Coronavirus
“Si la recomendación es quedarse en casa, ¿qué pasa con la gente a la que le van a echar de la suya?”

Se dice que Italia es España con una semana de diferencia. Y el martes 10 de marzo, el país transalpino ya había anunciado la suspensión de los pagos de las hipotecas para las familias más vulnerables.

El movimiento por el derecho a la vivienda en España va más allá y exige al Gobierno de coalición, además de esta medida, la suspensión de todos los desahucios —hipotecarios y de alquiler— hasta que finalice la crisis del coronavirus. 

Pocas horas después de que Pedro Sánchez anunciara las últimas medidas para hacer frente a la crisis sanitaria, decenas de organizaciones sociales lanzaban su “plan de choque” alternativo, entre ellas los sindicatos de inquilinos de Catalunya, Madrid, Málaga y Granada, así como Co.bas, CGT de Catalunya, la Alianza contra la Pobreza Energética y un gran número de colectivos de vivienda del área metropolitana de Barcelona. Las medidas exigidas por esta plataforma poco tienen que ver con las anunciadas por Sánchez el 12 de marzo: la intervención de la “totalidad de los recursos sanitarios privados”, la apertura de las plantas de los hospitales cerradas por los recortes, la cobertura económica de los cuidados y, por supuesto, la moratoria de los pagos hipotecarios y la paralización de los desahucios.

Nos quedamos en casa

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara lanzaba una pregunta en Twitter después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, llamara al teletrabajo el 9 de marzo: “Si la recomendación para hacer frente al coronavirus es quedarse en casa, ¿qué pasa con la gente a la que le van a echar de la suya? Si se paralizan las operaciones o las clases, ¿por qué no se paralizan los desahucios?”.

Desde el Sindicato de Inquilinos de Catalunya, Jaime Palomera señala la necesidad “de una moratoria del pago del alquiler y la hipoteca, así como otras medidas para proteger a gente que ya lo está empezando a pasar mal”

Pocos días después, este jueves 12 de marzo, 15 furgones policiales, cien policías y “ningún medio”, según PAH Guadalajara, acudieron al desalojo de Diego, un vecino del barrio del Alamín. Los tres intentos anteriores habían sido frenados por una importante movilización vecinal. Al cuarto, la Sociedad de San Vicente de Paúl, una asociación supuestamente benéfica que recibe ayudas del Ayuntamiento y de la Comunidad de Castilla-La Mancha para evitar precisamente desahucios, consiguió salirse con la suya.

Desde el Sindicato de Inquilinos de Catalunya, Jaime Palomera señala la necesidad “de una moratoria del pago del alquiler y la hipoteca, así como otras medidas para proteger a gente que ya lo está empezando a pasar mal”. Desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid, Javier Gil apela al Gobierno de PSOE y Podemos: “A este Gobierno también le recordaremos por no haber declarado una moratoria a los desahucios durante la crisis del coronavirus”. En la mañana del 13 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anunciado una moratoria general hasta al menos el próximo 27 de marzo, la medida se irá actualizando según avance la situación de excepcionalidad. 

"Si se paralizan las operaciones o las clases, ¿por qué no se paralizan los desahucios?”, dicen desde PAH Guadalajara

Mientras, los desahucios continúan a un ritmo de 198 por día, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. La aprobación de la moratoria hasta 2024 de los desalojos en los casos de especial vulnerabilidad y la ampliación de los supuestos, así como la inclusión de los desalojos por impago del alquiler fueron calificados como una “enorme victoria” por los colectivos y asociaciones que defienden el derecho a la vivienda. Sin embargo, la escalada de la crisis del coronavirus ha empequeñecido esta decisión y ahora reclaman medidas más valientes frente a la situación desesperada de decenas de miles de familias.

Salvajadas

El 11 de marzo llegaba otra gran noticia para el movimiento por la vivienda: el Tribunal Supremo anulaba de forma definitiva la venta de 2.935 viviendas públicas al fondo buitre Azora. Sin embargo, muchas de las familias afectadas por este caso siguen recibiendo amenazas de desalojo. 

El abogado de la PAH Jaime Rubio califica de “salvajada” la orden de desahucio que ha recibido una de esas familias para el próximo lunes 16 de marzo. “Por responsabilidad deben acordar la suspensión de todos los desahucios”, añade. 

Frente a la demanda de aislamiento voluntario, desde el movimiento contra los desahucios se escucha un nuevo lema #YoMeQuedoEnCasa

Mientras se extiende el pánico al coronavirus y se suspenden todo tipo de eventos, no hay orden de suspensión de los próximos desahucios programados. La PAH y los colectivos barriales de vivienda siguen trabajando y parando desahucios. Frente a la demanda de aislamiento voluntario, desde el movimiento por la vivienda se escucha un nuevo lema #YoMeQuedoEnCasa.