Espionaje
¿Quién le corta las alas a Pegasus?

El Gobierno “niega categóricamente que alguno de sus miembros realice operaciones de vigilancia o comunicación contra defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o cualquier otra persona sin autorización judicial previa”. En 2017, The New York Times publicó una historia sobre el uso del software Pegasus por parte de las agencias federales mexicanas contra opositores políticos, una utilización que comenzó en 2011 y que supuso el espionaje de periodistas y abogados, algunos de ellos vinculados a la investigación del asesinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Fue entonces cuando el ejecutivo de Enrique Peña Nieto emitió una declaración que, cinco años después, ha resonado, casi palabra por palabra, en España.

Pegasus no duerme. No al menos hasta que el Parlamento Europeo termine la investigación sobre este sistema de espionaje desarrollado por NSO Group, en una comisión que se ha puesto en marcha para investigar los casos en Hungría y Polonia pero que abordará la situación en España tras el escándalo destapado por Citizen Lab y The New Yorker respecto al espionaje de un mínimo de 65 personas —entre ellas el actual president de la Generalitat, Pere Aragonés, el expresident Carles Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras— y el reconocimiento posterior por parte del Gobierno de que el presidente Pedro Sánchez y tres ministros —Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Luis Planas— han sufrido la infección del mismo malware.

Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que Pegasus es el arma preferida en el ámbito digital para silenciar e intimidar a activistas de derechos humanos

A diferencia de otros sistemas como el espionaje telefónico, Pegasus ha abierto una infinidad de posibilidades y tiene la capacidad potencial de llegar a conocer a la persona investigada mejor de lo que ella misma se conoce. Los hábitos, los pasos, los contactos, los viajes, las fotografías, las citas médicas o las deudas. Toda esa información referente a una persona calificada como “de interés” por parte de un organismo oficial se dirige a un servidor en Israel que se distribuye a quien adquiere Pegasus. Por un precio superior también pueden disponer de esos bytes de información países que quieren espiar a ciudadanos extranjeros. Ya no es necesaria ninguna intervención por parte del espiado, no se trata de no abrir un enlace o evitar descargar un archivo maligno. Con el número de teléfono o el correo electrónico, Pegasus ya puede autoinstalarse en el terminal. Es el espía perfecto.

Los vínculos de NSO o cómo los mercados financieros desataron a Pegasus

Roger Suso

Espionaje

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Cómo nació y se financió NSO, la compañía israelí responsable de Pegasus, un programa que abre la puerta a la filtración de todo tipo de datos personales y materiales de los usuarios de un teléfono móvil.

No es un escándalo

Espionaje El malware Pegaso fue empleado para la persecución de periodistas y activistas en 50 países

Pegasus no se termina, aunque en diciembre fuentes familiarizadas con la empresa israelí admitieron que NSO se plantea el cierre o la venta de esta unidad de vigilancia, por las controversias que ha generado su producto más conocido desde que en 2021, Amnistía Internacional, junto con un consorcio de medios llamado Forbidden Stories, lanzara la primera investigación que alertó sobre el uso de este sistema. 

Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional, recuerda que en aquel entonces se estimó que el malware había alcanzado a 50.000 personas en todo el mundo, incluidos —según se supo en ese momento— tres presidentes, un rey, activistas, periodistas, primeros ministros, pero precisa que ese primer informe resaltaba que entre los investigados estaban periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, lo que hizo a la organización con sede en Londres llegar a la conclusión “de que Pegasus era el arma preferida en el ámbito digital para silenciar e intimidar a estos grupos”.

Amnistía Internacional presentó antes de la pandemia una demanda en el tribunal supremo israelí para que obligase al Gobierno de Naftali Bennett a suspender la licencia de exportación a NSO, pero el litigio no prosperó y se encuentra ahora mismo en fase de apelación. Para De las Heras, la investigación por parte del Parlamento Europeo es la vía más prometedora para atajar el vuelo de Pegasus.

Sira Rego es miembro de la dirección federal de Izquierda Unida y una de las diputadas que participará en la comisión de investigación en el Parlamento Europeo que debe esclarecer si el programa de NSO se ha utilizado con fines políticos. Rego espera que el informe final de esta comisión, en la que tendrá que declarar el consejero delegado de la compañía, Shalev Hulio, “sea capaz de poner freno a este tipo de prácticas abusivas por parte de empresas privadas opacas”. 

¿Quién puede cortar las alas de Pegasus? La falta de mecanismos y marcos legislativos es la gran preocupación de Amnistía Internacional. Carlos de las Heras defiende un enfoque global, que pase por delante de las necesidades o particularidades nacionales: “Es necesario que se imponga una moratoria global, es decir, que se prohíba la venta, el uso y la transferencia de este tipo de tecnologías hasta que no haya una regulación fuerte”. La comisión en el Parlamento Europeo debe examinar, a lo largo del próximo año, si se ha quebrantado la legislación de la Unión Europea. Hasta entonces, la capacidad del periodismo y la investigación para sacar a la luz los métodos de esta herramienta son irrisorios en comparación con los riesgos que tiene su utilización en todo el mundo. Los escándalos y la preocupación pasarán pero Pegasus no se acaba nunca.

Pegasus en España

23 días naturales, incluidos dos festivos en Madrid, duró la investigación que la oficina del Defensor del Pueblo dirigida por Ángel Gabilondo realizó para dictaminar que el uso de Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia se hizo en arreglo a la ley. Tuvo acceso ilimitado a la documentación sobre la autorización judicial de las escuchas a 18 políticos y activistas del independentismo catalán, pero no se conoce si, como en la comisión de gastos reservados del Congreso, los documentos aparecieron tachados o no. El informe del Defensor del Pueblo llegó el 18 de mayo, diez días después de que el Gobierno anunciase la salida como directora del CNI de Paz Esteban, una de las responsables de las escuchas “legalizadas” de los 18 señalados como una amenaza para la seguridad nacional. 

Ni la destitución de Esteban, ni la comparecencia que Sánchez convocó el jueves 26 de mayo para calmar los ánimos tras las reiteradas negativas del PSOE a formalizar una comisión de investigación sobre el caso, han aclarado las otras dos grandes cuestiones que rodean al uso de Pegasus en España. En primer lugar, qué organismo o institución del Estado ordenó el espionaje de otras 47 personas que han sido espiadas según la información que Citizen Lab publicó en The New Yorker el pasado 22 de abril. En segundo lugar, qué organismo o Estado es responsable del espionaje a Pedro Sánchez, Robles, Grande Marlaska y Luis Planas, y por qué el Ejecutivo, después de denunciarlo, no ha querido remover las circunstancias de ese seguimiento. Hay una tercera pregunta: ¿es posible que se siga obteniendo información de Pegasus?

“Ahora mismo no hay ninguna garantía de que esto no esté pasando”, sentencia Mireia Vehí, diputada de la CUP en el Congreso. “No hay ningún tipo de reconocimiento ni de reparación ni de garantías de no repetición; no ha habido ningún cambio legislativo en el control de los servicios de inteligencia. De hecho, el Estado español es de los países europeos que menos control democrático tiene sobre esas agencias”, denuncia Vehí.

Esta diputada cupaire protagonizó el 27 de abril uno de los momentos más tensos en la ya de por sí tensa vida parlamentaria española. Su pregunta en la sesión de control del Gobierno hizo estallar a la ministra de Defensa, que hasta entonces había negado con poca convicción el espionaje producido en torno a los hechos que tuvieron lugar en octubre de 2019 tras la lectura de la sentencia a los políticos y activistas del Procés. El bramido de Robles a finales de abril modificó el argumentario oficial seguido por el Ejecutivo hasta entonces, deterioró más aún la relación con el Gobierno de la Generalitat y con los grupos catalanes en la Carrera de San Jerónimo y fue el preludio de la revelación sobre el espionaje del que fueron víctimas los miembros del Gobierno Sánchez.

Para la CUP, la comparecencia de Sánchez esta semana no aclaró dudas, tampoco el informe del Defensor del Pueblo, ya que ni siquiera se ha hecho público. En las bancadas independentista, se valora que la comparecencia solo sumó más agravios: “Sánchez hizo unas declaraciones muy irresponsables”, dice la diputada Vehí. “Nuestras preguntas quedaron sin respuesta”, denuncian desde ERC, que califican como “humo” las explicaciones del pasado 26 de mayo.

La destitución o, en el lenguaje del Gobierno, la sustitución de Paz Esteban, sirvió, a juicio del diputado Jon Iñarritu (EH Bildu) para cerrar en falso la crisis que estalló en abril y amenazó con dinamitar la legislatura tras el estallido de la ministra de Defensa. “No cuela; el motivo que generó esta crisis, que es el espionaje masivo a representantes políticos catalanes y algún vasco, sigue sin aclararse”, denuncia Iñarritu, para quien el cese de la comparecencia de Sánchez tampoco ha aclarado dos puntos fundamentales como quién ordenó los hechos o si el Gobierno los conocía.

Desde el grupo abertzale se solicita la desclasificación de las autorizaciones que justificaron los 18 seguimientos pero también que se investigue o aclare las decenas de casos que se produjeron sin autorización judicial. En lugar de eso, Iñarritu coincide en que Sánchez llegó a un punto de “provocación” hacia los partidos independentistas catalanes que dificulta aun más una salida en positivo a esta crisis.

¿Ha descubierto el escándalo algo que no se sabía sobre el proceder de determinadas instituciones del Estado? La respuesta de los representantes parlamentarios consultados para este artículo es que no hay sorpresas: “Ya me gustaría”, dice Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya. El desarrollo de tres comisiones de investigación previas en las que se han abordado cuestiones como el uso de fondos reservados o la práctica de la llamada “policía patriótica” han desengañado a Rufián sobre la capacidad de fiscalizar organismos policiales descontrolados, “gente que se cree que este país es suyo y hace lo que quiere porque además puede hacer lo que quiere”.

Visiblemente enojado, el diputado republicano apuntó durante la comparecencia a un asunto que plantea una cuestión ética: ¿es legítimo el espionaje de rivales políticos aunque sea legalizado por la firma de un juez? “¿Qué delito habían cometido, qué amenaza representaban?” preguntó Rufián a Sánchez respecto de los espiados bajo autorización. No es una pregunta retórica, en al menos uno de los casos —el del actual president de la Generalitat, Pere Aragonès— la justificación del espionaje se basa en que supuestamente estaba al tanto de las acciones de sabotaje de los Comités de Defensa de la República. “Si un sindicalista quema un contenedor, ¿lo van a espiar?”, inquirió Rufián en el Congreso.

Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, planteaba otra cuestión en su turno: el hecho de que el juez no conociera los detalles de qué estaba autorizando, “no había manera de que lo supiera”, defendió el diputado jeltzale en contra de lo que ha hecho público la oficina del Defensor del Pueblo.

Los 47 no reconocidos

Sira Rego destaca cómo al hecho de que en España no haya quedado acreditada la procedencia del espionaje de las otras 47 personas que, según el Gobierno, no fueron espiadas por el CNI, se une la perspectiva de que pueda “que nunca lo sepamos con certeza” e indica que quien disponga “de suficiente dinero y poder” tiene, en apariencia, la potestad de saltarse los derechos fundamentales. Rego enlaza el caso con los últimos audios del excomisario José Villarejo. Y es que la sombra de las cloacas policiales ha caminado en paralelo a los descubrimientos en torno al espionaje realizado con el software israelí desde que en 2018 Anticorrupción recibiera la prueba de que el director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, condenado a un año de prisión por una de las acciones de la llamada “policía patriótica” pudo haber adquirido este sistema de espionaje.

Desde los micrófonos de su nuevo podcast, el exvicepresidente Pablo Iglesias ha intentado que el escándalo Pegasus tuviera consecuencias políticas y ha presionado al Gobierno para que la depuración de responsabilidades tocase lo que, a su juicio, es la base del Estado profundo, aquel que funciona bajo su propia razón, al margen del escrutinio del Parlamento y, a menudo, incluso del Gobierno en ejercicio. “Pegasus confirma que el Estado es un terreno de disputa crucial —reflexiona Iglesias—, en esa disputa se juega que España siga siendo una democracia, llena de deficiencias, pero democracia al fin y al cabo, o que el proceso de involución en marcha termine de decantar la balanza hacia un modelo con formalidades liberales y materialidades autoritarias”.

Policías siniestros sin punto final

Pablo Elorduy Ter García

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Policía

Policías siniestros sin punto final

Pablo Elorduy ,  Ter García

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Viaje al origen de las llamadas cloacas del Estado, una mafia organizada en paralelo y desde dentro de la policía. De los torturadores de la Brigada Político Social y la guerra sucia contra el terrorismo al espionaje, los informes inventados y la intoxicación mediática.

Aunque Carlos de las Heras enumera una serie de medidas que pueden tomarse para que no vuelvan a producirse lagunas como las que rodean este caso, Amnistía Internacional se limita a pedir transparencia al Gobierno: que sus representantes manifiesten de forma oficial si se ha utilizado, si hay algún tipo de relación contractual con NSO y si han utilizado concretamente el programa Pegasus. 

Desde los grupos políticos catalanes se cuestiona la intención del Ejecutivo de Sánchez de llevar a cabo medidas de regeneración democrática y se insiste en la independencia de Catalunya como la solución posible al cierre autoritario del Estado. 

Los anuncios del pasado jueves por parte de Sánchez de que se modificará la ley que controla el CNI o la norma que regula los llamados secretos de Estado, que procede del franquismo, son algunos de los hitos que las fuentes consultadas mencionan cuando se trata de romper los hilos que sostienen a Pegasus. Sin embargo, hay dudas de si se llevarán a cabo en esta legislatura y cómo se hará. Desde ERC sospechan que, otra vez, el PSOE querrá atraer al PP para generar un pacto de Estado, eludiendo hechos como que el propio partido dirigido hoy por Alberto Núñez Feijóo es responsable de la última etapa de actuación de la policía de Pino y Villarejo. Iñarritu concede que, a priori, no son malos pero pide que no sean un pretexto para apaciguar los ánimos y cerrar en falso la crisis. Su grupo exige una comisión de investigación que no se ciña exclusivamente a Pegasus sino que aborde “en conciencia” la purga de las cloacas del Estado.

Será difícil vencer la resistencia de quienes, empezando por Robles, han hecho de la defensa de los “3.000 hombres y mujeres del CNI” el principal argumento para rechazar la investigación del caso en una comisión en el Congreso. Lejos de calmar los ánimos, el mensaje de Sánchez del jueves ha redoblado los argumentos de los partidos independentistas de que el Gobierno actual practica o es víctima de un “patriotismo tóxico” —en palabras de Rufián— que no ha mostrado voluntad de atajar. “No sé que me provocaría más desazón, que usted lo conociera o lo desconociera”, lamentó Esteban respecto del dispositivo autorizado por el CNI, que el pasado jueves Sánchez dijo desconocer pero que quiso avalar.