Brasil
“Lula livre” estalló en las gargantas y se hizo canción

En torno a las 21hs hora de España, Lula, ex presidente de Brasil, salía de la cárcel de Curitiba, después de 580 días de cautiverio.

Protesta en Buenos Aires contra el encuentro del G20, el 30 de noviembre de 2018 -Lula da silva
Las muestras de apoyo a Lula durante su etapa en prisión han sido frecuentes en Latinoamérica. Montecruz foto
9 nov 2019 09:00

Fue una jornada que, en su trepidante desenlace dejó al descubierto la enorme tensión reprimida en los últimos días. Las palabras que Lula lanzó en un improvisado discurso estuvieron a la altura del júbilo que la multitud le devolvía. El expresidente, libre tras un año y siete meses en prisión, quiso agradecer nominalmente a quienes lo acompañaron durante este duro trance y a los presentes, por ser “el alimento de democracia que yo necesitaba para resistir al descaro y la infamia del sector podrido del Estado brasileño, de la Justicia, de la Policía Federal, del Ministerio Público, de la Hacienda, que trabajaron para criminalizar al PT y a Lula. No encarcelaron a un hombre, intentaron matar una idea. Y una idea no se mata, no desaparece”.

También criticó al gobierno Bolsonaro por la precarización de los trabajadores brasileños, “el pueblo está trabajando de Uber, en bicicleta entregando pizzas, sin el menor respeto”, disparó. Y cuestionó el montaje jurídico que acabó en su condena y prisión. Lula agregó “si juntan a Moro [ministro de Justicia] y Dallagnol [procurador a cargo de su proceso] y los meten en una licuadora no dan el 10% de la honestidad que yo tengo”, remata. Mientras, un coro de activistas, entre los que había militantes del PT, de la CUT, del MST y de diversos sindicatos, aguardaba su anunciada liberación y cantaba canciones alusivas al compromiso político y a la excarcelación del dirigente petista.

La fiesta tenía un motivo de enorme importancia: ayer, por seis votos a favor y cinco en contra, el Superior Tribunal Federal (STF) decidió que la prisión de Lula es ilegal.

LA REVISIÓN DEL PRINCIPIO POR EL QUE ENTRÓ EN PRISIÓN

En julio de 2017, en fallo en segunda instancia, el Superior Tribunal Federal (STF) condenó a Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero. Lo acusaron de haber recibido de la constructora Odebrecht -como intercambio de favores- un ático de lujo en la localidad de Guarujá, zona de playa del litoral paulista. Después de algunas apelaciones de su defensa, el encarcelamiento se hizo efectivo en abril de 2018.

Sin embargo ayer, por un solo voto, el Superior Tribunal Federal (STF) decidió que la prisión de Lula es ilegal. Y lo hizo cambiando el criterio que ese mismo órgano aprobara en 2016. En aquel momento, para sostener esa medida alegaba que había que combatir la masiva corrupción imperante. Eso trajo como consecuencia la prisión de otros 4.800 brasileños –también condenados en segunda instancia que, como Lula, ahora podrían beneficiarse con la libertad, mientras sus procesos continúan.

Al cierre de esta edición se informaba de que la jueza federal sustituta Ana Carolina Bartolamei Ramos, ordenaba también la libertad inmediata del ex ministro petista José Dircéu. La magistrada considera que los recursos presentados por el procesado deben ser analizados por otras instancias y que ha desaparecido cualquier fundamento para el cumplimiento de la pena. 

Las anomalías tuvieron una clara motivación política y obedecieron a las prisas en quitar a Lula de en medio en la disputa presidencial

Con la regla ahora aprobada –modificatoria de la de 2016- el STF retornó a la norma constitucional originaria que disponía que un condenado solo puede ir a prisión una vez agotadas todas las instancias procesales que la ley le otorga, salvo que consumara delitos flagrantes estando en libertad o que su permanencia fuera de la cárcel encierre peligrosidad.

En el caso del expresidente, el juicio por el que entró en prisión (el ático en Guarujá) está en la tercera instancia, restándole aún una cuarta apelación para que el fallo se convierta en sentencia firme; durante todo este tiempo Lula debería haber estado en libertad aguardando el dictamen final. Profusión de juristas que han acompañado las discusiones dentro del STF celebraron el parecer de la Suprema Corte como una decisión esperada, porque se trata de la restitución de un derecho constitucional vigente hasta ser alterado en 2016.

Las dudas relatadas hasta ahora se plantean exclusivamente sobre el aspecto procedimental y no a las irregularidades –y falta de pruebas concluyentes- en el proceso dirigido en la época por el juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia. Como El Salto publicó en su momento, las anomalías tuvieron una clara motivación política y obedecieron a las prisas en quitar a Lula de en medio en la disputa presidencial y posibilitar el triunfo electoral de Jair Bolsonaro.

Sin embargo, este cambio de parecer, restitutivo de derechos, difícilmente va a rebajar el nivel de polarización política y el escenario de fuerte inestabilidad institucional que atraviesa al gran país sudamericano. La gestión Bolsonaro está promoviendo una profunda desarticulación de la arquitectura institucional heredada y, peor aún, instalando una violencia brutal en el cotidiano de sus habitantes, especialmente de los sectores más carentes. El mandatario aún no se ha pronunciado respecto al nuevo parecer del STF, pero más allá de que lo haga explícito o no, evidentemente no será de su agrado.

LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS EN EL PODER JUDICIAL

Este desenlace desatará conflictos en el ámbito de la alta magistratura. Aparte de la explícita división expresada por el reñido resultado de la votación, la alegación de Dias Toffoli, presidente del STF, restituye al poder legislativo la autoridad y jerarquía que el criterio aplicado en 2016 implícitamente le negaba. En su resolución, el magistrado dice: “En 2011, una alteración en el Código de Procedimientos Penales (CPP) definió que solo se podrá mandar a prisión a una persona, en acción de pleno delito (flagrante) o a consecuencia de sentencia condenatoria tramitada en juicio. La norma es constitucional e impide la prisión en segunda instancia”. Y enfatiza: “La voluntad del legislador, la voluntad del parlamento, de la Cámara de Diputados y de Senadores, fue explícita en esta disposición. Esa es la voluntad de los representantes elegidos por el pueblo”, remató.

Quién sabe haya que interpretar la firmeza de Dias Toffoli como una respuesta al Vaza Jato, filtración dada a conocer por el periodista de The Intercept –vive en Brasil- Glenn Greenwald, en la que se desvelaban confidencias y complicidades entre el ex juez Sergio Moro –entonces a cargo de la acusación de Lula y ahora ministro de Justicia de Bolsonaro- y el procurador Deltan Dallagnol y su grupo, responsables de continuar con el procedimiento. Son prácticas a todas luces inadmisibles, dado que colocan a Moro y al colectivo de Dallagnol en la condición de jueces y parte interesada, viciando la necesaria imparcialidad judicial.

Quien queda en posición extremadamente frágil es el ex juez Sergio Moro, a la postre muñidor del triunfo electoral de Bolsonaro

Otro dato que revela la intensa disputa en el interior de la magistratura fue la declaración de Dallagnol inmediatamente después de conocer el fallo del STF afirmando que “la decisión de la Corte pasa un mensaje de tolerancia con la corrupción”. La reacción de Dias Toffoli fue fulminante, exige que en la reunión del próximo martes 12 de noviembre, el Concejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) aplique una sanción a Dallagnol por esa afirmación. Habrá que ver cómo se dirime la disputa, estos organismos suelen tener recursos para postergar decisiones que entrañen alto costo político. Si su conducta no se juzga en alguna de las tres sesiones que quedan hasta fin de año, la causa prescribe.

Y quien queda en posición extremadamente frágil es el ex juez Sergio Moro, a la postre muñidor del triunfo electoral de Bolsonaro al retirar a Lula de la disputa presidencial, acción premiada con el Ministerio de Justicia. Queda afectado en dos frentes, el Vaza Jato por una parte, por las impresentables confidencias compartidas con Dallagnol y su grupo y, peor aún, por la arbitrariedad de la condena a Lula, plagada de presiones, irregularidades, inexactitudes y esencialmente falta de pruebas periciales y contundentes que habilitasen a su condena en firme. Más allá de que, por ahora al menos, esto no sea motivo de controversia en los altos estamentos judiciales, pero constituye una bomba de relojería.

EL PREVISIBLE SENTIR DE LAS FUERZAS ARMADAS

A juzgar por los gestos precedentes, tampoco cabría ser optimista respecto a la opinión de las fuerzas armadas. No hay que olvidar que Brasil –como España- jamás atravesó un proceso de condena y reparación con la dictadura que asoló el país desde 1964 hasta 1985. Esa impunidad políticamente consentida y socialmente legitimada acarrea consecuencias; es el sustrato que permite la emergencia de Bolsonaro, un sujeto que hace defensa explícita de aquel azote, incluido alguno de sus más condenables torturadores y asesinos como el general Brilhante Ustra, explícitamente reivindicado por el militar.

Además, haber sido pilar y sostén del más sólido capitalismo de Estado del cono sur latinoamericano desde los áureos años 50 en adelante, convirtió al llamado “partido militar” en un agente e interlocutor político insoslayable. Por eso no debe sorprender que, en abril de 2018, cuando los abogados de Lula interpusieron un habeas corpus pidiendo su no entrada en prisión, el general Vilas Boas –comandante en jefe de las FFAA- se sintió con derecho a opinar a favor da la condena a Lula y lo hizo en estos términos: “Comparto la voluntad de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia”.
Por lo dicho, no deberían tomarse con liviandad las expresiones del general Augusto Heleno –muy próximo del diputado Eduardo Bolsonaro- que, a pesar del tono ambiguo en que las formuló, sugerían la intención de instaurar en el país una normativa militar en el formato del nefasto AI-5, disposición restrictiva de libertades impuesta por la dictadura militar inaugurada en 1964.

DESGASTE TAMBIÉN PARA BOLSONARO

Por si no bastasen las evidencias del envolvimiento del clan Bolsonaro con Las Milicias (trama parapolicial y delictiva que campea en las periferias cariocas) y con la presunta implicación en el asesinato de Marielle Franco, el ex capitán ahora se enfrenta a una decisión judicial que restituye a la lidia política a su principal adversario que, sin duda, le aventaja sobradamente en arraigo popular y recursos comunicativos. Sin contar que cada vez queda más en evidencia que su ascenso a la presidencia no habría sido posible sin el montaje judicial contra Lula.

Además, el prestigio internacional de Bolsonaro está por los suelos, al menos en Europa. Después de haber criticado a Merkel y Macron y de su actitud –como mínimo, omisa- ante los incendios en la Amazonía, de haber desprotegido a las poblaciones que la habitan y aprobado un número récord de agrotóxicos, y de una serie interminable de exabruptos, atraviesa turbulencias en el campo económico.

El año en curso registra una fuerte salida de dólares, a pesar de la machacona insistencia de que su gestión se orientaba a recuperar la confianza de los inversores externos y el PIB se ha estancado, previsiblemente el crecimiento estará por debajo del 1%. En esta semana el gobierno sacó a bolsa varios paquetes de acciones del Presal –reserva estratégica de petróleo y gas- esperando obtener algo más de 100.000 millones de reais, habiendo conseguido solo 70.000. Parte de esos recursos proceden de China y eso le está costando chascarrillos de sus críticos, que ironizan que –a pesar de su rabioso anticomunismo- tuvieron que ser los comunistas chinos quienes le salvaran la cara.

Ahora Lula está en libertad, al menos hasta que se le inicien otros procesos pendientes. Libre para empezar a recorrer el país en campaña a favor de los candidatos petistas a alcaldes y concejales para las elecciones municipales de 2020. Y para recibir no solo halagos, sino también críticas sustantivas a la gestión petista. No solo del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) –un desprendimiento a la izquierda del PT- sino también de movimientos sociales, indigenistas y ecologistas, que cuestionan la corrupción de parte del aparato petista, su paradigma desarrollista neokeynesiano, el emprendimiento de Belo Monte y las atrocidades sobre los pueblos que habitan esa región y concesiones a las iglesias evangélicas y a los poderes establecidos. Pero esa será otra batalla –de ideas y en libertad- y motivo de otro artículo.

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