Policía
Sergio, seis años infiltrado en los movimientos sociales madrileños

En la jura de Sergio G.A. como policía de escala básica en la academia de Ávila estaban presentes el diputado popular por la provincia Pablo Casado, el director de la policía Ignacio Cosidó, o el secretario de Estado, Francisco Martínez. Espectadores de excepción del paso a la carrera policial de una promoción que recibió su nombramiento en 2014. Unos meses después, una persona que se hizo llamar Sergio Botana, comenzó a frecuentar el banco de alimentos del distrito de Moratalaz. Arrancó entonces una larga militancia, que llevó a Sergio a participar en acciones de desobediencia, en un encierro en la oficina de Bankia de la calle Mayor de Madrid o en la defensa de un colegio durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Barcelona. La persona que recibía su nombramiento de la mano de tres pesos pesados del PP actuaba, tres años después, como topo en los movimientos sociales.

Desde 2015 hasta 2021, el policía encubierto Sergio G.A. estableció relaciones de amistad, militancia, trabajo con decenas de personas, en al menos dos casos también relaciones sexoafectivas. El Salto, en colaboración con La Directa, ha podido confirmar que detrás de la identidad de Botana está este agente de policía, que se presentó a inspector en 2019 y que, en los últimos tres años ha ido paulatinamente abandonando la identidad falsa.

La principal forma de llegar a esta conclusión es un informe pericial encargado para cotejar cuatro imágenes, dos de la identidad real y dos realizadas en el contexto de la militancia, las cuatro separadas en el tiempo. Las dos primeras corresponden a los años 2014-2016, una es una captura de vídeo de la ceremonia de graduación policial, comparada con otra con un compañero del colectivo Distrito 14. De las dos últimas, una muestra a Sergio en un viaje a Barcelona en el contexto de la defensa del independentismo, la última, la más reciente, es una foto publicada en internet de su participación en una carrera, a la que se inscribió con su nombre real, que aparece junto al número del dorsal que se aprecia en la misma fotografía.

El citado informe pericial concluye que “sin ningún género de dudas las fotografías corresponden a una única y misma persona”. A pesar de que las fotografías son dispares, y de los cambios en la fisionomía y el aspecto de esta persona que han tenido lugar desde los nueve años transcurridos desde su estancia en la escuela de Ávila hasta la actualidad, el informe ha encontrado hasta once puntos de coincidencia en el área del rostro que se ha analizado, además de una plena coincidencia en las proporciones faciales.

Además, Sergio dejó rastros de su identidad verdadera y lagunas en su historia. En esta investigación también se ha contactado con una de las empresas en las que dijo estar trabajando, una pequeña empresa familiar del norte de Madrid que ha negado que fuese contratado en el tiempo que Sergio G.A. declaró. El policía ha participado, con su nombre verdadero, en algunas carreras populares, y su fotografía, en la que aparece un dorsal que se corresponde con la identidad real, ha sido reconocida por personas que conocieron la identidad falsa de Sergio y no han tenido acceso al informe pericial. Este periódico se ha tratado de poner en contacto con Botana a través del móvil utilizado durante todo ese periodo, por medio de llamadas de teléfono, Whatsapp, email y SMS, sin resultados.

Entrada en los movimientos

La entrada de Sergio Botana en escena tiene lugar en un momento de eclosión de los movimientos sociales en Madrid. Las protestas iniciadas en 2011 alrededor del movimiento 15M y la descentralización de este movimiento generaron un importante caldo de cultivo de nueva militancia en distritos como Moratalaz, en el este de la capital. Generaciones de militantes y activistas sin relación con los partidos. Se trata de movimientos de neto carácter antifascista, enfocados en el trabajo de base, especialmente en temas de vivienda, a menudo coaligados con las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y los Stop Desahucios distritales.

Sergio comenzó a ayudar en el reparto de alimentos y entró en contacto con militantes de Distrito 14, movimiento en el que entró en la primavera de 2015. Algunos integrantes de este colectivo, que estaba compuesto casi por completo por jóvenes del barrio, explican que en un primer momento el recién llegado despertó sospechas: no era de Moratalaz y vivía en la calle Menéndez Pelayo con un tío, al que nadie conoció, en un piso, en el que nadie estuvo y del que nadie conoce la dirección exacta. A las bromas en las que se le llamaba “infiltrado” él respondía riéndose, pero las especulaciones no fueron a más.

La confianza conseguida al cabo de los años le permitió involucrarse posteriormente en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR), creado en el año 2018

Con el tiempo, alcanzó un alto nivel de confianza con muchos de los militantes de esta organización, hasta el punto de pasar a compartir piso con algunos de ellos. También entabló una relación sexoafectiva que duró varios años con una de esas personas. Participó en acciones como la ocupación durante unas horas de una sede de Bankia en el centro de Madrid, y estuvo en un grupo de apoyo al referéndum del 1 de octubre de 2017 en Barcelona, que defendió el acceso a la votación en la Escola El Carmel, en el barrio del mismo nombre. A ese colegio no acudió ningún cuerpo policial.

La confianza conseguida al cabo de los años le permitió involucrarse posteriormente en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR), creado en el año 2018 con motivo del proceso al rapero balear Valtònyc. Después de comenzar a desvincularse de Distrito 14 en torno al año 2019, la última fase de su actividad en los movimientos estuvo ligada al MAR. Sergio, recuerda una de las personas afectadas por su caso, se reenganchó justo después del encarcelamiento de otro rapero, Pablo Hasel. Las protestas del 18 de febrero de 2021 con motivo de la entrada en prisión de este último, que se saldaron con un coste represivo alto para el MAR y otros colectivos, supusieron también un punto de inflexión en la presencia de Sergio G.A. en reuniones, asambleas y movimientos. Desde entonces, se desligó de los movimientos en los que había participado y puso distancia con las personas con las que se relacionaba en esos ámbitos, a las que comunicó que se quería sacar una oposición para bombero.

Reacciones

Quienes lo trataron dicen que tenía un carácter amistoso y que no desarrollaba un perfil beligerante en las asambleas, “era más bien callado”, dice A. una de las personas afectadas, que pide mantener el anonimato en este artículo. No destacaba por sus opiniones políticas aunque se colocaba como la “voz de la sensatez” en las asambleas. También se recuerda que no solía tener problemas de dinero, algo que sorprendía en un grupo lleno de estudiantes, trabajadores precarios y parados de entre 20 y 25 años.

A. refiere que ella no se siente víctima en este caso, pero denuncia “hasta qué punto llega la brutalidad del Estado”, al que se refiere como sádico y sin escrúpulos. Otro de sus compañeros repite algo que también dice A. “éramos unos críos”, cuando explica cómo conocieron a Sergio, también un crío, pero en su caso que habría escondido durante nueve años su verdadera identidad a personas que le consideraron un compañero.

En un comunicado de Distrito 14 sobre el caso al que ha tenido acceso El Salto, este colectivo afronta la información sobre la acción de este agente escapando “del relato victimista” y con la mirada puesta en poner en marcha un debate sobre los modelos de organización necesarios para evitar, o dificultar, las posibilidades de infiltración policial: “El Estado no es neutral y puede hacer esto y mucho más, tal y como demuestra la historia, por eso ante situaciones así o de mayor calado no podemos perder la perspectiva ni perder la determinación de luchar por un mundo nuevo”. Por su parte, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid ha denunciado el atentado a su derecho de organización que supone el caso y llaman a una unidad de los movimientos para “enfrentarnos conjunta y firmemente a la represión del Estado”.

Con el de Sergio G.A ya son seis los topos que han sido destapados por los medios de comunicación y los movimientos sociales en los últimos quince meses. En junio de 2022, La Directa revelaba que la identidad real de Marc Hernàndez Pon, activista en un casal del barrio de l’Eixample, en Barcelona, correspondía con la de un agente del Cuerpo Nacional de Policía. En enero de este año, el mismo medio desvelaba que detrás de un activista del movimiento libertario y el derecho a la vivienda llamado “Dani” se encontraba un agente del mismo cuerpo, y un mes después, la redacción en Valéncia de La Directa destapaba el caso de Ramón Martínez Hernàndez, infiltrado en los movimientos sociales de Benimaclet. En marzo de 2023, El Salto publicaba que Mavi L.F., activista de los movimientos ecologistas y participante en el centro social La Animosa, era en realidad una agente del Cuerpo Nacional de Policía. Finalmente, en julio de este año, La Directa localizó a Maria I.T., que participó activamente en el movimiento antirracista y estrechó fuertes lazos con activistas del Comitè de Defensa de la República de Girona.

Infiltrados en los movimientos sociales, ¿bajo qué marco legal?

Ter García

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Infiltrados Infiltrados en los movimientos sociales, ¿bajo qué marco legal?

Ter García

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Al menos desde el movimiento antiglobalización, hace ya más de 20 años, se han destapado casos de policías encubiertos que han vigilado colectivos que no estaban siendo investigados por ningún juzgado.

En su artículo 282 bis la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que la infiltración de agentes solo se puede realizar en investigaciones por delitos de organización criminal y bajo la orden de un juez o fiscal, aunque en tiempos recientes y, como consecuencia de la publicación de estos casos por parte de La Directa, el Ministerio del Interior se ha remitido al artículo 11 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para justificar la actividad de agentes encubiertos en los movimientos sociales. Otra norma de menor rango, la orden ministerial que desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, contempla, al menos desde 2005 en una disposición adicional, que la estructura y tareas de los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están clasificados como secreto, en base a una decisión del Consejo de Ministros de noviembre de 1986 y amparados por la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esto impide conocer las motivaciones policiales y los detalles de las operaciones de infiltración como las que se han hecho públicas en los últimos meses.