Gasto militar
El importe de las compras de armamento equivale al de las medidas sociales adicionales anunciadas por Sánchez

Sin novedad en el frente militar. El acuerdo para los Presupuestos generales del Estado 2019 presentado ayer por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no hace referencia alguna al presupuesto de Defensa, por más que los 5.000 millones adicionales comprometidos en medidas de gasto público equivalen a la misma cantidad anunciada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, para compras de armamento hasta final de año, tras la reducción efectuada por el actual Ejecutivo respecto al Gobierno Rajoy.

En Unidos Podemos dicen que, pese al acuerdo alcanzado, no son “sus presupuestos” y fuentes del partido evitan pronunciarse sobre las cuentas de Defensa, asegurando “que se ha priorizado negociar que aumenten las partidas que nos parecen de aplicación urgente, las cosas que son vitales”. Como gesto, Pablo Iglesias mantendrá su costumbre de no acudir al desfile militar de hoy, 12 de octubre, al que irá Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados.

La tarde antes de la presentación del acuerdo, el presidente Pedro Sánchez visitaba la base aérea de Los Llanos para conocer el Eurofighter, uno de las estrellas de la parada militar del Paseo de la Castellana. Un desfile que el año pasado tuvo un coste total de 670.000 euros —sin contar la exhibición aérea, que se computa en la programación de horas de vuelo de los aviones— en el que participarán 4.000 efectivos.

Pere Ortega, presidente del Centro Delàs de Estudios por la Paz, denuncia “categóricamente” cómo muchos de los vehículos militares que se exhibirán en la Castellana solo sirven para este desfile y el de las fuerzas armadas, que tiene lugar en torno al 30 de mayo. Aviones y blindados que, indica Ortega, “nunca han sido utilizados ni nunca serán utilizados: lo máximo que hemos sacado son dos o tres aviones en las repúblicas bálticas, hemos sacado media docena de blindados que han ido a Polonia a no se sabe bien qué y nada más”.

Armas con un único efecto “disuasorio” que se lucen dos días al año y que después son conservadas en costosos hangares para evitar la oxidación. A pesar de ello, las compras continúan. “¿Cómo se puede justificar delante de la población gastarse cada año cuatro o cinco mil millones en armamento para solo sacarlo el día del desfile?”, se pregunta Ortega.

El ciclo inversor: de Cospedal a Robles

Poco tiempo después de su llegada a Defensa, la actual titular, Margarita Robles, anunció que el plan de 10.800 millones para “adquisiciones” de Cospedal era desproporcionado. De diez mil, se ha pasado a un plan de 5.000 millones y a una inversión efectiva que ya llega a los 4.232 millones, tras la intensa campaña de compras de julio.

“Si sumamos los gastos ocultos, el presupuesto real estaría en torno a los 20.000 millones de euros, pero, como ellos no lo suman, hay que añadir 15.000 millones para cumplir el objetivo del 2% del PIB impuesto por la OTAN”

Esta misma semana, el almirante Santiago González Gómez, director general de Armamento y Material (DIGAM, en la jerga militar) anunciaba en un desayuno informativo con sectores de la industria militar que la dirección espera “disponer de un Plan Director para el área de misiles de defensa aérea”.

“5.500 millones en nuevas armas, aparte de lo adquirido, es una barbaridad y hay que oponerse”, explica Ortega, del Centro Delàs. “Espero que la oposición de Podemos respecto al presupuesto sea restrictiva en el ámbito de la adquisición de armamentos para el Ministerio de Defensa”, continúa.

Presupuesto: el PSOE en la senda del 2%

Los aliados de la OTAN se han comprometido a aumentar la inversión de Defensa hasta el 2% de sus respectivos productos interiores brutos. En el caso de España, esto supondría un aumento desde el actual 0,9% del PIB hasta más del doble. Pero hay matices. Desde hace años, una serie de partidas militares se ocultan en las partidas de otros Ministerios.

Los cálculos oscilan entre los diez mil y los 15.000 millones de euros que estima el colectivo antimilitarista Tortuga. Ortega explica que en ese gasto no computado se encuentran partidas como la Seguridad Social de los militares, las ayudas de I+D a la industria militar, las pensiones de guerra de damnificados de la Guerra Civil o transferencias extraordinarias a Defensa que suponen mil millones de euros anuales.

“Si sumamos todos, el presupuesto real estaría en torno a los 20.000 millones de euros, pero, como ellos no lo suman —indica Pere Ortega—, hay que añadir 15.000 millones para cumplir el objetivo del 2% del PIB”. En todo caso, el plazo para llegar a ese procentaje llega hasta 2024, con lo que el Ejecutivo actual no tiene que hacer un esprint para adecuar sus objetivos, sino continuar con la carrera de fondo, en marcha desde el inicio de la llamada recuperación económica.

Ortega espera un anuncio por parte del Gobierno en línea continuista, es decir, un incremento de mil millones en adelante para el presupuesto de 2019. Un aumento en el que también influye la “herencia recibida” en forma de Programas Especiales de Armamento, que cada año suponen una cancelación de créditos recibidos por la industria de aproximadamente 1.500 millones de euros por parte del Estado

“Lo primero que nos tenemos que preguntar es para qué queremos unas fuerzas armadas sobredimensionadas, con tanto armamento”, indica Pere Ortega. “Una vez resuelta esa gran pregunta tendría sentido tener unas fuerzas armadas de acuerdo con las amenazas reales del Estado español, pero esa pregunta no se la hacen porque consideran, por inercia del pasado, que tenemos que tener unos ejércitos enormes para prevenir posibles ataques del exterior cuando eso ya no tiene ningún sentido en el siglo XXI”.

Industrial-militar

Quienes hacen caja con desfiles como el del 12 de octubre, apunta Ortega, “son los accionistas de esas industrias, que viven de una política de Defensa que ellos coartan con su presión como lobby para que se siga haciendo armamento”. El último ejemplo de esa labor “de lobby” ha sido la movilización de trabajadores de Navantia, que cerró, a favor de la industria armamentística, el conflicto sobre las corbetas vendidas a Arabia Saudí.

Una presión que impide el estudio serio de la reconversión del sector industrial armamentístico en otras actividades acordes con los problemas derivados del cambio climático y la crisis larga del modelo productivo. “Sigue habiendo una dependencia de este tipo de industria y el Estado español la sigue beneficiando, ¿para qué? para adquirir unos armamentos que no sabemos para qué sirven”, concluye Ortega.