Memoria histórica
Memoria y cambio

Cuando el 15 de mayo de 2011 estallaba el llamado movimiento de los indignados, José Luis Rodríguez Zapatero estaba terminando su segunda legislatura y hacía 5 años de aquel 2006 que había sido declarado como Año de la Memoria. Un año de la memoria que se celebró, sin embargo, con sellos y estampitas con los símbolos heredados de la dictadura.

El sello escogido para conmemorar ese acontecimiento era una bandera española bicolor junto con una paloma blanca, extrañamente similar —como nos recuerda Paloma Aguilar— al sello utilizado para conmemorar el XXV aniversario del Alzamiento Nacional, con la diferencia de que en este último aparecía un arcángel y, en vez de una, eran tres las palomas.

Hacía también cuatro años de la aprobación de la Ley 52/2007, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica. Una ley que fue recibida con recelo por las asociaciones memorialistas y republicanas por la escasa participación de las mismas en su elaboración y por el nulo avance contra la impunidad de los crímenes y criminales del fascismo español: el franquismo. Una ley que prácticamente equipara a demócratas y golpistas y dejaba ver la equidistancia entre fascismo y antifascismo desde su propio título: “Por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Es decir, reconoce y amplía derechos a quienes sufrieran la violencia, ya sean golpistas o leales al Estado. Una ley que no habla en ningún momento de “golpe de Estado”. Una ley que relegaba a la iniciativa privada gran parte del trabajo en este campo que debería ser llevado a cabo por los Cuerpos de Seguridad del Estado, por jueces, fiscales, forenses, etc. Una “privatización de las exhumaciones [y de la memoria] que alimenta la indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades judiciales”, según denuncia el relator de la ONU Pablo de Greiff en el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Misión a España).

La Ley de Memoria Histórica no era una ley de memoria histórica. Sin embargo, esa no ley de memoria histórica generó un debate en la sociedad gracias en parte a la reacción absolutamente desproporcionada de una derecha española que no termina a día de hoy de despojarse de su pasado golpista y fascista. Múltiples son los personajes políticos de la derecha española que critican a las víctimas de la violencia franquista en su día a día. Incluso los supuestos intentos de una imagen joven y renovada de la derecha, como Pablo Casado, llega a calificar como “abuelo cebolleta” a nuestros luchadores por la libertad y la democracia, o Ciudadanos, que votó en contra de retirar la medalla de oro de Zaragoza a Franco.

El 15M supuso una ruptura con las dinámicas viciadas de los partidos clásicos de la izquierda en relación con la participación activa de militantes y simpatizantes y de la democracia interna. Como aspecto negativo, al mismo tiempo, malentendió en sus orígenes, la clara necesidad de ruptura con el régimen nacido de la transición y sus partidos, con la ruptura y olvido de la tradición de las luchas emancipadoras que desde el siglo XIX,  y antes, se han dado en el mundo.

Cuando le preguntaron a Eric Hobsbawm por su confianza en la historia este respondió: “Marx me hizo ver que la historia es una herramienta sin la cual no podemos comprender nada de lo que sucede en el mundo. Me convenció su idea de que la historia puede ser vista y analizada como un todo y que tiene […] una estructura y una regularidad que es el relato de la evolución de la sociedad humana en el tiempo” (Entrevista sobre el siglo XXI, 2004, Crítica).

¿Qué hay más insurreccional y legítimo que levantarse contra una orden judicial injusta?

Así pues, cualquier proceso de transformación social debe basarse en el estudio de pretéritos procesos para asimilar errores y aciertos. Debemos tener en cuenta la tradición democratizadora, tener en cuenta a Maximilien Robespierre y la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano del 24 de junio de 1793, que afirma en su artículo 35 que, “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de sus derechos y el mas indispensable de sus deberes”, que llevado a la práctica en este momento se traduce en cada uno de los desahucios que la PAH ha conseguido detener. ¿Qué hay más insurreccional y legítimo que levantarse contra una orden judicial injusta? Debemos tener cuenta la tradición de lucha republicana española, que va desde la fundación del Partido Republicano Democrático Federal en 1868 hasta el Frente Popular de 1936 y que reflejaríamos a día de hoy en la lucha por una democracia completa que permita a los españoles elegir y revocar de forma libre y democrática a todas y cada una de las personas que ostentan nuestra representación, es decir, la lucha por que se haga efectiva la mayoría de edad del pueblo español.

El 15M y la posterior aparición de Podemos, como fuerza aglutinadora del cambio, supuso una ruptura de la izquierda con esa soledad estilo Martin Fierro y puso encima de la mesa la necesidad de abrirse a la sociedad y a los debates que esta esperaba y que en gran medida la izquierda consideraba concluidos. Más aún, se marcó la posibilidad real de iniciar un proceso constituyente de abajo a arriba que sirviera para comenzar a poner los cimientos del nuevo país de forma colectiva.

El espacio político del cambio y la memoria histórica nacen ambos de una demanda generacional, de aquellas personas que no vivimos la transición ni firmamos los pactos de la Moncloa, de una generación nacida en democracia a la que los estrechos marcos del sistema le estaba impidiendo tomar el papel que le correspondía política social y económicamente. Una generación que, de forma enérgica, quiere hacer propios todos los debates habidos y por haber, sin cortapisas y sin tabús.

El cambio político que vive España se fundamenta en la recuperación del país, y lo hace también a través de la recuperación de conceptos que habían sido robados por quienes ganaron la guerra el 1 de abril de 1939

El proceso de cambio político que vive España se fundamenta en la recuperación del país, y lo hace también a través de la recuperación de una serie conceptos que habían sido robados por quienes ganaron la guerra el 1 de abril de 1939. La patria como concepto fundamental de aglutinamiento de las mayorías populares se sustenta también en la memoria histórica. El concepto patria de los compañeros argentinos de La Cámpora tiene su base en la reclamación de Verdad Justicia y Reparación para los 30.000 desaparecidos de la dictadura, una idea de patria y dignidad que se mantuvo viva en las Madres de la Plaza de Mayo.

De la misma forma el concepto patria en España debe ir de la mano de la memoria de las víctimas y de quienes lucharon, con todas las armas que tenían a su disposición, por la legitimidad democrática de la II República. Una patria basada en la pluralidad y en lo popular que se enfrenta al concepto patria de las élites que venden la sanidad, la educación y las pensiones a los capitales extranjeros, de la misma forma que los franquistas vendieron España a los norteamericanos (Texaco) y a los nazis.

En el momento en el que Podemos toma como línea fundamental de trabajo el cumplimiento de los derechos humanos en España, asume un programa revolucionario al tiempo que moderado. El Frente Popular se presentó a las 1936 con un programa igualmente moderado que no recogía ni la nacionalización de la tierra, ni la nacionalización de la Banca, ni el control obrero de la legislación social, pero se convirtió en una apuesta que sirvió para devolver —en aquella ocasión por unos pocos meses— la dignidad al país. Un programa democratizador de las bases sociales que trataba de impedir una deriva reaccionaria y destructiva, igual que hoy el programa de las fuerzas del cambio se enfrenta a quienes rompieron un pacto ya de por si lesivo para las masas populares. Fueron las élites que, ávidas de poder, legalizaron las ETTs, aprobaron el 135, roban las pensiones, privatizaron la sanidad, encarcelan a raperos, twitteros, secuestran libros, etc.

Son las mismas élites que no rompieron con un pasado dictatorial, con un pasado que les vincula a lo más negro de este país, a una dictadura de clase, corrupta por definición que pasó a la democracia coronada en forma de narcotraficantes, demócratas de toda la vida o grandes empresarios “forjados a si mismos”. Son los que manipulan a su antojo las universidades públicas para venderse como “formados”. La memoria sobre quienes son ellos, sobre quienes son sus padres, el no olvido, nos permitirá mantenernos alerta ante quienes entienden que el estado es su chiringuito particular.