Jordi Sánchez: “Una pegatina en un vehículo no es motivo para desconvocar una movilización”

“Me considero un preso político, esto es un juicio político”. Así ha comenzado hoy Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, su testimonio ante la sala del Tribunal Supremo. Sánchez, para quien la Fiscalía pide 17 años de prisión por un delito de rebelión y la Abogacía del Estado ocho años por sedición —y Vox 50 años— ha declarado, en la sexta jornada del juicio al Procés, después del exconseller de Empresa, Santi Vila. Para comenzar su declaración, ha prescindido de su derecho a una traducción simultánea del catalán. 

“El Supremo ha perdido una oportunidad para hacer pedagogía de un estado plurinacional y pluricultural. Si tuviéramos una actitud distinta de las instituciones del Estado seguramente hoy este juicio no tendría sentido. 

Sánchez ha accedido a contestar a las preguntas de Fiscalía y de Abogacía General del Estado. “Todos los hechos que mantienen contra mi persona son totalmente falsos y no tengo ningún temor a responder”. Pero ha obviado la acusación de Vox.

El fiscal ha comenzado preguntándole sobre si conocía el Libro Blanco de la transición catalana de Catalunya. “Lo conozco, pero no me lo he leído, como creo que nadie se habrá leído esas más de 1.000 páginas”. Ha definido este libro como un trabajo en gran parte académico para dibujar posibles escenarios. “Son sugerencias, caminos o escenarios… cambiantes, que tienen el valor que tienen”.

“En los escritos aparece cuestionarse el derecho a manifestación y protesta, es lo que me ha llevado a considerarme un preso político. Estoy en este tribunal por haber sido presidente de la Asamblea Nacional Catalana”, ha continuado Sánchez, que señala que la Fiscalía nunca planteó a la Asamblea Nacional Catalana ninguna resolución por incumplimiento de la ley.

Sobre las movilizaciones del 20 de septiembre, en protesta ante la actuación judicial, ha afirmado que la proclama —“defendamos las instituciones”— no era de la Asamblea Nacional Catalana en exclusiva, sino que era compartida por la UGT, CGT, las universidades, confederaciones deportivas, colegios de abogados. “Se manifestaron con los mismos términos, y lo hicieron en rueda de prensa, en redes sociales y en medios”. “Es imposible jugar unos hechos sin tener conciencia de las circunstancias sociales que existan ante unas diligencias secretas que era motivo de polémicas semanales”. Sánchez ha explicado que en Asamblea Nacional Catalana decidieron convocar protestas porque las órdenes judiciales también pueden ser sujeto de protesta, amparándose en el derecho fundamental de manifestación y expresión.

Sánchez ha afirmado que la propia secretaria judicial que estuvo en la comitiva comentó en algunas declaraciones que cuando llegaron ya habían dos o tres personas protestando o haciendo fotos, y a las 8h de la mañana los medios ya hablaron sobre ello, lo que hizo que fuera más gente. El fiscal le pregunta que cuántos “tuiters” envió a lo largo de la mañana. “Unos cinco o seis”. En ellos convocada en Rambla Catalunya a protestar de manera pacífica. “Ellos han declarado la guerra, salimos a defender las instituciones pacíficamente”, ha sido uno de los tuits recordado por Fiscalía.

“Cómo Asamblea, cuando convocamos una manifestación siempre somos muy escrupulosos en comunicar la concentración y en asumir la responsabilidad”, ha resaltado Sánchez. El fiscal ha continuado preguntando sobre quién gestionaba la cuenta de Twitter de Asamblea Nacional de Catalunya, lo que Sánchez desconoce y afirma que la cuenta que él sí gestionaba era la suya propia.

Sobre las dos horas de diferencia entre el comienzo de la concentración y la comunicación oficial explica que fue debido a que a las 10h, cuando esta última se realizó, era cuando comenzaba a trabajar el personal técnico de la Secretaría de la Asamblea. Sobre las 12h del mediodía recibió una llamada de Joaquim Forn, conseller de Interior, par pedirles ayuda en seguridad, cosa que habitualmente hacen, facilitando un espacio o pasillo para garantizar la entrada de las personas que considere la comitiva judicial. “Como hecho siempre, la colaboración con la Guardia Urbana o los Mossos d’Esquadra, vamos a colaborar en todo lo que sea necesario, pero a diferencia de otras grandes manifestaciones no tuvimos la oportunidad de prepararla porque no sabíamos que se iba a producir esa entrada y registro”.

Cuando llegó al lugar de la convocatoria, se puso en contacto con el grupo de mediación de los Mossos d'Esquadra y solicita entrar al edificio del Departamento de Economía, pero los agentes que estaban en la puerta le pidieron identificación y al cabo de pocos minutos le dijeron que no estaba autorizado para acceder a la sede y se fue porque tenía una reunión de trabajo. Cuando llegó ya había una muralla humana frente al edificio.

Tras un receso de media hora, Sánchez ha continuado explicando que las dos horas de diferencia entre el comienzo de la concentración y la comunicación oficial fueron a causa de que a las 10h, cuando esta última se realizó, era cuando comenzaba a trabajar el personal técnico de la Secretaría de la Asamblea. Sobre las 12h del mediodía recibió una llamada de Joaquim Forn, conseller de Interior, par pedirles ayuda en seguridad, cosa que habitualmente hacen, facilitando un espacio o pasillo para garantizar la entrada de las personas que considere la comitiva judicial. “Como hecho siempre, la colaboración con la Guardia Urbana o los Mossos d’Esquadra, vamos a colaborar en todo lo que sea necesario, pero a diferencia de otras grandes manifestaciones no tuvimos la oportunidad de prepararla porque no sabíamos que se iba a producir esa entrada y registro”.

También ha explicado que su previsión para esa concentración del 20 de septiembre era de 2.000 personas, ya que se hizo a última hora, cuando Guardia Urbana habla de una asistencia de 40.000 y Fiscalía de hasta 60.000 personas. Sobre la conversación con Trapero, jefe de los Mossos d’Esquadra, a quien Sánchez llama tras hablar con Forn, afirma que le dijo que, por favor, se encargara de la labor con los voluntarios.

Sánchez afirma que desde la Guardia Civil le avisaron que en algunos de los vehículos de la Guardia Civil habían armas largas, peor que no era la labor de la Asamblea Nacional Catalana el proteger esos coches. Señala la diferencia entre las tareas de seguridad de las que se encargan las fuerzas de seguridad del Estado de la labor que es responsabildiad de las organizaciones convocantes de manifestaciones sobre unos mínimos de coordinación de seguridad. El fiscal le ha recriminado que estos vehículos sufrieron daños, como pegatinas pegadas o boyes en el techo por las personas que se subieron a ellos, lo que Sánchez en una declaración anterior, —según el fiscal— señaló que se debió a los periodistas que lo usaron como plataforma para poder captar imágenes de lo que pasaba. Durante el juicio ha afirmado que los daños a estos coches los conoció por la tarde, y que era consciente por la mañan habían dos vehículos y que había periodistas subidos sobre ellos. “No hay contradicción entre lo que dije entonces y lo que he dicho ahora”, ha afirmado Sánchez.

“Aunque yo hubiese querido, yo con un megáfono no soy capaz de desconvocar esa movilización”, ha continuado durante su declaración. Esta desconvocatoria ha explicado que sí la pudo hacer por la tarde noche, cuando tenía medios técnicos y en los medios se comenzaba relajar la información sobre los hechos de ese día. “Durante la convocatoria, hasta que desconvocamos, no hubo ningún momento de riesgo, como muestran las imágenes de ese día”, ha continuado. El fiscal le ha recriminado que la comitiva judicial pudo salir muy tarde y ha reiterado los daños sufridos por los coches de policía. “A usted le parece que esto está amparado por el derecho de protesta”, le ha preguntado el fiscal. Sánchez ha respondido que la comitiva judicial terminó su labor a las 23h.30 horas, y el pasillo que organizaron fue para facilitarles la salida, y no hubo ningún atisbo de violencia. “No hubo nadie que lanzara objetos contra la Guardia Civil, ni hubo, como dijeron algunos medios, una actitud de asalto, visualicen las cámaras, las imágenes muestran la tranquilidad absoluta que había en el hall. No hubo ningún riesgo para la integridad física de ninguna persona, ni hubo ningún daño que pudiera dar a pensar que se iba a producir un asalto, es absolutamente falso”, ha reiterado.

“Una pegatina en un vehículo no es motivo para desconvocar una movilización”, ha continuado a preguntas del fiscal sobre por qué no intentaron dispersar a los miles de personas que acudieron el 20 de septiembre a la protesta.

Durante la sesión de la tarde, el fiscal ha continuado preguntándole a Sánchez sobre la acción de los Comités de Defensa de la República (CDR), a lo que este ha respondido que cualquiera de las actuaciones de estas organizaciones, que defienden el derecho a manifestación, él las ha vivido desde la prisión, ya que fue encarcelado el 16 de octubre de 2017. 

Rosa María Seoane, abogada general del Estado, le ha tomado el relevo al fiscal, que le ha preguntado sobre la actividad en los centros educativos por parte del Movimiento Escuelas Abiertas. “Se promovían todo tipo de actividades culturales esos días”, explica, señalando que eran los centros educativos los que decidían si celebrar durante esos fines de semana unas u otras actividades. 

A preguntas de su abogado, Jordi Pina, també se ha referido a los distintos documentos sobre el Procés catalán, como el Libro Blanco, o EnfoCATs, que dibujaba varios escenarios políticos en Catalunya y que, según ha afirmado Sánchez, “no daba ni una”. “La Fiscalía se ha ido dando cuenta de la poca relevancia que tenían y ha ido cambiando de documentos en su acusación”, ha señalado. Sobre los altercados dados en Catalunya, Sánchez ha afirmado que se dan más episodios de en un concierto que que los que se dieron y ha aprovechado para recordar a los jubilados que se ofrecieron como voluntarios para formar el pasillo de seguridad organizado para la salida de la comitiva judicial.  

A requerimiento de su abogado, se han mostrado fotos en las que se veía el estado festivo y tranquilo durante ese día, y también a los guardia civiles que custodiaban la puerta del edificio del gobierno sin que mostraran estar siendo molestados de ninguna manera.

Su abogado ha recordado que Jordi Sánchez no está acusado de convocar un referéndum, sino de convocar y participar en manifestaciones, como presidente entonces de la Asamblea Nacional Catalana. “Es cierto que no hay democracia sin ley, pero lo que no puede haber es una ley que abogue a la democracia para no permitir el ejercicio de derechos ciudadanos”. También rechaza haber hecho llamamientos repetidos para que la ciudadanía protegiera los colegios electorales ni para bloquear la actuación policial el 1 de Octubre, como le acusa Fiscalía.