Derecho al agua
El agua no debería ser de nadie

Valor de uso o valor de cambio: satisfacción de necesidades básicas o especulación. Si el agua, sustancia primigenia, esencial para la vida, constituye el sistema sanguíneo de cadenas tróficas y ecosistemas, ¿no debería tener un valor de uso infinito y un valor de cambio tendente a cero? ¿Cómo evaluar los elementos previos —agua, aire— a cualquier forma de transacción económica?

Gestión democrática

El ciclo hidrológico convierte a la molécula de hidrógeno y oxígeno en la metáfora perfecta del bien común y justifica su necesaria gestión democrática y comunitaria. Su flujo, que atraviesa subsuelos, superficies y atmósferas de manera estacional, aunque irregular e imprevisible, es libertario: ni atiende a burocracias ni respeta fronteras. El derecho al agua en todas sus facetas, incluida también la lúdica, nos iguala y es imprescindible para cualquier escenario emancipatorio. Todo ser humano y toda sociedad deben tener acceso al agua sin contraprestaciones. 

El Plan de Acción para la Salvaguarda de los Recursos Hídricos europeo, último hito de los documentos marco sobre el agua, ha profundizado —retóricas al margen— en la dinámica de saqueo de este recurso natural: valuing water o valor monetario del agua, contabilidad hídrica, consumidores, stakeholders o partes interesadas... Se trata de una directiva que consagra el agua “como servicio” en vez de “como derecho”, y cuya violencia de clase es extrema. No en vano, en medio de la típicamente abstrusa semántica tecnócrata, llena de eufemismos y deliberadamente ambigua, establece que estados, propietarios y empresas son los interlocutores preferentes. El futuro, tal y como denunció la Iniciativa Ciudadana Europea —que demandaba otra política del agua—, es que el 1% disponga de agua mejor, más accesible y más barata, y que el 99% se tenga que conformar con agua de peor calidad, menos accesible y más cara.

Canal de Navarra: las aguas bajan revueltas

Santxikorrota

Derecho al agua

Canal de Navarra: las aguas bajan revueltas

Santxikorrota

El Canal de Navarra costará miles de millones de euros cuando se ejecute la segunda fase. ¿Cómo se justifica esta obra faraónica y qué consecuencias va a tener para los contribuyentes?

En el Estado español se produce una variante genuina de la devastación ecológica continental: regeneracionismo del siglo XXI en lo ideológico, exacerbación de las macrocefalias mediterránea y centralista en lo económico, desequilibrio de un modelo productivo basado en el binomio ladrillo/turismo, y una obra civil hipertrofiada vinculada a la logística y dependiente del norte europeo en lo geoestratégico. La complicidad de las entidades gestoras de las cuencas hidrográficas con la declinación peninsular del mando capitalista es total. Lejos de actuar como contrapeso, estos organismos —sumideros de redes clientelares y prácticas corruptas— colaboran en una metódica transferencia de propiedades, concesiones y derechos de abajo a arriba.

Nada escapa a la destrucción intensa y acelerada del patrimonio común hidrológico: las reservas de las aguas subterráneas son alteradas, contaminadas o directamente desaparecen, perforadas por las vías de alta capacidad ferroviaria o motorizada y del fracking; los cauces y dinámicas sistémicas de las aguas superficiales son modificadas por las regulaciones hidráulicas; los servicios urbanos de abastecimiento que proveen de agua de boca a la población han sido privatizados en un 52%; y amplias zonas de la frágil línea de costa son ya irreconocibles tras haber sucumbido a décadas de presión especulativa.

Hasta aquí nada nuevo. O sí, porque nunca antes la depredación capitalista provocó tal cantidad de consecuencias a escala geológica. Con la excepción de los residuos nucleares y los transgénicos —las dos tecnologías distópicas sin doble uso posible—, no hay antecedentes en las dimensiones de los pasivos ambientales que nuestra civilización está contrayendo... ni amortización espacio-temporal posible a escala humana.

Es preocupante la ausencia de una respuesta vigorosa y urgente frente a esta catástrofe en marcha. La propiedad y gestión de acuíferos, cauces fluviales y costas es ya un terreno de batalla de primer orden a escala global, con un desarrollo específico y agudo en el contexto euromediterráneo. La agenda crítica haría bien en abordar el debate de los bienes comunes desde una perspectiva ofensiva y, en el caso que nos ocupa, reclamar que ni un solo metro cúbico de H2O vaya a manos privadas, esté donde esté y sea cual sea su uso.