Cumplir con la igualdad

Bizkaia ya cuenta con una Norma Foral de Igualdad. El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado dotarse de una herramienta, que entró en vigor el pasado 14 de julio, y que supone un impulso para las políticas de igualdad de la institución foral. Ahora bien, ¿es suficiente? En un momento histórico, en el que el movimiento feminista ha salido a la calle con contundencia, presentando fuertes desafíos a la agenda política en materia de igualdad, el gobierno foral, compuesto por el PNV y PSE, no ha sabido recoger el guante de esas demandas ni estar a la altura.

En los últimos tiempos, las mujeres vascas han irrumpido con fuerza. Feministok Prest en 2016, la iniciativa Nik Sinesten Dizut, las movilizaciones muy numerosas del 25 de noviembre, Juana está en mi casa o la respuesta a la sentencia de la manada han dejado entrever la sororidad que se ha ido tejiendo entre las mujeres para enfrentar las violencias machistas.

Antes del 8 de marzo, en los medios de comunicación podíamos ver entrevistas, reflexiones, debates e ideas sobre la corresponsabilidad, el patriarcado, los feminicidios, violencia machista, brecha salarial, cuidados… conceptos todos ellos acuñados y desarrollados desde el ámbito feminista que hasta hace bien poco eran invisibles o desconocidos. En torno al 8 de marzo presenciamos la eclosión y expansión de unas demandas que el movimiento feminista viene trabajando, con perseverancia, desde hace muchos años.

Todo ello son señales claras de que estamos en un nuevo tiempo, un tiempo en que el feminismo y sus propuestas ganan espacios, un tiempo en que cada vez más y más mujeres demandamos alto y claro que queremos lo que nos corresponde y exigimos cambios profundos. Y es curioso como todo esto ha pasado de puntillas para la Diputación Foral de Bizkaia. Tanto que hasta la participación del Movimiento Feminista en el diseño y elaboración de esta norma ha sido escasa. La Diputación y los partidos que la gobiernan van a rebufo de los movimientos feministas planteando una norma que apenas va a mover las bases de esta organización social que genera desigualdad y violencia hacia las mujeres.

En diciembre de 2016 en Bizkaia las mujeres paradas representaban el 53,42%. En 2018, de 116.600 personas en paro en la CAV, 61.800 son mujeres. Según el balance anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados vizcaínos tramitaron 2.926 denuncias, un 13,72% más que en 2016. Aún el 75% de las alcaldías en Bizkaia están ocupadas por hombres. Según un informe de Emakunde, la brecha salarial se sitúa en 24,3%, 7552 euros de diferencia, 2,2 puntos más que en 2009.

El menor poder adquisitivo determina las oportunidades, el desarrollo y la calidad de vida. El 73% de la población vasca de 18 a 44 años que sufre problemas de pobreza encubierta reside en Bizkaia según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del 2016. Las mujeres siguen siendo las que más sufren las consecuencias de la pobreza en Bizkaia.

Y esta Norma Foral de Igualdad no plantea acciones concretas, más bien las supedita a posteriores planes, no garantiza que sirva realmente para la igualdad entre mujeres y hombres, sólo favorece su promoción y tampoco establece garantías de cumplimiento suficientes; pues no existen sanciones para aquellas empresas, entidades forales o personal que no cumplan con los preceptos que la propia norma recoge. De hecho, los cargos políticos que no lleven a cabo la función de desarrollar la igualdad en sus áreas no tendrán respuesta alguna.

Tampoco existe un presupuesto ad hoc para desarrollar la Norma Foral de Igualdad, se deja al amparo de cada departamento, el diagnóstico y valoración de necesidades. Poca materialización de políticas de igualdad es lo que nos espera si tenemos en cuenta que estos departamentos, tal y como han venido demostrando, nunca han tenido la igualdad como prioridad, incluso aún hoy cuesta introducir la perspectiva de género en cuestiones más básicas.

Y es que en Euskadi, entre todas las instituciones vascas, ayuntamientos, las tres diputaciones y Gobierno Vasco se destinan anualmente 30,8 milllones de euros para políticas sectoriales de igualdad y erradicación de las violencias machistas. Parece mucho, ¿verdad? Pues esto supone 14 euros por habitante. Y del monto total, el 75% lo pone el Gobierno Vasco.

Celebramos la iniciativa de querer impulsar una Norma Foral para la Igualdad de mujeres y hombres, aunque en realidad es un deber histórico de esta institución. Esta norma foral debería haber tomado buena nota de la agenda política que propone el movimiento feminista. Era todo un desafío y una gran oportunidad para dar un salto cualitativo y cuantitativo en las políticas de igualdad y de erradicación de las violencias machistas. Pero no ha sido así.

Es una soft law, una norma blandita e insuficiente. Una herramienta que no cuenta con acciones concretas, ni con recursos suficientes, ni con sanciones, ni con la participación real y vinculante de los movimientos feministas ¿cómo puede propiciar un cambio real en la sociedad? Su cumplimiento puede ser una quimera, pero siempre dirán aquello de que “están cumpliendo con la igualdad”.