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La reforma del PP archiva 12 causas de crímenes de lesa humanidad

En abril de 2005, el exmilitar argentino Adolfo Scilingo era condenado por la Audiencia Nacional española a 640 años de prisión por 30 delitos de detención ilegal y asesinato cometidos en su país entre 1976 y 1977. Dos años después, el Tribunal Su­pre­mo aumentaba la pena a 1.084 años al considerar que sus delitos constituían crímenes contra la humanidad. Pero este juicio contra Scilingo, que sigue cumpliendo condena en la prisión de Alcalá Meco, en Madrid, posiblemente no llegaría a celebrarse en 2014, una vez se adopte definitivamente la reforma de la jurisdicción universal cuyo anteproyecto de ley fue aprobado el 12 de febrero en el Congreso con los únicos votos del PP.

La reforma limitará en la mayoría de los supuestos la aplicación de la jurisdicción universal a aquellos casos en los que el acusado sea español o residente en España, y su consecuencia más inmediata será el sobreseimiento de las 12 causas internacionales abiertas por crímenes de lesa humanidad ante los tribunales españoles, entre las que se encuentran el asesinato del cámara José Couso por tropas estadounidenses en Iraq, genocidios en Guate­mala, el Tíbet, el Sáhara o Ruanda, los vuelos de la CIA o la Flotilla de la Libertad.

Para el histórico defensor de los derechos humanos Carlos Slepoy, la jurisdicción universal “tiene que ver con la universalidad tanto de víctimas como de victimarios en el sentido de que no hace diferenciación entre la nacionalidad de unos y de otros, ni tiene en cuenta los intereses del propio Estado, sino que es un principio que se aplica en virtud de la naturaleza del crimen”. Este abogado afirma que “la proposición de ley del PP es la eliminación absoluta del principio de justicia universal”. Fue también este principio el que per­mitió que en 1999 se presentara ante la Audiencia Nacional una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt cuando en Guatemala todavía gozaba de inmunidad parlamentaria.

Presiones

La aprobación del anteproyecto de ley se produce precisamente pocos meses después de que China, la primera potencia comercial del mundo, expresase su “fuerte malestar” y amenazase con represalias económicas al Ejecutivo español si no se archivaba la causa abierta en la Audiencia Nacional contra varios exgobernantes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng, acusados de genocidio en el Tíbet. El 10 de febrero, el juez Ismael Moreno lanzaba una orden de detención internacional contra estos exdirigentes. Dos días después se firmaba la ley que restringe el principio de jurisdicción universal.

Ésta no es la primera vez que este principio, que pretende evitar la impunidad internacional de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, se ve limitado en España por presiones de potencias extranjeras.

Aunque el grupo parlamentario del PSOE ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la limitación de la jurisdicción universal aprobada por el PP, en 2009 fue precisamente el Go­bierno socialista el que recortó este principio después de recibir presiones de Israel, que exigía el archivo de la querella abierta contra el exprimer ministro Benjamin Eliezer y seis militares por el asesinato de 14 civiles palestinos en Gaza. En aquel momento, la entonces ministra de Exte­riores israelí, Tzipi Livni, anunció públicamente que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, se disponía a modificar la legislación para “evitar los abusos del sistema legal español”. Y así se hizo. Este caso fue archivado en la Au­dien­cia Na­cional en 2009 y definitivamente cerrado por el Tribunal Supre­mo un año más tarde.

Este anteproyecto de ley “es un mazazo no sólo para la causa de José [Couso], también para la palestina, para la saharaui, y cercena de raíz la investigación de la muerte de un ciudadano español y de todas las causas que nos han hecho erigirnos como un Estado que velaba por la justicia”, afirma David Couso, hermano del cámara José Couso, que anuncia que los próximos pasos de la familia serán recurrir ante el Tribunal Cons­ti­­tu­cional y, si fuera necesario, acudir ante el Tribunal Europeo de De­re­chos Humanos. Aparte del recurso de inconstitucionalidad anunciado ya por el PSOE, única fuerza con suficiente número de diputados para presentarlo, y de los recursos que previsiblemente plantearán los querellantes cuando se archiven las causas abiertas, también desde el ámbito judicial podrían plantearse denuncias de inconstitucionalidad. Por eso, Slepoy augura que “este retroceso, que es un golpe importante a los derechos humanos, es circunstancial, no tiene mucha vida, y creo que nuevamente, de una u otra forma, se va a restablecer el ejercicio de la jurisdicción universal en España”.

La “paradoja española”

En 2005, Argentina anulaba definitivamente las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impedían el procesamiento de los represores de la dictadura militar y, a día de hoy, son más de 400 los condenados en diversos juicios, mientras que en Chile hay cerca 700 acusados en 350 causas por diversos crímenes durante la dictadura de Pinochet. “La actuación de la justicia española ejerciendo la jurisdicción universal jugó un papel decisivo para el fin de la impunidad en muchos países de Amé­rica Latina, muy señaladamente en Argentina y Chile”, señala Slepoy. Las víctimas argentinas y chilenas, afirma este abogado, “se volcaron en la jurisdicción española porque les ofreció sus tribunales para hacer sus denuncias y ésta respondió de forma muy eficaz a través de muchas medidas, entre otras, solicitudes de orden internacional de detención, la detención de Pinochet, el juicio a Scilingo, la extradición de Cavallo a España, y esto estimuló enormemente a las víctimas y asociaciones de derechos humanos”.

Paradójicamente, mientras se lanzaban juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina o Guatemala, las denuncias por los crímenes del Franquismo se han visto frenadas por innumerables escollos, tanto en el plano político como en el judicial. “No es posible que un país haya investigado genocidios y crímenes contra la humanidad cometidos en otros países y no tenga competencia para juzgar los propios”, afirma Slepoy, abogado que impulsa la causa contra los crímenes del Fran­quismo que, paradójicamente, hoy se desarrolla en Argentina gracias a la aplicación del principio de jurisdicción universal.

Peregrinaje judicial

La falta de competencias para la investigación de los crímenes del Franquismo y el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica, según denunció recientemente el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff, ha llevado a las organizaciones de víctimas también a Bruselas. El 5 de marzo, una numerosa delegación de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, integrada por 110 asociaciones de familiares y víctimas del Franquismo, visitó la sede del Parlamento Eu­ro­peo.

“Desde la Plataforma por la Co­misión de la Verdad hemos explicado ante el Parlamento Europeo por qué las víctimas del Franquismo recurren a Europa y hemos presentado una petición para instar a la UE y a sus países a que amparen a las víctimas y a que exijan que el Gobierno español cumpla con sus obligaciones”, señala Jordi Gordon, uno de los portavoces de la plataforma. “Las víctimas del Franquis­mo lo son por delitos que no han prescrito y que las convenciones internacionales obligan a investigar, pero en España se ha hecho una dejación absoluta”, añade Gordon. Mien­tras tanto, las víctimas de la represión franquista seguirán buscando justicia en Ar­gentina, don­de la querella por torturas se ampliará a otras 60 personas.