Crisis climática
¿Será la COP de este año distinta? ¡Más les vale!

Estos días tiene lugar la COP24 en Polonia, el país del carbón, en medio de un campaña de la plataforma Un futuro sin carbón, que ha realizado más de 40 acciones. Su objetivo es forzar un calendario de cierre de estas centrales y la transición hacia un modelo energético no dañino, cívico y democrático. Al mismo tiempo, se cuestiona la función de las COP en el debate climático mundial ya que aporta una gran huella ecológica sin conseguir objetivos concretos. 

Activistas de la plataforma Un futuro sin carbón piden en Madrid, junto a la Puerta de Alcalá, el fin del carbón
Activistas de la plataforma Un futuro sin carbón piden en Madrid, junto a la Puerta de Alcalá, el fin del carbón Diego Pedraza Lahoz
Ecologistas en Acción y Greenpeace

publicado
2018-12-03 06:32:00

El grupo de científicxs y de expertxs de la Organización de las Naciones Unidas especializado en el cambio climático, el IPCC (por sus siglas en inglés), nos recordó a principios de octubre que a la humanidad le queda menos de doce años para cambiar drásticamente el sistema. A decir verdad, no fue tan explícito pero sí advirtió, con aún más evidencia que en ocasiones anteriores, del peligro que acecha si no se reducen dramáticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) cuanto antes.

Este año, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2018 o XXIV Conferencia de las Partes (COP24) se celebra en Polonia, el reino del carbón. El mote se debe a que alrededor del 80% de su electricidad proviene de la quema del combustible fósil más dañino para el medio ambiente, con nefastas consecuencias. El país posee “33 de las 50 ciudades más contaminadas de Europa” y “nada menos que 50.000 víctimas mortales al año” son causadas por la contaminación. Las COP son un evento anual desde 1995 (año en el que se organizó la primera, la COP1, en Alemania) que reúne profesionales del medio ambiente, ministrxs, jefxs de estado y organizaciones no gubernamentales (ONG). Desde entonces, se han conseguido resultados limitados e insuficientes; por ejemplo, el famoso Acuerdo de París de 2015 (COP21) estipula que los objetivos nacionales de reducción de las emisiones de GEI son voluntarios. Por lo tanto, no existe obligación legal ni sanción alguna para aquellas naciones que no alcancen las metas que se han propuesto. Es cierto que las primeras décadas han estado repletas de buenas promesas y propósitos, y aunque se haya concienciado a una mayor cantidad de personas no se ha conseguido lo que se proponía: aún queda muchísimo por hacer.

Desde la COP1 en 1995, se han conseguido resultados limitados e insuficientes

Las COP son eventos masivos con una fuente de gastos innecesarios y de contaminación desproporcionada pocas veces comentada: decenas de miles de personas vuelan desde todas partes del mundo (se espera que participarán 20 mil personas a la COP24) y se produce una cantidad enorme de basura. ¿No es irónico que una gran parte o incluso la mayoría de los asistentes a las conferencias para proteger el medio ambiente tomen el modo de transporte más dañino para nuestro planeta? La aviación es exclusiva y altamente contaminante: el Worlwatch Institute indica que sólo el 5% de la población mundial ha volado alguna vez, y la Comisión Europea calcula que ésta representa más del 2% de las emisiones globales de GEI. Además, no olvidemos que la aviación industrial no sólo no forma parte del Acuerdo de París si no que está directamente relacionada con el sector del armamento y de ningún modo se plantea la reducción de las emisiones de GEI (nada más que habla de su compensación). Asimismo, los gobiernos protegen la aviación a través de enormes subsidios, en forma de ausencia de impuestos al queroseno (el combustible usado en el sector) entre otras maneras, y de eliminación de alternativas sostenibles ya existentes, como son los trenes nocturnos y más lentos. No se necesita a tanta gente para conseguir tan poca cosa y además causar tanto daño.

Las ONG y los colectivos del medio ambiente llevan bastante tiempo señalando los numerosos problemas existentes y proponiendo soluciones. En España, varios de estos grupos (incluidos Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Fundación Renovables, Greenpeace, IIDMA, Plataforma por un nuevo modelo energético, SEO/BirdLife, WWF y asociaciones de ecologistas locales) han aunado fuerzas recientemente, creando la plataforma Un futuro sin carbón (parte de la alianza europea Europe Beyond Coal). Esta pide al Gobierno que se cierren todas las centrales térmicas de carbón en el país antes de 2025 y que se dejen de otorgar subvenciones al carbón*.

Mientras que en diversos países de la Unión Europea se negocian nuevas políticas energéticas, el gobierno de Pedro Sánchez parece desear dar un impulso al cierre de nuestras centrales térmicas pero no se atreve. Con ese objetivo, la plataforma llevó a cabo más de 40 acciones, actividades y manifestaciones en torno al carbón en todo el Estado los días antes del comienzo de la COP24, el domingo 2 de diciembre, incluyendo la escalada de una central térmica en A Coruña, Meirama, por activistas de Greenpeace el viernes 30 de noviembre para reivindicar su cierre. La plataforma se inspira del éxito de la campaña hermana de Sierra Club en los Estados Unidos, que ha conseguido el cierre de 262 centrales de carbón, más de la mitad de las que había en el país liderado por un presidente completamente pro statu quo.

La plataforma Un futuro sin carbón ha llevado a cabo más de 40 acciones, incluyendo la escalada de una central térmica en A Coruña, Meirama, par reivindicar su cierre

España es el país europeo que más subvenciones ha otorgado a las centrales eléctricas (18.000 millones de euros en los últimos 20 años) y que más ha aumentado sus emisiones desde 1990, y el único país de Europa occidental que no ha establecido un plan de cierre de las térmicas de carbón ni ha iniciado un proceso oficial para definirlo. Aún quedan 15 plantas abiertas, propiedad de Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Naturgy:

-tres han anunciado su cierre a finales de año (Andorra en Teruel, y Anllares y Compostilla en León);
dos están a la espera del permiso del Gobierno para desmantelar (Lada en Asturias y Velilla en Palencia);

-cinco tienen la inversión en el aire: las compañías aún no se han pronunciado si invertirán en las centrales para adaptarlas a los niveles de emisiones exigidos por la nueva directiva europea que entra en vigor el 30 de junio de 2020 (Es Murterar en Mallorca, Puente Nuevo en Córdoba, Narcea en Asturias, Meirama en A Coruña y La Robla en León);

-cinco desafortunadamente tienen la inversión aprobada para poder continuar (As Pontes en A Coruña, Carboneras en Almería, Aboño y Soto de Ribera en Asturias y Los Barrios en Cádiz). 

Tres de estas centrales están entre las 30 más contaminantes de Europa. Casi el 90% del carbón quemado en España es importado.

El carbón se acaba y su fin se acerca rápidamente. La pregunta es cuándo será su entierro. Todxs lxs que nos preocupamos por el futuro de nuestrxs niñxs y del medio ambiente esperamos que en la COP24 se propongan medidas obligatorias y reales. Queda por ver si la historia se volverá a repetir y este evento tan sólo será uno más de tantos otros en los que las decisiones tuvieron pocas consecuencias. 

*Greenpeace ha preparado una lista más exhaustiva de demandas al gobierno: 

-Establecer un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables con participación de la ciudadanía, de forma que las centrales nucleares se cierren a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación y se establezca el año 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón;

-poner fin a la minería del carbón y a la importación de carbón. Cumplimiento de la normativa europea que regula el cierre de la minería del carbón a 31 de diciembre de 2018;

-adhesión a la alianza global para la eliminación progresiva del carbón (Past Coal Alliance);

-desarrollar un plan para la transición justa hacia nuevas actividades productivas sostenibles para todas las personas afectadas por la transición energética;

-exigir la responsabilidad social a las empresas mineras y eléctricas en la transición. Estas deberán colaborar de manera proactiva facilitando la transición y deberán anunciar y solicitar sus planes de cierre y desinversión de forma clara y con el mayor tiempo posible para poder planificar, negociar y aceptarlos;

-eliminar todas las subvenciones a las energías sucias e ineficientes. No conceder más ayudas a las centrales térmicas en concepto de mecanismo por capacidad. Transparencia y acceso a la información sobre los pagos que ya han sido asignados;

-publicar los tipos de pagos por capacidad y/o pagos por garantía de potencia que ha recibido cada instalación;

-exigir el cumplimiento de los nuevos límites de emisiones contaminantes europeos que entran en vigor en el año 2020 sin excepción a ninguna central térmica. Si alguna decide invertir en adaptarse al cumplimiento de los nuevos límites, el coste debe ser sufragado íntegramente por las empresas propietarias, sin que se conceda ninguna subvención pública, ni se incluya como coste regulado en los peajes de electricidad, ya que ello iría en contraposición a la normativa europea que impide que las actividades de obligatorio cumplimiento puedan ser subvencionadas;

-y no conceder licencias ni realizar inversiones de ningún tipo en las falsas soluciones al cambio climático como la captura de carbono.

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