Educación pública
Familias y sindicatos andaluces desconfían de una “libertad de elección de centro” que cree más desigualdad
El anuncio de cambio de legislación educativa de la Junta para el curso 2020/2021 pone en alerta a la comunidad educativa por los resultados en otras regiones, como Madrid, y los informes de la OCDE.
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“La libre elección de centro crea desigualdad, y no lo decimos nosotros ni es un sesgo político, lo dice la OCDE”, responde Estela Gil, presidenta de CODAPA, la confederación de AMPA de la Escuela Pública en Andalucía. “No nos atrevemos a valorar más en profundidad los cambios que ha propuesto la Consejería de Educación porque ahora se abre un periodo de consultas, pero esa medida concreta, a libertad de elección de centro, nos parece negativa para la equidad”.
La comunidad educativa andaluza ha respondido con precaución pero también desconfianza al anuncio el pasado 7 de mayo del Consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), de la modificación del decreto que regula la admisión en centros educativos. El objetivo, aunque aún no hay un texto cerrado, es “facilitar a las familias el ejercicio del derecho a la libre elección del centro escolar, acorde con las características y el proyecto educativo del mismo y adaptado a sus necesidades y preferencias”. O, como resumió en román paladino el mismo Bendodo “que los andaluces puedan llevar a sus hijos al colegio al que les dé la gana, sea público, privado o concertado, donde quieran”.
El informe School choice and equity, al que se refiere Gil, fue publicado por la OCDE a comienzos del presente año y arroja una conclusión que ahora recupera la comunidad educativa de la Educación Pública en Andalucía y se ha constatado en otras regiones como Madrid: con libertad de elección de centro, solo eligen las familias de rentas altas.
El informe School choice and equity arroja la conclusión de que con la libertad de elección de centro solo eligen las familias de rentas altas
La libertad de elección y el distrito único, como existen en la Comunidad de Madrid, provocan que las familias de mayor nivel socioeconómico, con más posibilidades de movilidad y de información sobre las prestaciones de los centros, se concentren en unos pocos colegios o institutos. Al mismo, se crean los ‘guetos educativos’ que quedan para las rentas más bajas.
Otro informe, este de la Universidad Autónoma de Madrid, midió en 2018 el grado de segregación de los centros por comunidades autónomas. Es en Madrid, a partir de la implantanción de la libre elección y de la zona única de escolarización –esta última en Andalucía aún no se plantea– la que se dispara en desigualdad, superando los niveles no ya del resto de CCAA, sino de países de la UE como Hungría o Rumanía.
El sindicato USTEA expresó en un duro comunicado su rechazó a la medida asegurando que “no es el derecho a elegir, sino la posibilidad de los centros de seleccionar a los alumnos con criterios socioeconómicos y/o ideológicos y de las familias para mantener unos privilegios clasistas”.
De hecho, apunta a que ya en la situación actual y a pesar de la “coerción a la libertad de elección”, centros “en su mayoría concertados pero también algunos públicos” gozan de una “homogeneidad social que les permite desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje sin tenerse que ocupar de si sus alumnos tienen los recursos necesarios siquiera para subsistir, conocen la lengua de enseñanza, amenazan o no a los profesores o vienen cada día a clase”, mientras que el alumnado “más desfavorecido se concentra en determinadas escuelas, escuelas que reúnen la nueva inmigración y alumnado autóctono en situación de riesgo social”.
Gil, desde CODAPA, espera que se concreten las reformas anunciadas y admite deficiencias en el actual sistema de zonificación escolar, aunque plantea uno de círculos concéntricos, también planteado por el actual Gobierno de la Junta e implantado en Valencia por el tripartito de Ximo Puig. “En cualquier caso”, concluye, “la libre elección de centro no puede estar por encima del Derecho a la Educación, ni crear segregación con centros guetto. La función de la Educación Pública es ayudar a la igualdad de oportunidades, no que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres”.
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