Educación
Protocolos éticos en espacios educativos: ¿qué dicen sobre el abuso de poder?

La asociación de referencia para las escuelas gestalt acaba de aprobar un protocolo para detectar y abordar del abuso de poder. Otros ámbitos educativos cuentan con documentos éticos sobre este asunto.

La Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG) ha dado un paso importante en su último encuentro, que tuvo lugar a finales de abril: entonces, se aprobó un Protocolo para la prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia machista, prácticas abusivas y discriminatorias y otro tipo de violencias. El documento, de 95 páginas, aborda de forma detallada la detección y reparación de diferentes violencias y menciona de forma específica y amplia el abuso de poder. El abuso de poder en la relación terapéutica, dice, se refiere al uso indebido de la posición de autoridad y confianza que el/la terapeuta ostenta en relación con la persona que recibe terapia y se puede manifestar en forma de coacción, presión o falta de límites, entre otras cosas.

Esta organización ha explicado a El Salto que el protocolo, elaborado por la consultora especializada en políticas de género y LGTBIAQ+ Silvia Alberich Castellanos, “viene a complementar y ampliar el cuerpo normativo de la AETG, que está formado por sus Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno y el Código Ético para la Terapia Gestalt”.

Este texto no era de aplicación aún cuando se produjeron las prácticas que denuncian varias alumnas y que han llevado a la suspensión de una escuela, como publica en exclusiva El Salto. Sin embargo, sí existían antes pautas para las y los formadores en este ámbito.

La AETG es la organización de referencia para este enfoque terapéutico. Fundada en 1982, entre las funciones de esta asociación está el acreditar a escuelas que impartan formación en gestalt. Dado que este enfoque no cuenta con el respaldo del Colegio de Psicólogos, la AETG se erige como el máximo órgano para legitimar estas formaciones y ese nuevo protocolo será de aplicación en sus escuelas asociadas. 

Entre sus documentos de referencias, la AETG cuenta con un código ético que recoge los principios de esta entidad. Se aplica, dice el texto, tanto a las relaciones terapeuta-cliente, como a las relaciones supervisor-supervisado así como entre profesores y alumnos en los cursos de formación, recoge en su artículo 1. 

En sus artículos 16 y 17, esté código establece que “constituye un uso indebido de su rol y un abuso deshonesto de su función por parte del terapeuta gestáltico el aprovechar el conocimiento que tiene de sus clientes o destinatarios para satisfacer sus propias necesidades en perjuicio de éstos” y que “el terapeuta gestáltico no debe admitir en principio como cliente a personas con quienes esté ligado por vínculos de cualquier tipo que claramente puedan enturbiar o dificultar el desarrollo de la relación profesional”. Además, este código llama al gestaltista a ser “particularmente sensible al impacto que pueden producir sus intervenciones” y a “evitar cualquier forma de manifestaciones de abuso de poder”. 

“Estamos formando a gente que va a tener una relación donde se maneja una cierta autoridad, es importante que el alumnado vaya conociendo que es una profesión donde puede haber un riesgo de abuso de poder”, explica una formadora en acompañamiento gestalt

Olga de Miguel y María Díaz son directoras de Equipo Centro, una escuela de Madrid con treinta años de trayectoria. “Estamos obligados como escuela dentro de la AETG a tener ese protocolo íntegro y respetarlo”, explica Olga de Miguel. Las responsables de esta escuela explican que el protocolo se da a conocer al alumnado y “se aterriza forma transversal a lo largo de todo el tiempo que dura la formación”. “Estamos formando a gente que va a tener una relación donde se maneja una cierta autoridad con los clientes, una autoridad que tiene que ver con autoridad de saber, no con autoridad humana; por eso es muy importante que ellos vayan conociendo que es una profesión donde puede haber un riesgo de abuso de poder; uno tiene que estar muy alerta y estamos supervisándonos constantemente”, explica De Miguel.

Díaz destaca también esa desigualdad de poder: “Es un tipo de espacio donde la persona que viene lo hace con una problemática y con una vulnerabilidad, y se coloca en un lugar de disponibilidad de ser ayudado; el paciente pone su confianza en nosotros y hay una serie de reglas o límites, de buenas prácticas, de cuidado y de atención al paciente, de conciencia de la situación”, explica.

“Animamos mucho al alumnado a tener un espíritu crítico y a ser muy conscientes de que cualquier cosa que ellos sientan como invasiva o como no válida pueda ser también denunciada”, dicen las directoras de Equipo Centro. Para ello, dicen, hay varios canales: la propia escuela, la AETG o la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Terapeutas). “Animamos a señalarlo, a nombrarlo, porque además muchas de las personas que vienen son personas que ya vienen dañadas con respecto a este tipo de situaciones”. 

Pese a que el protocolo no hace mención explícita a la desigualdad de género —el nuevo protocolo sí es explícito en su perspectiva de género—, Olga de Miguel advierte: “Si eres realista y conoces parte de la historia de la humanidad, sabes que hay una relación de poder entre hombres y mujeres claramente estructurada por el patriarcado”.

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Artes escénicas: un camino que acaba de empezar

En noviembre de 2024, El Salto se hizo eco de los testimonios de nueve alumnas que señalaban al director de su escuela de teatro. Las prácticas abusivas que estas alumnas denunciaban recordaban a otras que habíamos visto antes, por ejemplo, en el Aula de Teatro de Lleida —una historia que recoge la directora de cine Isabel Coixet en su documental El techo amarillo—  o el Institut del Teatre de Barcelona —caso que conocimos a través de una exclusiva del diario Ara—.

Sin embargo, los protocolos que se habían creado hasta entonces habían dejado en un limbo el ámbito de las escuelas. Por ejemplo, el Protocol guia per la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en el sector audiovisual que se puso en marcha en junio de 2024, tras conocerse los casos mencionados un poco más arriba, abarca varios ámbitos antes, durante y después del rodaje, pero no de forma específica las escuelas. 

En febrero de ese año se había hecho público el Protocolo de prevención y medidas contra el acoso por razón sexual, de género y/o abuso de poder dentro del ámbito laboral de las artes escénicas valencianas y del audiovisual valenciano, apoyado por la asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos (AAPV), la Asociación de Empresas de Artes Escénicas del País Valencià (AVETID) y la Academia Valenciana del Audiovisual (AVAV) y la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA). Las escuelas tampoco estaban en ese protocolo.

Hasta que varios factores pusieron de relieve esta ausencia. La confluencia de la denuncia en El Salto y la proliferación de testimonios en Instagram, junto a una trayectoria de visibilización y abordaje de las violencias machistas en el sector, llevaron a la Asociación Andaluza de Medios Audiovisuales (AAMMA) a tratar de forma específica el contexto de las escuelas en Corten, manual de Buenas Prácticas para la Prevención del acoso y las violencias sexuales en la industria audiovisual y eventos cinematográficos.

Las situaciones de casting y de fiestas en rodajes y festivales, y también las escuelas, aparecieron señalados como lugares no seguros en una encuesta de AAMMA

Lo explica Blanca Rey, socia de AAMMA y coordinadora del proyecto que incluye en el manual y otras iniciativas. “Inicialmente, las escuelas no estaban, pero entonces se conocieron los casos de Granada y lo vimos como un llamado de atención”, explica. Para redactar este manual, AAMMA puso en marcha primero una encuesta. Querían que el texto reflejara situaciones reales de las profesionales. Preguntadas por espacio que consideraban no seguros, la encuesta señaló, sobre todo, las situaciones de casting y de fiestas en rodajes y festivales. Pero también aparecieron las escuelas, como ocurre también el informe de CIMA hecho público recientemente.

Por eso, la versión actual del manual incluye un punto específico de escuelas, “aun entendiendo la especial complejidad”, valora. Esa complejidad viene dada por varios aspectos. En primer lugar, hay una complejidad jurídica ya que en muchos casos hay una diferencia de edad notable y en muchos casos se trata de personas menores de edad. En segundo lugar, las partes están vinculadas a la organización de diferentes maneras: el profesorado se vincula con la escuela mediante una relación laboral, pero no así el alumnado. Y, por último “los profesores y las profesoras, son figuras de poder y de poder muy imponentes”, ahonda Rey.

Esto último se traduce en que se den situaciones que facilitan el abuso de poder, máxime en un contexto donde “no se está impartiendo una clase técnica, sino una clase de interpretación”. Rey se explica: “La herramienta de trabajo de la actriz o del intérprete es su cuerpo, y tienes niveles de exposición y vulnerabilidad muy grandes”.

A las escuelas, el manual pide hacer una revisión y un trabajo más profundo para poder crear protocolos que estén específicamente adecuados a este contexto. La guía que AAMMA propone pasan por definir qué es un espacio seguro, crear protocolos específicos y comunicar la existencia de los mismos.

Universidades: desigualdad y medidas

En el ámbito educativo formal, las universidades han dado pasos de gigante en los últimos años mediante la creación de protocolos específicos. En Catalunya, por ejemplo existe desde 2023 un Protocol Guia D’ambit Universitari elaborado por la Conselleria de Igualdad. 

Este protocolo hace alusión a la desigualdad intrínseca en una relación entre profesorado y alumnado de esta manera: “Debido a la desigualdad de poder inherente en esta relación, en caso de que el PDI [personal docente e investigador] mantenga una relación consentida de carácter romántico o sexual con uno o una estudiante a quien esté impartiendo docencia, supervisando la investigación o tutorizando deberá realizarse una reorganización de la actividad docente, de supervisión o de tutoría, con el fin de evitar potenciales abusos de poder y conflictos de interés. La persona de PDI que se encuentre en esta situación está obligada a informar al decano o decana para que se proceda a la reorganización”.  Es decir, la guía reconoce la relación de desigualdad en ese contexto y ofrece algunas medidas para preservar la integridad entre una hipotética relación entre profesorado y alumnado.

La guía que creo la Conselleria de Igualdad para el ámbito universitario en Catalunya reconoce la relación de desigualdad entre alumnado y profesorado y contiene algunas medidas

La misma guía indica que “en las comunicaciones con el estudiantado, se debe utilizar siempre el teléfono y la cuenta de correo electrónico de la universidad, evitando la mensajería personal (como el WhatsApp) o las redes sociales (como Twitter)” y “las reuniones y tutorías presenciales con estudiantes deben realizarse en el campus. Cuando esto no sea posible, tendrán lugar en un espacio público, como una biblioteca o una cafetería”.

La trayectoria de este tipo de protocolos, más asentada que en los ámbitos de las artes escénicas o la formación gestalt, ha dado lugar a sanciones como la que se ha conocido esta misma semana, cuando la Universitat de Barcelona (UB) cerró una resolución abierta en septiembre de 2023 a un profesor acusado por una alumna de agresión sexual. La resolución descarta el acoso sexual, después de que un juzgado y la Audiencia de Barcelona desestimaran el caso,  pero sí considera que el docente abusó de su condición para obtener favores no solo de esta estudiante sino de otras cinco, por lo que sanciona al docente.

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