Frontera sur
La migración racializada

1 de noviembre de 1988. Playa de Los Lances, Tarifa. Estrecho de Gibraltar. Aparece una patera con una persona fallecida. Era la primera persona que murió en las costas españolas (al menos el primer caso documentado) y la primera patera. Se llamaba Touré. Al resto de personas que lo acompañaban en la patera no se las pudo nombrar, pasando a formar parte de los miles de cuerpos que, desde ese momento descansarían en la fosa común del mar Mediterráneo, marcados con la etiqueta de "desaparecidos".

Son dos fechas que marcan una historia triste e ignominiosa de este país en su papel de frontera sur de la llamada 'Europa fortaleza'. Más allá de la cifra de 5.082 personas fallecidas en el Mediterráneo en 2016, según cifras de la Organización Interncional para las Migraciones (OIM) –que por ya manida pareciera haber perdido su significado–, si acercamos un poco más el zoom, desde 2005 hasta la actualidad al menos 34 personas han fallecido en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, unas fronteras que han costado más de 60 millones de euros –que han terminado en los bolsillos de empresas como Dragados, Indra, Ferrovial-Agroman, Initec, Tragsa, Securitas, Acciona o Eulen–.

Sin embargo, la cifra de personas fallecidas intentando llegar al Estado español por mar, aunque sin cifras oficiales, se sitúa, precisamente desde 2005 en un persona fallecida por cada 30 que intentan llegar, según The Migrants Files: aproximadamente unas 4.800 personas. La relación entre la "protección de las fronteras" y los intereses de las grandes corporaciones de seguridad queda latente a la hora de analizar la cantidad ingente de dinero que se mueve en este negocio racista y xenófobo, en el que las personas se convierten en simples números.

Decía Primo Levi que "no es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará?". Por eso se trata de una lucha por la memoria, una lucha por la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Una lucha por nombrar a las víctimas que suelen enterrarse sin nombre en los cementerios españoles. El camino a recorrer para acercarnos al objetivo primario, que es la lucha contra la violencia ejercida contra seres humanos. Personas con nombres y apellidos, con historias, con familias, etc.

Algo que se convierte en una lucha por la justicia cuando ésta le es negada sistemáticamente a una parte de la población mundial que pasa por nuestra frontera sur. Una frontera sur que hace ya tiempo que se ha constituido como un espacio del 'no-ser', usando la terminología de Frantz Fanon.

O lo que es lo mismo, en un espacio donde el uso de la violencia no se realiza simplemente en forma de ley, sino que es la ley la que justifica el uso de la violencia directa contra los cuerpos de las personas migrantes, como ya ocurrió, por ejemplo, con la introducción de la Disposición adicional X en la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 con la que se legalizaron las 'devoluciones en caliente' que ya se venían practicando desde hacia años.

La violencia ejercida en la Frontera Sur contra la población negro-africana –aunque no simplemente contra ésta– encuentra su explicación cuando entendemos el eje racial que atraviesa las políticas migratorias del Estado español y de Europa. No es casual que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncie desde hace algún tiempo que las personas negro-africanas tienen serias dificultades para acercarse a las oficinas de asilo situadas en las fronteras de Ceuta y Melilla.

La jerarquización racial que se desarrolló a lo largo del siglo XVI para justificar el secuestro de personas negro-africanas para su posterior venta y esclavización se encuentra imbricada en las políticas migratorias, por ello no podemos hablar de la migración simplemente desde la perspectiva de clase sino que debe ir acompañada del eje racial para poder producir un análisis amplio y profundo de las migraciones.

Cuando aplicamos este eje descubrimos que la separación entre refugiados –migrantes de primera– y migrantes económicos –migrantes de segunda– no es rechazable simplemente por el hecho de la jerarquización de la migración que produce, sino que dentro de esta separación hay claramente un componente racial, dado que el grupo de migrantes económicos está compuesto, en su gran mayoría, por personas negro-africanas.

Se puede plantear que la diferenciación entre refugiados y migrantes económicos obedece a una mera clasificación, pero, sin embargo, es una muestra clara del carácter con el que se elaboran las políticas migratorias en las que podemos hablar de una racialización de la migración. Otro ejemplo claro de esa racialización de las políticas migratorias es la diferencia de tratamiento mediático y social ante la aparición de dos niños en sendas playas: Aylan y Samuel. Aylan era un niño de origen sirio (y blanco) cuya aparición supuso una gran conmoción social. Samuel era de origen congoleño (y negro). La aparición de su cuerpo apenas ha tenido repercusión en los medios y, sobre todo, una nula respuesta social.

Son estas políticas migratorias, herederas del pasado esclavista y colonial, las que podemos ver reflejadas en la Ley Orgánica 7/1985, primera ley de extranjería, con la que se construye al inmigrante latinoamericano como la opción predilecta a la hora de conceder la nacionalidad, permisos de residencia o trabajo, o el propio acceso a la nacionalidad. Se dibuja así la historia colonial como algo positivo o un símbolo de hermanamiento entre los pueblos colonizados y la propia colonia, sin llegar a ser sometida a crítica alguna o a ser vista como algo que exige de responsabilidades y de reconocimiento de éstas. Juzgamos el reconocimiento diferenciado que asigna la ley entre unas y otras personas como resto palpable de la mirada colonial que se desprende desde Europa hacia el sur global.

Las políticas migratorias se imbrican directamente con el pasado colonizador tanto de España como de Europa, y no hacen sino perpetuar esa superioridad de los unos sobre los otros, construyéndolas sobre la base de unas creencias y valores que tienen su origen en unas relaciones de poder fuertemente mediadas por dos ejes: clase y raza.

La Unión Europea regula y normativiza las políticas fronterizas y de gestión de los movimientos migratorios desde hace más de 30 años con una perspectiva ya no sólo colonial sino también mercantil, en la que la capacidad de agencia de las personas y de resistencia frente a esas políticas se invisibiliza. Podría decirse que la europeización de esas políticas nos ha llevado a fortalecerlas en base a un pensamiento estrictamente colonial.

Esta auténtica necropolítica que encuentra su paradigma en la frontera sur, allí donde los cuerpos racializados han de enfrentarse a la violencia de la frontera, se sitúa en su zénit cuándo se comienza a culpabilizar a las personas migrantes de su propia muerte y se exonera de toda responsabilidad a quienes están detrás de esas situaciones de violencia. Las víctimas son las culpables.

El mismo auto de la titular del Juzgado número 6 de Ceuta, María del Carmen Serván, con el que ordenó el archivo de la causa del Tarajal en 2015, decía que "los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil".

Frases como que "las circunstancias concurrentes el 6 de febrero de 2014 (...) legitimaron el uso de material antidisturbios por los agentes de la Guardia Civil, quienes estaban obligados a emplearlo en el ejercicio de su función de protección de la frontera española" son una muestra inequívoca de aquello que debería ser inexistente. La defensa de la frontera por encima de la protección a la vida de seres humanos que, en éste caso además, se encontraban en el agua, se convierte en algo normal y justificable, y convierte la frontera, allá donde ésta se establece, en un escenario de guerra.

Sentencias como ésta y otras tantas declaraciones, prácticas y políticas demuestran un desprecio generalizado hacia las víctimas, aquí las víctimas racializadas. Las víctimas migrantes no son tratadas de igual forma que el resto de víctimas del mismo Estado –y sistema– capitalista, racista, colonial, clasista y patriarcal que genera gran parte del dolor, el sufrimiento y la muerte que se da en el mundo.

Sin embargo, es necesaria la asunción por parte del Estado de la responsabilidad de estas muertes. De todas y cada una de las muertes que se dan por culpa de éstas políticas migratorias. Es necesario caminar hacia una justicia restaurativa, que ponga el foco en las víctimas y sus necesidades.

Eso significa identificar a las personas fallecidas, darles un tratamiento digno, comunicar de manera efectiva a las familias y acompañarlas, brindándoles el apoyo psicológico necesario para poder asumir su duelo. Asegurar investigaciones exhaustivas sobre las circunstancias de la muerte y, en el caso de que pudiera haber personas implicadas y/o responsables, garantizar un juicio justo y sin dilaciones en el que las familias tengan facilidades para personarse y tener voz. A esto se le llama reparación.

Es necesario, pues, establecer un mecanismo de reparación entendiendo que las víctimas de las fronteras actuales lo son de los procesos de colonización (y descolonización fallida) y de un sistema basado en las relaciones de poder que se dieron durante siglos –y que siguen actualmente–. Que asuma la responsabilidad histórica y establezca las vías de resarcimiento adecuadas para las víctimas directas de las comunidades colonizadas, del negocio esclavista y, hasta llegar a nuestros días, de las actuales políticas basadas en ellos. Buscar otros relatos que construyan la historia completa de este país.

Pero eso significaría tener un Estado y una Europa que asumiera su responsabilidad desde el pasado hasta nuestros días, y no esa Europa que, como dijo Aime Cesaire, no pasaría un juicio ni ante el espejo de la razón, ni ante el de la civilización.