El juzgado ignora la resolución de Naciones Unidas y desaloja a una familia con un menor en Pan Bendito (Madrid)

Ni la convocatoria de Stop Desahucios, ni la presencia de varios miembros del Sindicato de Inquilinas, ni la resolución de Naciones Unidas han bastado para evitar que una familia en Pan Bendito se quede en la calle sin alternativa habitacional.


publicado
2018-10-23 13:37:00

Una familia con un niño de dos años ha sido desalojada esta mañana sin alternativa habitacional en la calle Albares de la Ribera, en Pan Bendito. Según Jorge Aranda, de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid, “que son quienes tienen competencias en vivienda y sabemos que tienen más de 500 viviendas vacías”, asegura, han ofrecido alternativa a la familia: “Nada, se quedan en la calle”. 

Ni la convocatoria de Stop Desahucios lanzada por la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, ni la presencia de varios miembros del Sindicato de Inquilinas y de la Asamblea de Vivienda de Usera, ni la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Naciones Unidas emitida unas horas antes han bastado para evitar echar a esta familia de la vivienda que Bankia ha vendido al fondo buitre Eglefim Investments. “Había una resolución del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU planteando que tenía que paralizarse el desahucio, pero aún así han seguido adelante”, señala Aranda.

El mismo tipo de resolución que hace un mes sirvió para paralizar sin fecha el desahucio de Pepi en la calle Argumosa, 11 no ha servido en esta ocasión para evitar el desalojo de Iván Daniel, de dos años, y su familia. Elsa, otra integrante de la Asamblea de Carabanchel, lamenta que no se tomen en serio las resoluciones: “No están tomando el valor que tiene ese dictamen y vamos a tener que denunciarlo, porque el Estado español no tiene problema en dejar a familias en la calle. Y esto nos deja hechos polvo”.

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policía cortando la calle 

La convocatoria de Stop Desahucios estaba prevista para las 7.30 horas. Cuatro minutos después de la hora fijada, varios furgones de la Unidad de Intervención Policial han cortado la calle Albares de la Ribera. Aún faltaban más de dos horas para que el procurador decretara la ejecución, pero las cartas estaban echadas. “El primer desahucio lo pudimos parar. Ahora hemos conseguido que Naciones Unidas emita una resolución para pararlo pero no ha sido suficiente”, declara Elsa. “Es una pena, mira cómo terminamos. Después de estar aquí, llegas y te encuentras a la UIP actuando como si fueran a sacar a un terrorista”. 

La sensación que se respira entre las cerca de 40 personas que han acudido a la convocatoria es que las resoluciones de Naciones Unidas son condición necesaria pero no suficiente. En la mayoría de ocasiones, explican desde la Asamblea de Vivienda, lo que determina la ejecución o no de un desahucio es quién llega primero al portal. Y ahí el trabajo previo de los colectivos de vivienda resulta vital. Aranda, que no se pierde ninguna convocatoria en el barrio, lo sabe y valora la asistencia a pesar de no haberlo conseguido: “Al menos hemos conseguido que venga mucha gente a intentar ayudar”.

“La familia está muy machacada, está que no sabe lo que va a hacer”, comenta Aranda. La convocatoria ha concluido con una reunión espontánea en la misma calle entre la familia afectada, sus vecinos y vecinas y los miembros de la Asamblea de Vivienda.

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