Cristina Narbona: “El proyecto de la mina de uranio podría acabar provocando otro conflicto con Portugal”

Cristina Narbona fue ministra de Medio Ambiente (2004-2008) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De conocida vocación antinuclear se convirtió en consejera del Consejo de Seguridad Nuclear en 2013, puesto que ocupó hasta 2017. En 2015, fue la única consejera que se abstuvo en la votación del CSN que aprobó la mina de Salamanca. “Reanudar la minería de uranio en Salamanca me repugna desde el punto de vista moral”, dijo entonces entonces Narbona. En 2012, fue coautora del libro La energía después de Fukushima (Ediciones Turpial) en el que habla de la crisis de la energía nuclear tras el accidente en esta central japonesa. Actualmente es la presidenta del PSOE. ​

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¿Por qué ese interés de Berkeley para explotar unas minas que la empresa pública del uranio, Enusa, ha dicho que no son rentables? 
No quiero teorizar sobre los intereses reales de la empresa, pero los hechos están ahí, a la vista de todos. Sabemos que la empresa pública Enusa renunció en 2012 a explotar la mina de Retortillo porque el precio del uranio era tan bajo que no había posibilidad de hacer rentables las inversiones. Cuando repuntó el precio de este mineral, la empresa australiana Berkeley, especializada en comprar y vender derechos mineros más que en explotarlos, decidió reactivar el proyecto.

Berkeley está interesada en tres asuntos: por un lado, en la mina (extracción de mineral) y, por otro lado, en la planta de fabricación de concentrados de uranio, ambas situadas a 30 kilómetros de la frontera con Portugal. Y, finalmente, también quiere obtener permisos de investigación minera. Busca rentabilidades, por lo tanto, en esas tres direcciones.

¿Hay perspectivas a corto o medio plazo de un aumento en el precio del uranio que justifique el proyecto minero de la Berkeley?
Para entender el tablero del combustible nuclear hay que tener una perspectiva global. Su precio tocó mínimos históricos en diciembre de 2016. Pero la cuestión clave es la demanda futura de este mineral, especialmente por parte de China e India, ya que ambos países están aumentando su capacidad nuclear. China pretende tener 232 reactores operativos en 2030, frente a los 35 que tiene ahora mismo. De lograrlo, supondría superar a Estados Unidos como el país con más reactores del planeta.

El precio del uranio sufrió en 2016 un desplome de más del 40% que llevó a su precio a estar por debajo de los 18 dólares la libra, obligando a muchas minas a cerrar o a recortar drásticamente su producción

El precio del uranio sufrió en 2016 un desplome de más del 40% que llevó a su precio a estar por debajo de los 18 dólares la libra, obligando a muchas minas a cerrar o a recortar drásticamente su producción, ya que era imposible mantener minas de uranio rentables con esos precios. Incluso el primer país minero de uranio en el mundo, Kazajistán, tuvo que detener gran parte de su producción de este metal radiactivo. No olvidemos que el 39% de la producción mundial procede de ese país.

La cuestión es que, como vemos, estamos ante un mercado de precios volátiles, muy inestable, ya que la tecnología nuclear cada vez está más cuestionada dados los riesgos que supone y el problema añadido que implica la gestión de los peligrosos y duraderos residuos nucleares.

Así, aunque mañana el precio del uranio pudiera estar a 60 dólares la libra, en cuestión de meses podría descender rápidamente su precio, especialmente en caso de que hubiera un accidente nuclear en algún lugar del mundo, como así sucedió cuando en marzo de 2011 sucedió la catástrofe de Fukushima.

¿Se han cumplido los requisitos ambientales para abrirla?  
La concesión minera está atravesada por el río Yeltes, paraje sobre el que se han definido dos espacios de especial protección a nivel europeo (Red Natura 2000): la Zona de Especial Protección para las Aves de las Riberas de los ríos Huebra y Yeltes (ZEPA ES0000247) y el Lugar de Interés Comunitario de las Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes.

El proyecto de mina en Retortillo está siendo investigado por las fiscalías de Salamanca y de Medio Ambiente por acometer obras sin permiso y por los presuntos daños a zonas con protección medioambiental

El proyecto de mina en Retortillo está siendo investigado por las fiscalías de Salamanca y de Medio Ambiente por acometer obras sin permiso y por los presuntos daños a zonas con protección medioambiental de la Red Natura 2000. Además, el proceso administrativo está siendo instruido por la Audiencia Nacional.

Quiero recordar, adicionalmente, que el pasado 12 de febrero de 2018 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca admitió el recurso presentado por la plataforma Stop Uranio contra la empresa Berkeley Minera España S.L. y el Ayuntamiento de Retortillo por la tala de cerca de 2.000 encinas en la localidad salmantina para la construcción de la mina de uranio a cielo abierto. El juzgado desestimó las alegaciones presentadas por Berkeley Minera España y el Ayuntamiento de Retortillo para que se archivase el recurso.

En julio de 2015 el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó positivamente —pero sin unanimidad, ya que no contó con mi voto favorable— el emplazamiento de la planta de fabricación de concentrados de uranio. El CSN, eso sí, impuso algunas importantes exigencias, como, por ejemplo, que la empresa no pudiera realizar ninguna actividad que altere de manera significativa el fondo radiológico natural del emplazamiento.

Hasta que ambos programas no estén aprobados por el CSN, bajo ningún concepto Berkeley contará con la autorización de construcción de la planta

Por otra parte, la planta de Retortillo tiene aún dos temas pendientes de cumplimiento: por un lado, está aún pendiente de aprobación por parte del CSN el Programa de Vigilancia Radiológica Pre-operacional. Y, por otro lado, falta que Berkeley presente al Consejo el Plan de Vigilancia de Aguas Subterráneas. Esto significa que hasta que ambos programas no estén aprobados por el CSN, bajo ningún concepto Berkeley contará con la autorización de construcción de la planta.

También sabemos que la Comisión Europea abrió el año pasado una investigación a España sobre esta mina de uranio. Bruselas investiga si el proyecto cumple con varias disposiciones de la normativa de la Unión Europea, entre ellas la directiva de repercusiones medioambientales y la directiva Hábitats. La Comisión Europea también ha reprochado a España (el 26 de julio de 2016, mediante carta escrita) que no esté cumpliendo con su obligación de informar correctamente a Bruselas de un proyecto de estas características. La minería de uranio es una operación que entra en el ámbito de aplicación del artículo 37 del tratado Euratom y, por tanto, obliga al Estado miembro que concede la licencia a presentar toda la información pertinente.

Tampoco podemos perder de vista que el proyecto de la mina de uranio podría acabar provocando otro conflicto con Portugal, como el que se dio con el almacén de residuos de la central nuclear de Almaraz. El Gobierno portugués ha afirmado estar preocupado por la cercanía de la explotación a su frontera y, más concretamente, al río Duero. Lisboa reclamó a España información detallada sobre el proyecto el año pasado.

De hecho, la agencia medioambiental portuguesa ha elaborado un informe en el que afirma que la mina es susceptible de tener efectos ambientales significativos en Portugal, tanto por la proximidad a la frontera (40 kilómetros desde la ubicación de la mina) y la dirección de los vientos, como por los efectos de la explotación en el río Yeltes, afluente del Huebra que a su vez desemboca en el río Duero. La preocupación se centra en la contaminación radiológica y por metales pesados, y en la calidad del agua, debido a la importancia del río Duero para la disponibilidad de agua para el abastecimiento público de aproximadamente dos millones de personas y para el riego de todo el Duero Vinícola.

El Gobierno de Portugal reclamó a España una evaluación de impacto ambiental transfronteriza, que tenga en cuenta también las repercusiones del proyecto para el territorio luso

Por este motivo, hace apenas un mes, en febrero de 2018, el Gobierno de Portugal reclamó a España una evaluación de impacto ambiental transfronteriza, que tenga en cuenta también las repercusiones del proyecto para el territorio luso. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués, Pedro Soares, visitó recientemente Retortillo (con una delegación de parlamentarios lusos) para recabar información de primera mano sobre el proyecto.

Durante los tiempos en los que gobernó el PSOE, entró Berkeley en España e hizo los primeros acuerdos con Enusa... ¿Cómo pudo pasar que una empresa de dudosa procedencia sin apenas experiencia en minas de este tipo llegara tan lejos en una actividad tan peligrosa como una mina a cielo abierto de uranio?
No dispongo de ninguna información sobre ese periodo, ni sobre cómo Berkeley condujo su proyecto.

Tras la ruptura de la asociación con Enusa en 2011, Berkeley consigue un acuerdo muy favorable a sus intereses, después de demandar por 150 millones a España en un tribunal de París. ¿Cuál es tu interpretación de lo que pasó allí?
Me incorporé al CSN, como consejera, en enero de 2013, y comencé algunos meses después a tener información sobre el proyecto de Berkeley. Por lo tanto, no tengo elementos de juicio sobre ese acuerdo que menciona. Tenga en cuenta que en el Consejo sólo estudiamos y analizamos las cuestiones relativas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica de los expedientes, ya que esas son las competencias legales que tiene atribuidas el CSN. 

¿Cuál ha sido el papel de políticos relacionados con el PP o de la Junta de Castilla y León?
Sé únicamente lo que han publicado los medios de comunicación al respecto. Es público y notorio que Berkeley contrató como lobbista en Bruselas a Manuel Lamela, ex alto cargo del comisario de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que fue quien firmó la autorización comunitaria para la mina. Manuel Lamela, fue el subsecretario de Miguel Arias Cañete cuando era ministro de Agricultura.

Berkeley registró y comunicó el fichaje de Lamela el 26 de diciembre de 2014. Miguel Arias Cañete había sido nombrado comisario de Energía un mes y medio antes, el 1 de noviembre de ese mismo año. Pero, insisto, esta es información pública, que está en los medios de comunicación. Que cada cual saque sus propias conclusiones.