Colombia
El caso Jorge Freytter o cómo recuperar la justicia universal atendiendo a tratados internacionales

Jorge Adolfo Freytter Romero era profesor universitario, abogado y sindicalista en Barranquilla (Colombia). El 28 de agosto de 2001 fue secuestrado, torturado y asesinado por agentes del Estado colombiano en connivencia con paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo terrorista de extrema derecha que desde los años 60 continúa en actividad. Su cuerpo fue encontrado en la carretera que une Barranquilla con Ciénaga. Hoy, 15 de octubre de 2019, la familia de Freytter ha llevado su caso a la Audiencia Nacional española, en busca de justicia.

La justicia universal en la legislación española contemplaba hasta 2009 que los tribunales españoles pudieran juzgar crímenes de lesa humanidad que se hubieran cometido en cualquier parte del mundo. Fue lo que permitió que el juez Baltasar Garzón emitiera una orden de arresto contra el dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 o que en abril de 2005, el militar argentino Adolfo Scilingo fuera condenado por la Audiencia Nacional a 640 años de cárcel por los secuestros y asesinatos que cometió en su país entre 1976 y 1977. En 2009, el PSOE hizo una reforma que limitaba los casos de crímenes contra la humanidad que podían trabajar los juzgados españoles a aquellos que tuvieran alguna relación con España y, ya en 2014, el PP dio la estocada final con otra reforma. Ahora solo podían juzgar casos en los que los acusados fueran españoles o tuvieran residencia en España, dejando en el limbo casos como el de las torturas de Guatemala, el genocidio en el Tíbet del que estaban acusados varios altos cargos de China o la muerte en Iraq del periodista español José Couso.

En 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez contempló una nueva reforma de la justicia universal para ampliar los supuestos de actuación, pero finalmente desistió. El caso de la muerte en Iraq del periodista español José Couso en 2008, a causa de fuego del ejército estadounidense mientras estaba en el hotel de Bagdad que tradicionalmente hospeda a periodistas internacionales, llevó hasta el Constitucional la reforma de la justicia universal del PP, pero en julio de 2019 este tribunal rechazó los recursos presentados y confirmó la muerte de la justicia universal en España.

“Como el derecho nacional ya no contempla la jurisdicción universal, lo que pedimos es que se reconozca la jurisdicción internacional a través de la interpretación de los tratados internacionales”, explica Daniel Amelang, abogado de Red Jurídica, despacho que trabaja en el caso de Freytter en coordinación con la abogada Rosa María Mateus y Yessica Hoyos Morales, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). “Que sepamos, hasta ahora no se había planteado admitir un caso de justicia universal de esta manera, así que tenemos esperanza de que se pueda admitir a trámite”, continúa.

El asesinato de Freytter tuvo como marco la conocida como “arremetida paramilitar” que entre los años 1996 y 2006 se sufrió en las universidades públicas de la región Caribe, en las que se contaron 37 víctimas mortales entre estudiantes, profesores y sindicalistas. Fueron crímenes que, según afirman desde la Asociación Jorge Freytter Romero, no se investigaron y se justificaron acusando a las víctimas de subversivos, terroristas o bandoleros. En el caso de Freytter, su asesinato tuvo lugar después de que el denunciara que los paramilitares estaban tomando los recursos de las universidades.

18 años después del asesinato de Freytter, las investigaciones judiciales en Colombia no han conseguido sentar en el banquillo de los acusados a todos responsables, e incluso dos de ellos siguen en paradero desconocido. Carlos Arturo Romero Cuartas, ‘Montería’, miembro de las AUC, fue condenado en febrero de 2009 a 18 años de cárcel por el asesinato de Freytte. Un año antes había sido condenado a otros 22 años de cárcel por otro asesinato, el de Ricardo Luis Orozco, vicepresidente de la Junta Nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, que tuvo lugar en abril de 2001 en el municipio de Soledad. En 2010, dos policías nacionales de Colombia fueron condenados también por la muerte de Freytter a 35 años de prisión, pero, en 2013 el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla revocó la condena. Ninguna otra persona ha sido llevada a juicio por la muerte de Freytter.

Entre los responsables del asesinato de Freytter que aún no han pasado por el banquillo hay otros dos agentes de policía. “La denuncia ante la Audiencia Nacional interpela a la cooperación internacional policial y judicial a efectos de investigar el paradero del exteniente de la policía Flover Argeny Torres y el patrullero del Gaula, Germán Antonio Saenz Cuesta”, explican desde Red Jurídica.