Catalunya
Pedro Sánchez anuncia la aprobación inminente de los indultos a los nueve condenados por el 1 de octubre

En Barcelona, en el Liceo, un espacio simbólico del poder de la burguesía catalana y ante la mirada atenta de 300 representantes de la sociedad civil y los empresarios, Pedro Sánchez ha anunciado que mañana propondrá en Consejo de Ministros el indulto de los nueve condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia del 1 de octubre.
El anuncio, realizado en el marco de una alocución con el nombre de “Reencuentro: un proyecto de futuro para España”, se esperaba desde hace semanas. El Gobierno deberá afrontar el redoble de hostilidad por parte de Partido Popular, Vox y sectores de la derecha nacionalista española y no contará con el aplauso unánime del independentismo catalán.
Pero, aún así, Sánchez promulgará la medida de gracia con el argumento de “fomentar la convivencia”. El cálculo político es claro: los indultos eran un paso necesario para amarrar en la medida de lo posible los apoyos necesarios en el Congreso con la vista puesta en alargar la legislatura tras un año y medio duro, marcado por la pandemia y la crisis económica.
Aunque Esquerra Republicana de Catalunya sigue considerando necesaria una amnistía que solucione los más de 3.000 casos de personas envueltos en causas judiciales relacionadas con el referéndum del 1 de octubre y las protestas por la independencia, los indultos, como ya señaló Oriol Junqueras el 7 de junio, son “gestos que pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana, y cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer este camino”.
“Sacamos materialmente de la cárcel a nueve personas, pero sumamos simbólicamente a millones para la convivencia”, ha defendido Sánchez. El presidente ha anticipado la tormenta política que se le viene encima por parte del nacionalismo español recordando que la ley “autoriza esta medida de gracia. Estamos en disposición de pedir a todos que reconozcan su plena legalidad y absoluta constitucionalidad”.
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