Italia
De la parte justa: por la huelga general italiana

El cielo, ya lúgubre estos días, se oscurece un poco más, revelando una especie de diseño trágico. Tras el decreto Rave, tras el decreto Cutro, tras la represión de los ecoactivistas condenados en Padua, tras las decisiones de las prefecturas (por mandato del ministro italiano del Interior Matteo Piantedosi, próximo a la Lega) de anular el registro civil de las familias homoparentales, llega el alto de la Comisión de Garantía de Huelga Commissione Garanzia Sciopero, que impone la precettazione limitativa de la huelga general convocada por la CGIL y la UIL para el 17 de noviembre contra los Presupuestos Generales del Estado presentados por el gobierno de Giorgia Meloni (1).

Mientras el gobierno italiano recorta los servicios públicos esenciales aumentando las desigualdades sociales y Meloni publica vídeos que proponen reformas institucionales vergonzosas en pro de un presidencialismo sin precedentes, Salvini se pone gustosamente la chaqueta del gendarme del orden del capital neoliberal contra los trabajadores y trabajadoras, contra las familias empobrecidas y precarias. Frente a la «derecha social» y las risibles promesas electorales, frente a toda la retórica populista, sabíamos desde el primer momento que nos encontraríamos ante el régimen más proclive a la utilización de los dispositivos autoritarios del sistema socioeconómico que domina esta Europa de las finanzas. La economía de guerra no hace concesiones y las bombas sociales llueven en casa, mientras que un poco más hacia el este se cuentan los muertos de los artefactos explosivos que caen sobre los hospitales al tiempo que los frentes se compactan, graníticos y terribles. Viene a la mente un viejo eslogan: «El proletariado no tiene nación». En estas semanas, parece más pertinente que nunca.

Píldoras de historia de un derecho y del intento de enterrarlo

Así pues, merece la pena detenerse a considerar el derecho de huelga, que cuenta con una larga historia (2). Recorrámosla rápidamente para comprender cómo el pasado, oscurantista y dramático, presiona para hacerse de nuevo presente. Tras la unificación de Italia la huelga constituía un verdadero delito y, como tal, estaba sujeta a penas de prisión y multa a tenor de lo dispuesto en el Código Penal sardo de 1859, que fue extendido por la fuerza a todo el territorio nacional. Tras la entrada en vigor del Código Zanardelli en 1889, esta concepción penal de la huelga se atenuó y asistimos a la afirmación de una actitud menos represiva por parte del Estado frente a las abstenciones colectivas de los trabajadores, con la única excepción de la «huelga violenta». Quién sabe si los cañonazos del general Fiorenzo Bava Beccaris (1831-1924), que en 1898 masacraron en Milán a cientos de trabajadores y trabajadoras inermes e indefensos, formaba parte de esta excepción. La primera huelga general en Italia fue proclamada por la Cámara del Trabajo de Milán, inmediatamente después de la masacre perpetrada en la mina sarda de Buggerru en septiembre de 1904: cuatro obreros que reclamaban la reducción de la jornada laboral fueron asesinados a tiros. La huelga general cambió radicalmente el panorama político y el gobierno se vio obligado a celebrar nuevas elecciones.

La entrada en vigor de la Constitución de la República italiana de 1948 sancionó expresamente el reconocimiento de la huelga como un derecho, superando la concepción del periodo anterior que, sin embargo, seguía considerándola un ilícito civil. Durante el fascismo, que inspira desde hace mucho tiempo al actual presidente del Senado Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia), que es quien nombra en la actualidad a los garantes de la mencionada Comisión de Garantía de Huelga, la huelga fue reprimida como delito contra la economía nacional, concepción que volvemos a encontrar, sustancialmente idéntica, en el arquitrabe de la medida limitativa decidida por la mencionada Comisión a ejercer el derecho de huelga. La Constitución actual y su Artículo 40 sancionan su derecho y alcance: «El derecho de huelga se ejerce en el marco de las leyes que lo regulan».

Durante las décadas de 1960 y 1970 la huelga, concebida como derecho individual antes incluso que como derecho sindical, se convirtió en el icono de la protesta y de la emancipación de la clase obrera. Pero a partir de la década de 1980, derrotados los movimientos obreros de la década anterior, comenzaron a registrarse los primeros intentos de regular y limitar el derecho de huelga como sucedió con el Protocolo Scotti de 1983 (que introdujo la primera figura atípica en el derecho laboral italiano, esto es, el contrato de formación y trabajo, precursor de la creación de las posteriores figuras precarias) y con las llamadas «cláusulas de tregua sindical», que prohibían a los sindicatos cuestionar los convenios antes de su vencimiento. En el camino hacia la contención y luego el vaciamiento progresivo del derecho de huelga encontramos también el Protocolo de 23 de junio de 1993 en el que además de un reparto más claro de competencias entre los distintos niveles contractuales, se establecía expresamente que durante el llamado período de «enfriamiento», esto es, durante los tres meses anteriores a la expiración del convenio y durante el mes siguiente a su aprobación, las partes no podían recurrir a iniciativas directas, es decir, a la huelga, so pena de anticipación o aplazamiento del pago de la indemnización de las mejoras obtenidas entre la aprobación de dos convenios colectivos. Cabe señalar que estas disposiciones han fomentado el hábito de reiterar lo máximo posible en el futuro las renovaciones contractuales de los mismos, una práctica que ahora es absolutamente habitual en la negociación colectiva nacional italiana.

Pero volviendo a los límites introducidos sucesivamente al derecho de huelga y con ello a las libertades de los trabajadores, llegamos al Acuerdo Marco de 22 de enero de 2009 y luego al Acuerdo Marco Interconfederal de aplicación de 15 de abril de 2009. Con estos textos, por un lado, se amplió el periodo de reflexión (léase, prohibición de huelga) previsto para la negociación colectiva nacional, que ahora coincide con el periodo comprendido entre los seis meses anteriores a la expiración del convenio y el mes siguiente a dicha expiración, lo cual equivale en cualquier caso a un periodo de siete meses, calculado a partir de la fecha de presentación de las propuestas de renovación del mismo; y, por otro, se introdujo un periodo de reflexión adicional para la negociación descentralizada, que va desde dos meses después de la fecha de presentación de las propuestas de renovación hasta el mes siguiente a la expiración del convenio, lo cual equivale a un periodo total de tres meses de privación del derecho de huelga. Además, se eliminó la sanción del aplazamiento del pago de las mejoras obtenidas entre la aprobación de dos convenios colectivos en caso de incumplimiento de estas obligaciones, previendo en tal eventualidad únicamente la posibilidad de solicitar la revocación o suspensión de la acción unilateral adoptada. Es evidente que la crisis de la negociación colectiva va de la mano de la ampliación de los supuestos en los que peligra el derecho de huelga. Un aspecto, este último, que valdría la pena reconsiderar a la luz de la actual situación de dumping salarial. Estas intervenciones no han anulado el derecho de huelga, pero sí han limitado su aplicación en determinados momentos (decisivos) de la negociación colectiva.

Distinta, sin embargo, ha sido la intervención en el ámbito de las huelgas que afectan a los servicios públicos esenciales entre los que se incluye la totalidad del sector del transporte y, en consecuencia, el vital sector de la logística, intervenido por Salvini y la Comisión de Garantía de Huelga en el caso que nos ocupa. La intervención legislativa operada mediante la aprobación de la Legge 146/1990 regula el derecho de huelga en los denominados servicios públicos esenciales con el fin de vigilar y proteger los derechos de las personas constitucionalmente tutelados, esto es, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, a la seguridad, a la libertad de circulación, a la asistencia y la previsión social, a la instrucción y a la libertad de comunicación, lo cual asesta un golpe mortal al poder de negociación de los trabajadores de estos sectores, ya que les priva de su libertad de iniciativa en cuanto a la modalidad y duración de la huelga y en el caso del sector del transporte y la logística en lo que atañe a la circulación de mercancías y personas. Incluso las autopistas (es decir, el pago de la ruta a favor del concesionario privado) son reconducidas al ámbito de la limitación del derecho de huelga.

Esta disposición, inicialmente destinada a regular el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales exclusivamente en lo referido al trabajo subordinado, ha sido después modificada por la Legge 83/2000, que amplió su ámbito de aplicación a la abstención colectiva de los trabajadores autónomos, de los profesionales y de los pequeños empresarios, cuyas actividades estuvieran en todo caso vinculadas a la prestación de los mencionados servicios (por ejemplo, los abogados). Otras restricciones encontraron entrada con el Decreto-Legge 146/2015, convertido en ley mediante la Legge 182/2015.

Mediante un movimiento de pinza, el ministro de Infraestructura y Transporte Salvini amenazó con la precettazione

En este sentido conviene recordar que hasta 1990 el marco normativo que regulaba el nombramiento de los miembros de la mencionada Comisión de Garantía de Huelga, titular de las competencias para regular este derecho, era, en el fondo, si no en la forma, radicalmente diferente del actual. En 1990, según una práctica a la que nunca se había renunciado desde 1968, la mayoría parlamentaria elegía al presidente del Senado y la oposición al presidente de la Cámara de Diputados (Pertini, Ingrao, Iotti). Al tratarse de un nombramiento conjunto, ratificado después por la Presidencia de la República, la Comisión de Garantía de Huelga era el resultado de un compromiso entre las fuerzas políticas en liza y sus miembros gozaban de la correspondiente autoridad subjetiva. En 1994 la entrada de Berlusconi en el juego político italiano cambió el panorama: la Cámara y el Senado pasaron a estar controlados por la mayoría parlamentaria. Así, en consecuencia, el procedimiento de designación de la Comisión se ha desvirtuado desde su origen en un sentido autoritario: el poder ejecutivo se convierte en el amo del conjunto de la misma, que pierde de hecho su función de arbitraje para convertirse en un mero capataz del poder. Pero la ley no cambia, mientras la opción institucional opta por la dominación arrogante. La credibilidad de la Comisión de Garantía de Huelga se ha visto, pues, minada, iniciándose al mismo tiempo el deterioro de sus estándares técnicos, que continúa, acrecentado, hasta nuestros días.

Mediante estas disposiciones sobre el respeto de los plazos, los anuncios y las formalidades de la declaración de huelga es como hoy, en este triste país que es Italia, se reduce la legitimidad de un derecho tan fundamental como es el derecho de huelga.

La imparcialidad de la Comisión de Garantía de Huelga

Hoy, ante la actuación de Salvini, que por primera vez en la historia de la República amenaza preventivamente con efectuar una precettazione respecto a una convocatoria de huelga por los principales sindicatos italianos, sí podemos añadir que en este momento histórico no nos falta realmente de nada. Recordemos, entre otras cosas, que en la actualidad corresponde a la Comisión de Garantía de Huelga decidir si puede llevarse a cabo una huelga y de qué manera esta se efectúa. Este órgano se halla compuesto por cinco miembros elegidos entre expertos en la materia, a propuesta, como hemos indicado anteriormente, de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República (Ley 146/1990). En la práctica, sin embargo, la realidad es que la elección de los miembros de la Comisión son expresión exclusiva de la mayoría parlamentaria, ratificada luego por su nombramiento mediante decreto del presidente de la República. Y así, en el momento presente, la Comisión de Garantía de Huelga está compuesta por Peppino Mariano, abogado y antiguo asesor en materia laboral de Giorgia Meloni cuando fue ministra de Juventud entre 2008 y 2011 en el cuarto gobierno de Silvio Berlusconi; por Luca Tozzi, abogado y exasesor jurídico del actual presidente de la Cámara de Diputados Lorenzo Fontana (Lega) cuando fue ministro de Familia y Discapacidad entre 2018 y 2019 en el primer gobierno de Giuseppe Conte; por el profesor universitario Federico Ghera (abogado y asesor de la patronal) y por el economista Paolo Reboan, antiguo director general del Ministerio de Trabajo y antes asesor de ministros de Trabajo como Roberto Maroni (Lega) y Maurizio Sacconi (cuarto gobierno de Silvio Berlusconi), siendo su actual presidenta Paola Bellocchi, profesora de Derecho del Trabajo (que nunca ha ocultado sus simpatías por la derecha). Todos ellos son juristas y economistas militantes en el campo de la relaciones laborales, que nunca jamás han estado del lado de las organizaciones sindicales antagonistas. No es difícil advertir la clara orientación política de los miembros de este órgano, lo cual constituye una ofensa jurídica para una autodenominada Comisión de Garantía, que debería tener una constitución «súper partes». La decisión de no reconocer la huelga convocada por los sindicatos italianos para el 17 de noviembre aparece aquí viciada de origen por un posible sesgo ideológico en defensa de la actuación del gobierno. Estamos, en definitiva, en buenas manos.

Mediante un movimiento de pinza (poco importa quien fue el primero en actuar, porque las respectivas actuaciones estaban claramente pactadas) el ministro de Infraestructura y Transporte Salvini amenazó con la precettazione, por lo tanto, con multas de hasta 100.000 euros para los sindicatos promotores y sanciones tanto disciplinarias como pecuniarias contra los correspondientes trabajadores individuales, mientras que la Comisión de Garantía de Huelga redujo la huelga de transportes de 8 a 4 horas, debilitando así la huelga general. Para llegar a esta conclusión, la Comisión tuvo que recurrir a un forzamiento lógico y político: afirmó que la huelga, al ser nacional pero articulada, no podía calificarse de general, sino que debía considerarse como multisectorial. No podía intervenir, ni siquiera en los transportes, si se trataba de una huelga general, es decir, como se había convocado; pero la Comisión pensó que podía intervenir sectorialmente gracias a este artificio. Esto no había ocurrido nunca antes. La ley no contiene ninguna definición limitativa de la huelga general; la Comisión de Garantía de Huelga llega a ella por vías que define como interpretativas y que, en realidad, son constitutivas. Se trata de un paso más en el camino de la deslegalización autoritaria: un órgano administrativo de garantía promulga nuevas normas sobre una materia de relevancia constitucional y lo hace, además, invocando una inexistente opinión consolidada de la Comisión, que sería irrelevante de todos modos, pero que en realidad no existe. ¡Todo un golpe!

¿Para qué sirve una huelga?

Por último, nos gustaría señalar las declaraciones efectuadas a Il Sole 24 Ore por el ministro de Infraestructura y Transporte, Matteo Salvini, que pide y justifica la prefettazione de la huelga, porque «no es aceptable bloquear todo el país durante 24 horas», añadiendo que «su trabajo es garantizar la movilidad de 60 millones de italianos y que le pagan por ello». La idea de que una huelga, es decir, la suspensión del trabajo, no debe crear trastornos y perjuicios excesivos en las actividades cotidianas de los ciudadanos se ha convertido en un lugar común. La Comisión de Garantía de Huelga considera inadmisible la huelga general de 24 horas en algunos sectores (como los transportes y los servicios públicos en general) a tenor de este principio, dado que la considera lesiva para los derechos de terceras partes. Nos gustaría recordar al respecto determinados aspectos fundamentales, a saber, que la huelga tiene su origen en el conflicto capital-trabajo como arma para boicotear la producción. El trabajo, al abstenerse de producir, golpea en carne viva el beneficio del productor. La huelga siempre tiene un coste y la tradición mutualista de las formas sindicales surgió y se desarrolló precisamente para paliar los problemas que se derivan para el trabajo de las reducciones salariales que conlleva la misma, convocada para conseguir el objetivo de perjudicar los intereses del patrón.

Apoyamos esta huelga no sólo porque este es un momento mísero que exige luchar, converger, contra los ataques a las libertades y los derechos básicos garantizados por la Constitución, sino también porque nos gustaría entenderla como el inicio de algo más amplio

Hoy, por supuesto, cuando nos enfrentamos a una realidad productiva y a unas condiciones de explotación que han desbordado los límites de la fábrica y que se han vuelto omnipresentes, tratando de infiltrarse en todos los recovecos de la vida humana, el instrumento de la huelga debe ser repensado y adaptado a los nuevos desafíos con los que debemos lidiar, siendo Salvini una confirmación de ello. Debemos añadir que apoyamos esta huelga general, pero que queremos algo más. Afirmamos que la huelga general no se toca, que hay que defenderla y que hay que adherirse a ella, pero que quizá todo ello no sea suficiente. Lo que necesitamos es una huelga social, una huelga precaria, una huelga biopolítica, es decir, una huelga más amplia que tenga en cuenta el tejido que inerva la reproducción social, que hoy se ha hecho también explícitamente productiva. En definitiva, apoyamos esta huelga general convocada por la CGIL y la UIL, no sólo para defender la historia de la clase obrera y la de todos aquellos que «no tienen» de quienes, como generaciones precarias, formamos parte; apoyamos esta huelga no sólo porque este es un momento mísero que exige luchar, converger, contra los ataques a las libertades y los derechos básicos garantizados por la Constitución, sino también porque nos gustaría entenderla como el inicio de algo más amplio, de movilizaciones que continúan, que no se detienen, que son capaces de hablar a segmentos de la población que no tienen representación, de animar procesos multitudinarios, mestizos, feministas, procesos que nos hacen redescubrir la pasión común por la acción sindical y política en defensa de nuestras existencias. Dentro y fuera del trabajo. Pensamos, al afirmar esto, en las grandes luchas, complejas y articuladas, que Francia nos ha regalado durante los últimos años.

Existen temas cruciales objeto de disputa en estos momentos contra la política marcadamente antisocial de Meloni y Salvini, del salario mínimo a la renta de ciudadanía, pasando por la defensa del Estado del bienestar. Contra la prohibición de hacer huelga, hay que estar de la parte justa.