Derecho a la vivienda
“Particulares” multipropietarios desahucian en Madrid

El edificio situado en la calle Argumosa número 11 es un ejemplo paradigmático (pero, por desgracia, solo un ejemplo) de los ciclos de especulación que resurgen en nuestra ciudad al calor de la nueva burbuja inmobiliaria.

Muchos de los edificios del centro de Madrid son propiedad de una sola familia. Se trata de propiedades inmobiliarias de unas pocas estirpes con muchos edificios adquiridos hace más de cien años. Lo que ocurre cuando los titulares de estos inmuebles fallecen es que estas propiedades se dividen entre sus herederos, y esto es precisamente lo que ha sucedido en Argumosa 11. El edificio fue heredado, junto a otros inmuebles de la ciudad, por siete personas que no tuvieron nunca problema alguno con las inquilinas del bloque, que han pagado sus alquileres todos los meses durante años, mantenido una buena relación con sus caseros.

Efectivamente, cuando el capitalismo y la especulación llegan a los barrios, la huelga, bajo otras formas no tan reconocidas, se demuestra como el arma más efectiva

Pero todo cambió el día en que cuatro de estas herederas aceptaron la oferta de una empresa patrimonial, Inversión en Proindivisos, S.L., que se hizo con el 33% del edificio a un precio muy inferior al del mercado, emulando las estrategias especulativas de los fondos buitres que, con la connivencia de las instituciones públicas, esquilmaron durante la crisis el parque de vivienda pública en la Comunidad de Madrid. El mensaje que Proindivisos manda al resto de herederos es claro: si dejáis en nuestras manos la gestión del inmueble, en menos de un año vamos a vaciar el edificio y a alojar en el mismo a nuevos inquilinos que puedan pagar alquileres un 300% más elevados. A partir de ese momento Proindivisos se encarga de gestionar los desahucios y destrozar y tapiar las viviendas vaciadas.

Desde entonces, hasta cuatro vecinas han sido expulsadas después de recibir burofaxes y amenazas más o menos veladas. Y así parecía que iba a suceder en todos los casos, hasta el día en que el edificio de Argumosa se sumó a la campaña #NosQuedamos y se declaró #BloqueEnLucha. Las familias se han declarado en huelga contra la burbuja inmobiliaria y se han organizado junto a otras vecinas y vecinos de Lavapiés, así como con colectivos como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, PAH Centro o Lavapiés ¿dónde vas?, en la Asamblea Bloques en Lucha.

Efectivamente, cuando el capitalismo y la especulación llegan a los barrios, la huelga, bajo otras formas no tan reconocidas, se demuestra como el arma más efectiva: las vecinas no asumen las subidas del 300% ni abandonan sus viviendas y solo aceptarán una negociación colectiva.

Estas familias se han convertido en todo un ejemplo para las personas que vivimos de alquiler, ya que, ante este tipo de injusticias, de lo que se trata es de desobedecer la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para, así hacer efectivo el derecho a la vivienda. Además, esta es la forma de poner sobre la mesa la necesidad de modificar la actual LAU, como insta desde hace tiempo Naciones Unidas al Gobierno de España, y de que esta se convierta en una Ley al servicio de las vecinas y no de los especuladores.

Leyes que inflan la burbuja del alquiler

Yago Álvarez Barba

12

Alquiler

Leyes que inflan la burbuja del alquiler

Yago Álvarez Barba

12

El Plan de Vivienda 2018-2021 es el último episodio de una serie de modificaciones que han beneficiado a los grandes propietarios, bancos y fondos para que una nueva burbuja especulativa tire de la economía.

Pero mientras esto acaba de llegar, esta semana quieren desahuciar a tres familias.

Al igual que sucedía en el resto de desahucios, estas familias no cuentan con alternativa habitacional. Si España cumpliera su palabra respecto a los acuerdos internacionales que ha firmado y obedeciera el Dictamen DESC de Naciones Unidas, estos desahucios se tendrían que detener de manera inmediata. Pero en un país donde los bancos y fondos buitre controlan el poder político y judicial, no parece que esto vaya a suceder a corto plazo.

Da igual que una de estas familias esté compuesta por una mujer embarazada de siete meses y sus dos hijos menores (de seis y diez años). Es lo mismo que en otra de las familias una de las personas tenga un 76% de diversidad funcional. No importa, tampoco, que en la tercera familia que pretenden desahuciar, una de las personas padezca del corazón (en parte debido a esta dramática situación) y se encuentre ahora mismo hospitalizada, de forma que el lanzamiento puede ejecutarse con ella ingresada.

Los desahucios de esta semana en Argumosa 11 no solo ponen sobre la mesa que en Madrid se vulneran a diario los derechos habitacionales de la población ante la pasividad de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, los primeros manteniendo cientos de viviendas vacías a lo largo de toda la ciudad, como en la calle Valencia 17, y los segundos negándose a expropiar el edificio para realojar dignamente a las familias de Argumosa 11. Este caso evidencia, también, que muchos de los propietarios de vivienda de nuestra ciudad, si bien jurídica y socialmente son reconocidos como meros particulares, en realidad no lo son: poseen innumerables inmuebles en propiedad y adoptan las mismas prácticas que los grandes fondos especulativos internacionales. Son multipropietarios y especuladores.

En este caso estamos hablando de Estrella Aguado y de Pedro José Aguado, este último catedrático de universidad del Área de Ingeniería Agroforestal y director de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería de la Universidad de León. Ambos poseen y representan dos tercios de la propiedad de los edificios situados en Argumosa 11 y en el barrio de Arganzuela, entre otras propiedades inmobiliarias de la capital. Por ello, estos “particulares” están siendo señalados por la asamblea de #BloquesEnLucha como responsables de estos desahucios.

Lo que sucede en Argumosa 11, si bien es legal en Madrid, no lo es en otras comunidades autónomas. En Baleares, cuarenta y cinco de estos “particulares”, propietarios de 859 viviendas vacías, han sido obligados por la administración a introducir esas viviendas en el mercado en forma de alquiler social. En Madrid esto no sucede ni, de momento, puede suceder, debido a que el Partido Popular y Ciudadanos decidieron en 2017 votar en contra de la Ley de Vivienda que propuso la PAH a nivel autonómico, posicionándose de manera manifiesta en el conflicto que hoy enfrenta a vecinas y especuladores a favor de estos últimos. Si esa ley estuviera hoy vigente en Madrid, Estrella y Pedro Aguado no podrían desahuciar a estas familias para destrozar las viviendas, tapiarlas y mantenerlas vacías.

Hoy Madrid necesita una ley autonómica de vivienda que garantice el derecho a la vivienda y prohíba estas situaciones. Mientras tanto, y para que esto pueda hacerse en algún momento realidad, solo nos queda organizarnos y luchar día a día para que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta en un derecho de todas las personas.