Energía nuclear
Andalucía radiactiva

Afortunadamente, Andalucía no sufre en su territorio la instalación de ninguna central nuclear. Sin embargo, padecemos casi todas las fases del ciclo de la energía nuclear. Con todo estuvimos a punto, por el deseo de Sevillana de Electricidad de soportar 4 reactores nucleares.

La Compañía Sevillana de Electricidad solicitó la instalación de 4 reactores nucleares en Andalucía. El 14 diciembre de 1973 solicita la construcción de dos reactores de 1000 MW, Tarifa I y II en la ensenada de Bolonia en Cádiz, donde se encuentran los restos de la antigua ciudad romana de Baelo Claudia. Mes y medio más tarde, 30 de enero de 1974, solicita otros dos reactores de 1000 MW, Almonte I y II en Doñana, Huelva. Concretamente en el Asperillo, entre Mazagón y Torre de la Higuera, teniendo previsto el comienzo de su construcción en 1981. Este emplazamiento posteriormente fue amenazado por la especulación urbanística y provocó la mayor movilización ecologista de Andalucía.

El desprecio de Sevillana de Electricidad a los valores históricos y ambientales de Andalucía quedó patente con la elección de estos dos lugares para sus proyectos nucleares en Andalucía.
Afortunadamente, en el Plan Energético Nacional de 1979 no se incluyeron estas centrales al tener nuestro país sobrepotencia de generación eléctrica instalada, igual que en la actualidad.
El descubrimiento de yacimientos de uranio en Sierra Morena, El Cabril y Cardeña, Córdoba y en el entorno de la sierra de la Virgen de la Cabeza, Jaén, va a tener consecuencias para Andalucía, además de la minería de uranio, que sin lugar a dudas ha dejado víctimas en Andalucía.

La Compañía Sevillana de Electricidad solicitó la instalación de 4 reactores nucleares en Andalucía y provocó la mayor movilización ecologista de Andalucía.

En una acampada que realizamos en el entorno de El Cabril, un paisano me contaba que su hermano, que había trabajado en la mina Beta, había muerto de una extraña enfermedad que creo identificar como radiosilicosis. No existe ningún estudio sobre la seguridad radiológica en las actividades mineras de materiales radiactivos, y a juzgar por lo que conozco de las prácticas en otras instalaciones andaluzas, la protección era inexistente o casi.

La primera es la instalación en Andújar, Jaén, de la fábrica de uranio General Hernández Vidal, FUA, a orillas del Guadalquivir y que comienza su andadura en 1959 y se cierra en 1981.
Durante el funcionamiento de la FUA, esta fue denunciada la filtración de material radiactivo a los pozos de los terrenos del entorno por el hidrogeólogo Ramón Llamas Madurga. Esta denuncia nunca tuvo respuesta ni actuación alguna por parte de ENRESA, que recibe autorización para su desmantelamiento en 1991.

Durante el funcionamiento de la FUA, las medidas de seguridad radiológica para proteger a los trabajadores fueron del todo insuficientes, y por ello no es de extrañar que el 72% de ellos ya han muerto, muchos de ellos por cáncer. Y es que, a modo de ejemplo y según su testimonio, comían los bocadillos apoyados en los bidones de “torta amarilla” óxido de uranio producido en la fábrica.

Los trabajadores eran obligados a firmar documentos de confidencialidad y las prácticas de control de contaminación radiactiva al Guadalquivir o la gestión de residuos generados en la FUA o fuera de la misma dejaban mucho que desear.

La fábrica de uranio General Hernández Vidal, FUA, fue denunciada la filtración de material radiactivo a los pozos de los terrenos del entorno por el hidrogeólogo Ramón Llamas Madurga.

La segunda consecuencia de la presencia de minería de uranio en Andalucía es la presencia en los terrenos de uno de los yacimientos del único almacenamiento de residuos radiactivos de nuestro país, el cementerio nuclear de El Cabril.

Los orígenes de El Cabril habría que buscarlos a las doce y cuarto del día 25 de junio del año 1935, año en el que el ingeniero de minas cordobés Antonio Carbonell y Trillo Figueroa descubre y registra 20 pertenencias (20 Has.) de un yacimiento de mineral de Radio, consiguiendo 30 Kg. de pecblenda, mineral de uranio, interrumpiéndose sus actividades durante la guerra del 36. Después de esta, D. Antonio Carbonell dirige la sociedad Berilo y Radio español S.A. y poco más tarde se constituye la EPALE, Empresa de Productos y Aleaciones Ligeras Especiales. Esta era una empresa tapadera del ejército español para las explotaciones e investigaciones sobre armamento nuclear dirigida por el general Juan Vigón, quien reanuda las extracciones a partir de 1949.

Después de ser rentable, se deja de operar la mina Beta en El Cabril y la Junta de Energía Nuclear, JEN, aprovecha esta mina para almacenar en 1961 la basura radiactiva que se produce en sus instalaciones en Madrid originadas por las experiencias realizadas con el reactor denominado Juan Vigón que los EE.UU le regalan al Estado español para que haga sus pinitos en el campo de uso militar.

El Cabril, como ya expresé en un artículo anterior en El Salto, estuvo operando ilegalmente durante 30 años, hasta el año 1992, como certifica el Tribunal Supremo.

Además del ciclo nuclear, Andalucía también tiene suelos contaminados en Vilaricos, Almería, como consecuencia del conocido accidente de las bombas de Palomares. La población conoce los aspectos más propagandísticos, como el baño de Manuel Fraga en las costas de Almería y la caída de las bombas por fallo en el repostaje en vuelo de un bombardero B52 norteamericano el 17 de enero de 1966.

Lo que es menos conocido es que después de la operación del ejército norteamericano, conocida como Broken Arrow y que recogió parte del material radiactivo dispersado por las bombas, aún quedó material disperso e incluso se enterraron bidones con parte de ellos. Habitantes de la zona han sido periódicamente sometidos a reconocimiento para ver los niveles de plutonio en su organismo y los posibles efectos.

El Cabril estuvo operando ilegalmente durante 30 años, hasta el año 1992, como certifica el Tribunal Supremo.

Hace ya unos años la administración de Obama se comprometió a la limpieza total de la zona en 2015, llevándose hasta 50.000 m3 de tierra contaminada, pero aún no se ha llevado a cabo y la administración de Trump no reconoce el acuerdo.

Por último, sufrimos la balsa de fosfoyesos de Huelva que tiene su origen en la fábrica Fosfórico Español, hoy Fertiberia, que comenzó a operar en 1965 y que se dedicaba a la producción de ácido fosfórico y sulfúrico usando como materia prima los fosfatos de Bucraa. La fabricación de este ácido creaba residuos llamados fosfoyesos y estos compuestos se almacenan en una balsa.

Los fosfatos tienen restos de uranio, U238, con una actividad radiactiva media de 1500 Bq/Kg y su descendiente radio Ra226, que se quedan en los fosfoyesos y que emiten gas radón, también radiactivo. En 1968 empezó a verter a la marisma del Tinto y a los cauces estos residuos.
En los 70, y sin licencia, Fertiberia se planteó extraer el uranio para venderlo como combustible. No hay demasiada información, pero el proyecto se abandonó por falta de rentabilidad.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dio la licencia de vertido y, en noviembre de 2003, una orden ministerial declaró caducada la concesión. Entre unas de las razones se encuentran los incumplimientos por parte de Fertiberia pero esta empresa, de la que fue alta directiva García Tejerina, ex ministra del gobierno del Partido Popular, ha seguido vertiendo fosfoyesos radiactivos a la ría de Huelva.

En las balsa se encuentran más de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, producidos principalmente por Fertiberia, ocupando una superficie de 1.200 hectáreas en las marismas de Huelva, entre los ríos Tinto y Odiel.

En los 70, y sin licencia, Fertiberia se planteó extraer el uranio de la marisma del Tinto para venderlo como combustible.

Después de muchos años de protestas y sentencias judiciales, aún no se ha puesto en marcha ninguna medida tendente a solucionar esta amenaza a escasos 300 metros de la capital onubense.
Por último quiero recordar el episodio de Acerinox, también en Huelva, en cuyas instalaciones se incineró accidentalmente una fuente radiactiva de cesio, Cs137, contaminando las escorias y cenizas. Parte de ellas están en El Cabril clasificadas como residuos de muy baja actividad y parte siguen en la zona.

La actuación frente a estos problemas tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía no han destacado por el celo en defensa de la población, máxime cuando varias de estas instalaciones y lugares han incumplido la legislación y han tenido que ser las organizaciones ecologistas las que han tenido que asumir la defensa de la población con su activismo que incluye movilizaciones, demandas judiciales o acciones de rechazo que han sido contestadas incluso con demandas penales contra activistas.

Muchos de estos problemas siguen vigentes y no se atisban vías de solución. Al contrario, algunas se agravan como es el caso del cementerio nuclear de El Cabril, que cuadriplicará sus instalaciones para albergar los residuos de media y baja actividad generados por la actividad de las centrales nucleares y los resultantes de desmantelamiento de las mismas.

De nuevo, solo la movilización social podrá alejar el riesgo que aún sufrimos en Andalucía.