilizar las toneladas de escombro acumuladas en la zona y que corran abajo cuando llueva”, asegura Nicolás Perea.

Por su parte, la empresa Colina Cimar SL. dispone de autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera. Desde PAEM-PBQ han exigido su cierre cautelar ante la Dirección General de Medio Ambiente hasta que la empresa cumpla con las medidas protectoras y correctoras que reconoce sus declaraciones de impacto ambiental de 2003 y 2005, y así minimizar la emisión de polvo y reducir el impacto visual.

Algunas de las medidas exigidas son establecer una barrera vegetal, almacenar los materiales en silos o contenedores, hermetizar las instalaciones y restablecer el trazado de una vía pecuaria que han ocupado. “No estamos en contra de las empresas, queremos que cumplan la normativa y asuman su responsabilidad social”, sostiene la presidenta de PAEM-PBQ. “Con el pretexto de que dan trabajo, que en realidad es mínimo, están enriqueciéndose a costa de nuestro bienestar”, añade. 

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DERECHO A LA VIDA RURAL

“Tenemos derecho a establecernos aquí, a querer mantener una vida rural y tradicional, a respirar aire limpio”, continúa Nicolás Perea. Así lo cree también José Pardo Lifante, vecino recién incorporado a la plataforma. Nació en Balonga en 1938. Explica que los camiones expulsan tales cantidades de polvo que deslumbra, altera el paisaje y contamina sus vidas. “¿Por qué yo no puedo vivir aquí?”, pregunta indignado. Antonia Perea Tortosa añade que el polvo se cuela dentro de sus casa y les obliga a limpiar a fondo cada día. Lo mismo comenta Mercedes Bernal Gomariz, que administra un alojamiento rural de la zona propiedad de su familia política: “No he tenido quejas de clientes, pero mantener la casa limpia requiere mucho tiempo y trabajo”, afirma.

PAEM-PBQ aborda la problemática como un “asesinato medioambiental” que afecta a la desertificación y a la pérdida de biodiversidad del territorio, que contamina los suelos debido a los aceites y la oxidación de la maquinaria de las canteras abandonadas y que pone en riesgo sus bienes y valores culturales, como el yacimiento paleontológico de Quibas, sus acuíferos y simas. La plataforma sostiene que no genera riqueza para las comunidades ni alternativas de vida sostenible, y tiene gran impacto en la salud.

Como médica, Inma Nicolás Perea explica que las partículas del polvo que respiran pueden quedar acantonadas en el aparato respiratorio, lo que, a largo plazo, puede dar lugar a bronquitis, trastornos pleurales o enfermedades como la silicosis, y también otras afecciones respiratorias como asma y alergias. Añade también que la tensión en la que los habitantes de este territorio viven los últimos 15 años les ha creado desórdenes de sueño y ansiedad. Por ello, se han coordinado con otros colectivos de defensa territorial, como la plataforma A por el 45, nacida en abril de este año para luchar en defensa de un aire limpio y libre de tóxicos en la Región.

Juan José nació en Peña Zafra de Abajo en 1954. Ya no vive aquí. Marchó para que sus hijas y su hijo pudieran ir a la escuela cuando cerraron la más cercana. Desde que dejó la minería hace cinco años, vuelve cada día a cultivar las tierras y cuidar los animales que heredó de sus ancestros. También por un sentido de defensa territorial. Su vivienda y su huerta están a 160 metros de una explotación de mármol. “Es importante que haya gente. Piensan que, por ser pocos, pueden hacer lo que quieran y están intentando que nos vayamos, pero de aquí no me voy, de mi casa no me echan”. Sonríe.