Coronavirus
No cabía duda

En definitiva, detrás de las empalagosas y piadosas intervenciones del Presidente Pedro Sánchez, en nombre de su ejecutivo, y una vez eliminadas las florituras con las que arropó la enumeración de las medidas contenidas en su plan de rescate, podemos sintetizar llamándolo plan de rescate millonario —200.000 millones de euros, entre un 17-20% del PIB— de los cuales 117.000 millones serán proporcionados por el Estado. ¿Los 83.000 restantes? Supuestamente proporcionados por el sector privado. Una cantidad que supera ampliamente la aprobada en 2008 para el rescate de los bancos; ya sabemos todos quién acabó pagando la factura en aquel entonces.

De esos 117.000 millones, 17.000 serán destinados para paliar las consecuencias generadas por el coronavirus en las capas más vulnerables de la población; los 12 millones de personas en riesgo de pobreza y los 3,5 millones que ya están en la pobreza, a los que se añadirán las plantillas víctimas de ERTEs.

Hablo de víctimas, porque un ERTE, en definitiva, no es ni más ni menos que un despido encubierto por mucho que nuestros progresistas lo llamen interrupción temporal de contrato; en general, se sabe muy bien la fecha en la que se cruza la puerta en dirección de la salida, pero nunca la fecha en la que se vuelve a cruzar en el otro sentido. Ha esto hay que añadirle, que no solo dicho despido corre a cuenta del Estado, sino que también las empresas serán exoneradas del pago de las cotizaciones sociales.

Los 100.000 millones restantes servirán como línea de crédito para facilitar liquidez a las empresas. Es temible que ocurra como en 2008 y que el dinero prestado nunca sea rembolsado. Esto significa que el gobierno acabará recuperándolo imponiendo recortes aún más drásticos que los aplicados en aquella época. No me extraña que el círculo de los satisfechos se ensanche. Hasta ahora teníamos al Gobierno progresista y los grandes medios actuando como verdaderas sombras chinescas, ahora se incorporaron patronal y sindicatos. Lo extraño es que estando contenta la patronal las cúpulas sindicales lo estén también; los caminos de las cúpulas sindicales son inescrutables.

¿Cómo no va a estar satisfecha la patronal? Lo que Sánchez acaba exactamente de anunciar es un rescate a las empresas; sí, hay que reconocer que dicho rescate está acompañado por algunas tímidas medidas de carácter social. Aunque, llegado a este punto, no me parece ilegitimo preguntarse, ¿A nadie se le ocurrió durante el Consejo de Ministros extraordinario, proponer el cierre de todas las empresas que no son esenciales para asegurar la subsistencia de la población, —como puede ser por ejemplo una empresa fabricando motores— y qué el salario de la plantilla sea íntegramente pagado por la empresa? ¿A nadie, en ese Gobierno progresista, se le ocurrió prohibir los despidos?

Si se hubiese tomado la decisión, de imponer a las empresas que nos saquen del atolladero utilizando una parte de sus beneficios acumulados a lo largo de estos últimos doce años, —fruto del trabajo colectivo de sus plantillas y de la elusión del pago de impuestos— bien calentitos en cuentas bancarias offshore, sí, a tal decisión sí se le hubiese podido llamar “escudo social”.

A lo que en ningún caso se le puede llamar “escudo social”, como lo hace Unidas Podemos es, por una parte, garantizar a todos y todas las trabajadoras la posibilidad de pedir una reducción de la jornada laboral para poder atender a sus hijos sin correr el riesgo de ser despedidos, y por la otra, no obligar a sus empleadores a sufragar la pérdida de salario que supondría dicha reducción.

A lo que tampoco se le puede llamar “escudo social” es, por un lado, plantear una moratoria en el pago de las hipotecas por parte de aquellos y aquellas trabajadoras que se vean con su salario disminuido, —además sin saber los requisitos para poder beneficiarse de tal medida— bien sea porque sus empresas los enviaron al paro o por reducciones de jornada laboral y, por otro lado, dejar tirados a millones de personas pagando un alquiler y apelando a la buena voluntad de sus caseros. Caseros, dicho sea de paso, entre los que mayoritariamente se encuentran los bancos, los fondos buitres o las grandes inmobiliarias.

No cabe la menor duda, con el “histórico y valiente” despliegue de recursos públicos, —de los privados no sabemos nada aún— podemos decir que el “escudo social” está por lo menos abollado, aunque yo diría más bien hendido. Acogerse a la política del “mal menor” en la que se encuentran Gobierno progresista, patronal y cúpula sindical, es como cogerse a un clavo ardiendo, las clases populares acabaremos pagándolo caro a nuestros cobradores, siempre los mismos: la patronal.