Opinión
El reparto de la tarta: empleo público y caciquismo en la ciudad de Mérida

Hubo un tiempo en el que algunas de las cosas que hemos olvidado estaban del todo claras. El papel desempeñado por los países implicados en la formación del capitalismo, que dio lugar, andando el tiempo, al Estado del Bienestar -como forma de legitimación del orden capitalista- resulta innegable, aunque ya no nos acordemos de ello.

Tras la derrota del fascismo, la necesidad de las potencias occidentales de recabar el apoyo de las clases populares ante el empuje de eso que algunos llamaron el “socialismo realmente existente”, obligó a reconfigurar el capitalismo, esta vez en beneficio de la clase trabajadora.

Tras el derrumbe de la URSS, la tentación fue demasiado, el capitalismo ya estaba cambiando de base, y las sociedades del pleno empleo empezaron a formar parte del pasado, y con ella la globalización como modelo de dominación económica y social comenzó a imponer sus propias lógicas a una clase trabajadora huérfana de retaguardias y referentes.

Miles de hombres y mujeres dispuestos a vender su fuerza de trabajo en el mercado se ven ahora despreciados por un sistema injusto, que niega el reparto de la riqueza, mientras provoca que los ricos sean más ricos y los pobres sean más y más pobres.

En Extremadura se ponen de manifiesto con la aprobación de sendas iniciativas por parte de la Junta de Extremadura: el Plan de Empleo Social y el Plan Experiencia, un compendio de precariedad, improvisación y clientelismo, mucho clientelismo

Fruto de esta realidad, el continuo debilitamiento del Estado a través del proceso de privatización provoca una disminución dramática de su capacidad para generar por sí mismo actividad económica y ciclos expansivos generadores de empleo, aunque la verdad sea dicha, como bien reconoció –y escribió- el propio Carlos Solchaga, en España nunca se ha practicado una política orientada a la consecución del pleno empleo.

Desplazados por el auge del neoliberalismo y la globalización, los nuevos gobiernos liberales, social-liberales, de derechas o de la izquierda derechizada encantada de mirarse en otro espejo, llevan años husmeando en la agenda económica con el único propósito de encontrar alguna fórmula que les permita la cuadratura del círculo: bajos salarios, pocos impuestos y creación de empleo. Una fórmula que a la vista de los resultados no se ha revelado como demasiado exitosa.

Tras años de indolencia en materia de empleo y empujados por la avalancha que nos arrastró en 2008, la apuesta adquiere forma por medio de los planes de empleo público, que en Extremadura se ponen de manifiesto con la aprobación de sendas iniciativas por parte de la Junta de Extremadura: el Plan de Empleo Social y el Plan Experiencia, un compendio de precariedad, improvisación y clientelismo, mucho clientelismo.

Si de un lado tenemos a una patronal cerrada y endogámica, que llega a decir que por culpa de la Renta Básica no encuentra en la región mano de obra a la que explotar por salarios de miseria, la otra cara de la moneda es un PSOE que sabe que el trabajo público que reparte, por muy precario que sea, sigue siendo un instrumento de dominación que nutre la red clientelar y caciquil en el que se fundamentan sus años de gobierno.

MÉRIDA, POR EJEMPLO

Mérida, la capital de Extremadura, cambió de color político en mayo de 2015, pasando de un PP con mayoría absoluta a un PSOE en minoría, que recuperaba el poder tras varios años de oposición. Lo que parecía un soplo de aire fresco frente a los anteriores pronto se demostró como repetición de las peores prácticas protagonizadas por los gobiernos antecesores.

En palabras de Álvaro Vázquez, portavoz de Izquierda Unida en la ciudad, “a lo mejor el caso más llamativo fue el de los 5 contratos de relevo, que la delegación de personal del Ayuntamiento convocó el 29 de diciembre de 2015, en donde le dio tiempo a solicitar al SEXPE a los aspirantes, a convocar el examen, a realizarlo, a corregirlo y, en solo 3 días, es decir el 31 de diciembre, a darlos de alta en la Seguridad Social”. Todo el proceso estuvo viciado y ante la impugnación de IU, meses más tarde, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que despedir a las 5 personas que habían entrado en proceso más que dudoso.

La tónica habitual consiste en publicar unas bases y un par de días más tardes verse obligados a corregirlas, pues siempre existe algún tipo de olvido sobre cualquier tipo de información para el desarrollo del proceso selectivo en cuestión

Esta ha sido la tónica habitual en el desarrollo de la mayoría de procesos selectivos que esta legislatura se han desarrollado en Mérida, en buena parte impugnados por Izquierda Unida, que incluso ha llegado a dedicar a la delegada de personal del Ayuntamiento de Mérida el calificativo de “cacique”.

“CARMONADAS”



La delegada de personal del Ayuntamiento de Mérida, Mercedes Carmona, ha conseguido vincular su nombre a los supuestos errores que, convocatoria tras convocatoria, se suceden en los procesos selectivos realizados en el Ayuntamiento de Mérida durante la presente legislatura. Se habla de "carmonadas".

La tónica habitual consiste en publicar unas bases y un par de días más tardes verse obligados a corregirlas, pues siempre existe algún tipo de olvido sobre cualquier tipo de información para el desarrollo del proceso selectivo en cuestión; los tribunales los componen siempre las mismas personas, pese a que, proceso tras proceso, su independencia se ve cuestionada; las notas estratosféricas son más que habituales en las pruebas realizadas en delegaciones municipales concretas, como puede ser la de servicios sociales; los aspirantes no pueden salvaguardar el anonimato durante los procesos selectivos, ni tampoco se les facilita ningún documento o copia que acredite los contenidos de las pruebas que han realizado. Y si pretenden que les informen sobre la calificación obtenida, las respuestas correctas o el criterio de calificación, que no se molesten, hay ocasiones en la vida en que no se puede tener todo. Algunos mantienen conversaciones por teléfono durante la realización de las pruebas, mientras que otros afirman haber terminado el examen antes incluso de que los miembros del tribunal autoricen a los aspirantes a comenzar las pruebas. Así son las cosas en la casa consistorial de nuestra capital.

La delegada, por su parte, defiende la actuación de los funcionarios, y desprecia cualquier comentario en contra de la validez de los procesos que se gestionan desde la delegación de la que es titular, mientras olvida resolver buena parte de los recursos de impugnación que presenta la oposición. Lo normal en estos casos. Que este sea el estado de salud de los procesos selectivos en un lugar tan significativo como es el Ayuntamiento de la capital de nuestra Comunidad Autónoma nos da una imagen acerca de cuál es la salud de la vida institucional y política de nuestra región: apesta.

A fin de cuentas, el clientelismo bien puede maravillar a cualquiera por una lógica que adquiere su verdadera dimensión en un sencillo lema y en un sano ejercicio de memoria: yo te contrato, y tú me votas. Y así es como son las cosas.

Los gestores públicos no solo no tienen nada que ofrecer a la ciudadanía más allá de contratos precarios, contratos a jornada parcial, mal remunerados y sin proyección profesional, sino que además se nutren gracias a la madeja urdida de los despachos con el único propósito de sostener la red clientelar que les permita administrar la miseria que les da de comer, y esto a costa del día a día de los desempleados de una región cautiva y desarmada ante tanto despropósito.

No es un problema, son más de uno, el primero es el empleo. El segundo problema son todos aquellos que utilizan los recursos de nuestra región con el único propósito de seguir siendo siempre los mismos.