El chollo de las hidroeléctricas podría llegar a su fin

Diluvie a cántaros o haya sequía, haga viento o no se mueva una hoja, los precios de la electricidad no han parado de subir en los últimos meses. Y llueve sobre mojado, tras un verano que ya venía rompiendo récords y tras el cual la tendencia se ha incrementado: a las 21 horas de este miércoles el precio de la luz llegaba a los 75,39 euros el megavatio/hora, una cifra rara vez vista en el Estado español.

España es uno de los países europeos con la electricidad más cara. La organización de consumidores Facua ya alertaba el pasado 5 de septiembre sobre el impresionante aumento del coste de la electricidad: el precio medio de la energía consumida para los usuarios con la tarifa semirregulada era un 23,8% más caro en tan solo un año en un país donde el Índice de Precios al Consumo (IPC) está en un 2,2%. Ante esta situación, la ONG cargaba contra el peculiar modelo tarifario implantado por el Gobierno de Rajoy, una fórmula de organizar el mercado que, según señalan desde Facua, implica “un sistema opaco que favorece la especulación” y “facilita a las compañías nuevas subidas injustificadas”.

Iberdrola se niega a dar ningún dato sobre el estado de la concesión pública que gestiona en el salto de Ricobayo por considerarla “información confidencial”

Tras conocerse el nuevo boom del precio de la energía, Greenpeace iba más allá este jueves: “¿Podríamos pensar mal y decir que detrás de la subida de la factura está un comportamiento fraudulento de alguno de los actores en cuyas manos están la mayoría de centrales que marcan el precio de la electricidad?”. La organización defensora del medio ambiente recordaba que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, organismo regulador del mercado eléctrico, ya está investigando si se producen prácticas ilegales de manipulación del mercado por parte de las eléctricas, algo que ya hizo en 2001 cuando denunció a Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa por elevar los precios artificialmente en invierno; y en 2013 y 2018, cuando multó a Iberdrola y Viesgo, respectivamente, “por abuso de poder en el mercado”.

Con este contexto de escalada de precios de fondo, llega un hecho que podría influir decisivamente en el precio que la ciudadanía paga por algo tan básico como la electricidad: las concesiones hidroeléctricas hechas a las compañías del sector en las décadas de los 30, 40 y 50 están caducando en cadena, una tendencia que continuará en los próximos años.

Maná barato

La energía hidroeléctrica en España tiene una potencia instalada de 20.331 megawatios de los 104.517 del parque total estatal, de 800 centrales, lo que la convierte en una pieza clave del mercado que cubre en torno al 15% de la demanda de energía eléctrica. Se trata de una energía que produce grandes beneficios a un coste reducido, ya que el agua es una fuente de bajo coste para las eléctricas, que además pueden controlar el precio al que vende esta energía soltando más o menos agua de los embalses y vendiéndola cuando el precio es mayor, como apuntan desde el Observatorio de Sostenibilidad (OS) .

Salvo excepciones que pueden ser contadas con los dedos de la mano, la práctica totalidad de los saltos de agua están gestionados por las grandes eléctricas en régimen de concesión, asignaciones a 75 años, según establece la ley de Aguas. Iberdrola es el actor más importante, ya que actualmente gestiona la mitad de la potencia hidroeléctrica estatal.

Sin embargo, la misma ley expone que “al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento”. Ese momento ya está aquí.

Superamortizadas

El OS, organización que ha lanzado esta semana el informe Recuperación de las Concesiones Hidroeléctricas en España , señala que estas instalaciones “están suficientemente amortizadas y no existe ninguna razón para no cumplir la Ley Refundida de Aguas y que vuelvan al sector público”. El coordinador de la organización y doctor en Ecología, Fernando Prieto, añade que las empresas eléctricas no pueden alegar que no se hayan amortizado estas instalaciones, salvo en algunas concesiones concretas donde se han realizado obras, “con lo que se podrían ampliar un poquito esos plazos quizá, pero hablamos de 75 años, está superamortizado”.

El Ministerio indica que el procedimiento habitual es que las concesiones, al finalizar el periodo de 75 años, “se saquen a concurso para que las empresas las exploten”

Los datos de OS señalan que el 7% de las concesiones —medidas en volumen de agua, no en potencia— ya han expirado, mientras que el 8% caducará antes de 2030, incluyendo grandes embalses como el de Tranco de Beas (Jaén), en 2019; el del Ebro en Reinosa (Cantabria), en 2020; y el de Alarcón (Cuenca), en 2030.

La posición del Gobierno respecto a qué hacer con estos embalses aún no es clara y fuentes del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) señalan a El Salto que la ministra Teresa Ribera comparecerá en el Congreso este miércoles y desvelará algunas dudas al respecto. “No hay nada decidido, es un asunto sobre el que se está trabajando ahora y el Gobierno lleva tres meses escasos”, indican.

Sí adelantan, sin embargo, que el procedimiento habitual es que las concesiones, al finalizar el periodo inicial de 75 años, “se saquen a concurso para que las empresas privadas las exploten”, mientras que en casos “verdaderamente excepcionales”, remarcan, se podría ceder una explotación a una confederación hidrográfica para que se haga cargo directamente de la gestión de una central hidroeléctrica. Desde el Miteco inciden en que este último caso se haría “para atender una necesidad de un territorio cuando una confederación diga que tiene una necesidad concreta que podría cubrir con la explotación de un salto”.

sin rumbo fijo

Entre las concesiones que ya han terminado hay resoluciones contrarias, además de mucha opacidad y una buena dosis de caos. Mientras que el Gobierno de Zapatero prorrogó por otros 75 años la concesión central de Os Peares (Lugo) a Naturgy (Gas Natural Fenosa), la central de El Pueyo de Jaca fue revertida en 2013 a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ente público que ha conseguido producir energía hidroeléctrica a menos de un céntimo de euro el kilowatio/hora (kWh) en este salto, un precio muy inferior al del mercado, que este mes ya ha superado los 18 céntimos por kWh.

Mientras los plazos se acercan, las eléctricas maniobran para quedarse con este maná, hasta ahora con la connivencia del Gobierno. El caso de la Lafortunada-Cinqueta, en Huesca, es claro. Tras caducar la concesión en 2007, Endesa siguió explotándolo sin que el Ejecutivo actuara. Fue la CHE la que abrió el expediente, aunque este caducó en noviembre de 2015 tras pasar 18 meses en el Ministerio sin que nadie hiciese nada. La misma Confederación, una entidad que ha peleado por revertir algunos saltos con algunos éxitos —aunque Prieto señala que algunos de los cargos que más batallaron fueron apartados de los puestos de decisión— tuvo que reabrirlo. Tras once años, en enero de este año la concesión era finalmente revertida y el Ministerio solicitaba a la CHE que procediese a abrir un concurso público, aunque la gestión del salto pasó a los tribunales, al solicitar el Gobierno de Aragón poder gestionar este salto y que no lo haga la Confederación.

Concesiones “confidenciales”

Otros casos son más difíciles de rastrear. Iberdrola, que se nombra así misma “propietaria” de la central de Ricobayo, a pesar de que gestiona una concesión pública, se niega a dar ningún dato sobre el estado de la misma al considerarla “información confidencial”, según señalan fuentes de la compañía a El Salto. La central, construida entre 1929 y 1935 (año en que comenzó a funcionar) y cuya concesión data de 1926 —al englobarse en el entonces llamado Consorcio Saltos del Duero que gestionaba las centrales del río y sus afluentes Esla, Tormes y Huebra—, sigue siendo a día de hoy gestionada por Iberdrola.

El Observatorio de Sostenibilidad recomienda “recuperar el total de aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado”

Prieto considera crucial que las comunidades autónomas, además de los municipios afectados por estas instalaciones, “se preocupen de cuáles son los saltos [cuya concesión ha acabado o lo hará a corto plazo] para que exijan su devolución”. Según los datos del OS, Extremadura es la comunidad con más capacidad de volumen hidroeléctrico, con cerca del 30% del total, seguida por Castilla y León (17%), Andalucía (16%) y Castilla-La Mancha (10%).

Además, el coordinador del OS recuerda otro frente abierto sobre el cual el OS va a pedir explicaciones al Gobierno: la llamada energía reservada, el 25% de la producción eléctrica de un salto de agua que, por ley, debe ser revertido a las confederaciones hidrográficas por parte de las empresas que exploten las centrales hidroeléctricas. “En conjunto es un volumen brutal y en algunos sitios sí se están devolviendo, pero en otros las propias confederaciones están comprando energía a precio de mercado”, expone.

Así, el informe del Observatorio realiza una serie de recomendaciones relacionadas con las concesiones hidroeléctricas para reducir el coste de la energía en España, así como los gases de efecto invernadero que las instalaciones energéticas expulsan a la atmósfera. La primera es “recuperar el total de aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado y volver a licitarlo o no, pero con condiciones favorables para el bien común y no las determinadas hace 75 años”. La segunda, “reducir el periodo de concesión de las grandes hidráulicas a menos de 50 años”. Y, por último, analizar con detalles la priorización en el uso del agua del resto de aprovechamientos tanto de riego como de abastecimientos, en relación a los aprovechamientos hidroeléctricos”.

Con un nuevo Ministerio de Transición Ecológica aún armándose, la tendencia gubernamental de los últimos años a apoyar a las grandes eléctricas podría cambiar. Veremos si Teresa Ribera decide poner orden en un mercado eléctrico desbocado.